Un correo anónimo puso a los agentes del Servicio de Asuntos Internos (SAI) de la Guardia Civil tras la pista de 193 obras irregulares en 13 comandancias del Cuerpo por valor de 3,3 millones de euros. Ello consiguió que se imputase al teniente general Pedro Vázquez Jarava y al coronel Carlos Alonso Rodríguez.
El estallido del presunto caso de corrupción más grande en la Benemérita tras Luis Roldán ha llevado a la Guardia Civil ha tomar medidas que no queden «como una mera declaración de intenciones», ha dicho la flamante directora general, Mercedes González.
El Pleno del Consejo del Instituto Armado incluyó este lunes un punto para la «mejora de la Gobernanza» en la institución. Ha sido el primero al que acude González, que ya se tuvo que retrasar por su llegada a la calle de Guzmán el Bueno, la sede de la Guardia Civil.
Siete mandos imputados
Empujada por organizaciones representativas como la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), la anterior jefa de la Benemérita, se vio obligada a introducir este punto en el orden del día. Paradójicamente, un caso de corrupción que salpicaba a su marido forzó a María Gámez a dejar el cargo, que fue tomado por González.
En lo que llevamos de 2023, siete nombres de mandos de la Guardia Civil han sido imputados por diferentes motivos. Se trata del general de división ya retirado Francisco Espinosa Navas, que aparece como uno de los cabecillas del caso Medidador y los mencionados Ródriguez y Jarava, a los que acompaña un tercer jefe de Alicante en el caso Cuarteles. Los últimos en sumarse a la lista han sido el teniente coronel David Oliva, máximo responsable de la lucha contra el narcotráfico en el Estrecho, y dos tenientes de Asuntos Internos. El primero por pedir información y los otros por facilitársela.
En el seno de la Guardia Civil, aunque se reconoce que los hechos producen «vergüenza», consideran que lo que queda demostrado es que el SAI funciona independientemente de los galones que se vistan, y que se depuran los garbanzos negros del Cuerpo.
Medidas contra la corrupción
Entre las medidas anunciadas, la Guardia Civil pondrá en marcha un sistema interno para estar a la altura de lo que pide Europa en cuanto a protección de denunciantes de corrupción. Es lo que se conoce como la Directiva de Whistleblowers (el término en inglés por el que se conoce a quienes dan la señal de alarma)
En esta línea, se establece la obligación de crear un Sistema Interno de información, al cual se unirán los canales previos que ya existen en Guardia Civil, para reforzar la implementación de las medidas relativas al Código de Conducta.
«Asimismo, para poder llevar a cabo la supervisión de todos los proyectos en desarrollo, la centralización de la información relevante, y la emisión y difusión de los informes que se determinen, se ha considerado también la constitución de un Observatorio de Conducta Ética en el seno del Mando de Personal de la Guardia Civil que está previsto que comience su actividad en este segundo trimestre del año».
Para la AUGC, la asociación que impulsó el cambio en el orden del día, el plan de «actuaciones para mejora de la gobernanza en la Guardia Civil» tras los casos de corrupción aparecidos es en realidad se trata de dar continuidad al Código de Conducta», que está recurrido en los tribunales por la misma organización.