La reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida popularmente como ‘ley mordaza’, sigue su avance gracias a los acuerdos entre los partidos de Gobierno y sus socios habituales: EH Bildu, ERC y Junts per Catalunya. Este miércoles certificaron en la ponencia del Congreso de los Diputados despenalizar la grabación y difusión de los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, entre otras cuestiones. Los policías barajan preparar un año de movilizaciones ante lo que consideran trabas a la hora de realizar su trabajo.
Aunque todavía no hay fechas concretas y las conversaciones son embrionarias, la realidad es que los Sindicatos de Policía y las Asociaciones de Guardia Civil, junto a los representantes de policías autonómicas y locales, tienen en mente la gran manifestación del pasado 27 de noviembre. Entonces en Madrid se unieron 150.000 agentes y familiares -20.000 según la Delegación del Gobierno- para protestar por los acuerdos alcanzados por el Gobierno y sus socios.
La derogación de la ‘ley mordaza’ es una promesa electoral de Unidas Podemos, la otra pata del Gobierno. Lo consideran una máxima para sus votantes, en especial suprimir las sanciones por concentrarse alrededor de sedes gubernamentales como el Congreso o por celebrar manifestaciones sin previo aviso. Estas dos cuestiones, junto con la despenalización de grabar imágenes de los agentes y su posterior difusión (exceptuendo algunos casos), fue aprobado el pasado miércoles en la ponencia del Congreso sobre la Ley.
«Es como si les hubieran dado una hoja en blanco a los antisistemas y a los violentos para que legislasen», resume el portavoz de Jucil, asociación mayoritaria en la Guardia Civil, Agustín Leal en conversación con este periódico. «Lo que ha conseguido este Gobierno es unirnos a todos» los diferentes agentes, señala.
La seguridad ciudadana es una de las áreas más sensibles de la seguridad de los ciudadanos. De ella depende gran parte de los delitos que se cometen en el día a día como hurtos, robos, agresiones, homicidios y delincuencia común. «Lo que quieren hacer es un despropósito y una barbaridad porque no han contado con nosotros. Es una cosa que debería estar fuera de cualquier pacto político, gobierne quien gobierne», añade Leal.
El portavoz de Jucial incide en el caso de las grabaciones a agentes, uno de los últimos puntos aprovados: «Hay compañeros en el Campo de Gibraltar a los que los narcos han llamado y amenazado, los tenían localizados. Han tenido que cambiar de puesto, de ciudad, de colegio para sus hijos… Al final esto termina repercutiendo en el trabajo de los agentes», termina.
La Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) considera que las enmiendas aprobadas «son un riesgo para la seguridad pública, donde se dificultara el trabajo de la Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, y también se pondrá en riesgo a los ciudadanos».
«¿Qué va a ocurrir con el tratamiento de esa toma de imágenes o grabaciones en el caso de que llegaran a difundirse? Puede ocasionar un gravísimo perjuicio sobre el honor, dignidad y seguridad no sólo de los agentes sino también de sus familiares», señala el portavoz de la asociación, Pedro Carmona.
En la misma línea que Leal, Carmona se muestra especialmente preocupado por aquellas «zonas de España en las que se vive mayor conflictividad, y policías y guardias civiles son objetivo de los violentos. Además, llegan en un momento en que las agresiones a los agentes de la autoridad están aumentando incluso cuando los compañeros se encuentran fuera de servicio».
Los sindicatos representativos de la Policía Nacional también son muy críticos con los pactos para derogar la ‘ley mordaza’. Desde el Sindicato Unificado de Policía (SUP) se muestran «perplejos» por el hecho de que la Secretaría de Estado de Seguridad no se hayan puesto en contacto con ellos ni haya habido ningún tipo de «comunicación oficial».
«La reforma de la Ley ni es necesaria, ni la demanda la sociedad, ni tan siquiera mejora las condiciones de trabajo de la Policía, más bien al contrario. Para el desarrollo de la reforma no se contó con asesoramiento policial y queda patente en el modo en que se podría perjudicar la labor de miles de compañeros», explica uno de sus portavoces.
«Además incluye despropósitos, más allá del tema de la toma de imágenes, como la retirada de la presunción de veracidad a los atestados policiales y otra serie de cambios que más bien parecen encaminados a restar seguridad a la ciudadanía en lugar de mejorarla».
Y avisan: «De confirmarse este intento de derogación, desde el SUP convocaremos con carácter urgente a la plataforma No a la España insegura y podremos en marcha medidas tan inmediatas como contundentes».
Para el secretario general de Jupol, el mayoritario en el Cuerpo, Aarón Rivero, «es inconcebible que se pretenda modificar una ley con la que se busca garantizar la seguridad de todos los ciudadanos sin tener en cuenta a los miembros de los cuerpos policiales», afirma.
El «descontento» con el Gobierno, «y en especial con el ministro del Interior», Fernando Grande Marlaska, es mayoritario en la Policía porque «nos vuelve a dejar a los pies de los caballos y pretende llevar a cabo una reforma que supone un ataque frontal» a los agentes.
Además, critican el «doble rasero» de un Gobierno que, al mismo tiempo que pretende reformar la ley, en parte para facilitar las manifestaciones espontáneas, «se sirve de la misma para evitar las protestas ciudadanas y de diferentes organizaciones contra su gestión».