La Fiscalía de Medio Ambiente no se opone a la celebración del Torneo del Toro de la Vega en Tordesillas (Valladolid) el próximo 13 de septiembre, descartando «indicios de la comisión de delito alguno» en el festejo.
El fiscal de Sala de Medio Ambiente, Antonio Vercher, ha remitido un oficio al Director General de Derechos de los Animales, dependiente del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, en el que considera que «no existen indicios de la comisión de delito alguno, sin perjuicio del análisis del concreto ajuste a la legalidad administrativa de la ORDEN MAV/946/2022, de 5 de julio, por la que se declara la conformidad de la adaptación de las bases del espectáculo taurino tradicional del Toro de la Vega, ajuste y control (así como la adopción de medidas cautelares) que, en su caso, correspondería dilucidar a la jurisdicción contencioso-administrativa y no al Ministerio Fiscal».
El Ministerio Público contesta así a la solicitud de paralizar la fiesta que hicieron tanto la secretaria de Estado para la Agenda 2030, Lilith Verstrynge, como el director general de Derechos de los Animales, Sergio García Torres.
Base legal autonómica
En el oficio mencionado, el fiscal responsable de Medio Ambiente archiva las diligencias preprocesales abiertas tras recibir el escrito del director general y traslada que la Fiscalía de Medio Ambiente ya se ha pronunciado en el mismo sentido en peticiones similares en los años 2007 y 2015. Explica que la cuestión esencial reside en que «existe una base legal autonómica que permite la situación presente y a la que se ha adaptado el modo de celebrar este tipo de festejos».
En el escrito del departamento gubernamental se denunciaba que «las nuevas Bases Reguladoras del Desarrollo del Inmemorial Torneo del Toro de la Vega establecen la posibilidad de colocar hasta 7 divisas en el toro, lo cual incumpliría el Reglamento de Espectáculos Taurinos Populares de la Comunidad de Castilla y León puesto que dicha norma, afirmaban, prohíbe expresamente herir, pinchar y golpear a los astados». Se consideró que «dichas divisas causan graves daños», basándose en un informe de la asociación de veterinarios AVATMA y, por lo tanto, veían indicios de maltrato animal.
En su oficio, la Fiscalía concluye que puesto que «se han seguido los trámites legalmente previstos en cuanto a la adaptación de las bases reguladoras y las mismas han sido declaradas conforme por la administración autonómica», no corresponde a la Fiscalía, que no ve indicios de delito, sino a la jurisdicción contencioso-administrativa, dilucidar la cuestión.