La Asociación Profesional de Funcionarios de Prisiones (APFP) ha alertado que algunos reclusos empiezan a utilizar una nueva técnica consistente en forzar una deformidad facial para lograr el traslado a un hospital «con algún fin ilícito» o para realizar «denuncias falsas» contras los trabajadores. El primer antecedente se remonta a 2010, cuando la emplearon tres jóvenes para evitar ser identificados en una rueda de reconocimiento por testigos en un juzgado.
Se trata de la artimaña que habría empleado el pasado 10 de noviembre un interno del centro penitenciario de Alhaurín de la Torre (Málaga I): el enfisema subcutáneo facial, consistente en la presencia de aire en los tejidos existentes bajo la piel. Es una complicación que aparece tras algunos procedimientos odontológicos o traumatismos, pero en dicho caso fue autoinducida.
Según el sindicato, al no conseguir ser derivado a un hospital, el preso inició un «motín» que fue secundado por una veintena de internos y que fue resuelto «por la gran profesionalidad» de los funcionarios del departamento y de los que se encontraban de servicio. «APFP reitera el peligro que puede suponer en muchos aspectos la utilización de esta técnica, incluso para el reconocimiento de cara a la identificación y esclarecimiento de un delito por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad», señala.
En este sentido, la organización ha enviado un escrito a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias del riesgo que supone que se pueda extender esta técnica a otras cárceles a fin de que se dicten las «instrucciones pertinentes» a los directores de los centros. «Es incuestionable que los internos continuamente piensan en todo tipo de artimañas para intentar burlar y/o generar situaciones conflictivas», añade.
El sindicato muestra su preocupación por la falta de seguridad que se vive en las prisiones, con continuas agresiones a los funcionarios. «Asistimos perplejos al olvido de este servicio público esencial y cómo con las últimas instrucciones nos han dejado completamente vendidos de cara a los internos», denuncian.
El colectivo viene reclamando sin éxito al Ministerio del Interior que les dote de un estatuto propio, que les faciliten medios coercitivos como las pistolas eléctricas ‘Taser’, un incremento de plantilla para que se ajuste a las «necesidades reales» y así evitar agresiones, y un incremento retributivo para equiparar sus nóminas a la de los funcionarios de prisiones de Cataluña. Esta comunidad, junto con el País Vasco, tiene las competencias transferidas.