La Sindicatura de Greuges -el equivalente al Defensor del Pueblo en la administración catalana- considera perniciosas las sentencias que imponen la aplicación de un 25% de castellano en la educación en Cataluña. El relevo al frente de la institución, que desde el pasado 30 de junio lidera la jurista Esther Giménez-Salinas en sustitución de Rafael Ribó, no ha implicado cambios significativos en este ámbito.
De hecho, la sentencia del 25% en castellano ya ha sido sorteada por la Generalitat con una ley ad hoc, pero los padres agrupados en la Asamblea por la Educación Bilingüe (AEB) siguen intentando en los tribunales romper la inmersión exclusiva en catalán en muchos centros catalanes. No podrán contar para ello con la institución que preside Giménez-Salinas.
Contradicción con la Lomloe
Según el informe anual de la Sindicatura, «la aplicación de un 25% de castellano para una determinada materia, prevista por sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), entra en contradicción con el carácter global e integrador de los contenidos de la educación primaria» tras la reforma de la legislación educativa de 2020.
Considera además la Sindicatura que «el uso de las lenguas oficiales en la enseñanza se puede garantizar sin necesidad de aplicar una proporción mínima«. En su informe destaca que «la realidad heteroglósica de las aulas es contradictoria con la imposición rígida del monolingüismo» y recoge los argumentos de la Generalitat al señalar que esa proporción mínima de español «no se fundamenta en la realidad sociolingüística de los centros ni en criterios pedagógicos».
El informe señala que el 45,4% de los alumnos catalanes tienen el español como primera lengua, frente al 31,2% en catalán, pero apunta que el modelo lingüístico escolar «ayuda a reducir las desigualdades educativas de aprendizaje de las lenguas oficiales», porque el nivel de competencia en castellano del alumnado catalanohablante «es más elevado que el nivel de competencia en catalán del alumnado hablante de otras lenguas».
Catalán en la sanidad
Más allá de la situación en los colegios, el informe señala como actuaciones más relevantes en materia de cultura, universidades y lengua dos quejas por vulneraciones de derechos lingüísticos en el uso del catalán. El primer caso referido a la queja de una usuaria de un CAP porque el médico de urgencias le hizo una receta en castellano.
La síndica investigó el caso, constatando que el facultativo ya no trabajaba en el Centro de atención primaria sobre el que se presentó la queja, y que se había inscrito en un curso de catalán promovido por el Colegio de Médicos de Girona. La administración aclaró además que el profesional denunciado «proviene de un país de habla no catalana y entiende bien el catalán, no tiene ninguna otra reclamación y tiene una buena actitud personal y es proactivo con el catalán».
El caso se inscribe en la campaña de quejas contra los médicos no catalanes que no utilizan esta lengua en la sanidad catalana, que ha llevado al Govern a destacar entre las medidas de promoción del catalán los «cursos de acogida» para sanitarios procedentes de otros puntos de España y otros países.
«Hemos recibido otras quejas similares, lo que pone de manifiesto que sí que existe un desconocimiento del catalán entre el personal facultativo» se lamenta la Sindicatura en el informe. Fruto de estas polémicas, la Generalitat ha incorporado el requisito del nivel C1 de catalán en las oposiciones de acceso a la sanidad pública catalana, del que se quejaba la enfermera del Hospital Vall d’Hebron que ha sido expedientada por un vídeo en el que criticaba esta exigencia.
El informe anual de la Sindicatura de Greuges, fue presentado hace una semana en el Parlament y puede consultarse en la página web de la institución, de momento, solo en catalán.