«La reforma del delito de sedición sólo beneficia a 9 personas» denuncian desde los entornos de Junts y la CUP, también la ANC, para descalificar la reforma legislativa pactada por ERC con los socialistas. Se refieren a los nueve condenados por el Tribunal Supremo en el juicio del procés.
Indultados parcialmente por el Gobierno de Pedro Sánchez, todos ellos abandonaron la prisión en verano de 2021, pero siguen inhabilitados, e imposibilitados por tanto, de concurrir a cualquier convocatoria electoral como candidatos. Se trata de dirigentes que siguen en primera línea política, como Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva o Josep Rull.
Pero más allá de los condenados por el Supremo, la reforma de sedición solo tendría incidencia directa en las causas abiertas contra los ex consejeros fugados Clara Ponsatí y Toni Comin, que afrontan acusaciones por sedición y malversación.
No es el caso del ex president, Carles Puigdemont, y la secretaria general de ERC, Marta Rovira, que siguen afrontando acusaciones de rebelión, como destacan repetidamente tanto desde ERC como desde Junts. «Los exiliados no podrán volver y los represaliados seguirán sufriendo. No es un triunfo, es un timo» apuntan desde el entorno de Junts.
Aunque desde los partidos negociadores se apunta que tras la condena del Supremo, que desestimó la rebelión para imponer penas de cárcel por malversación y sedición, es muy probable que en caso de regreso a España la Fiscalía rebajara su acusación.
La otra «desjudicialización»
Pero la «desjudicialización» reclama por Esquerra va más allá de la reforma de la sedición, como no dejan de repetir las principales voces del partido. Y la opción más viable, y menos llamativa, para que esa «desjudicialización» llegue a los cargos todavía pendientes de juicio es que la Fiscalía retire las acusaciones de malversación, especialmente en las causas instruidas por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) y el juzgado 13 de Barcelona.
Un ejemplo es la actuación del ministerio público en el caso de la ex consejera fugada Meritxell Serret, que ahora ha vuelto al Govern para ocupar la consejería de Exterior. La Fiscalía le pide una multa de 12.000 euros y un año de inhabilitación por un delito de desobediencia, tras haberse entregado al Tribunal Supremo hace un año. Es un castigo inferior al impuesto a Santi Vila, Carles Bundó y Meritxell Borràs por el mismo delito durante el juicio del procés.
La segunda línea de ERC, ante el TSJC
El juicio en principio más inminente es que debe celebrarse en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña a consejera de Cultura, Natalia Garriga, y los diputados y miembros de la dirección de ERC Josep Maria Jové y Lluís Salvadó. Los dos últimos, ex altos cargos de Economía con Oriol Junqueras, se enfrentan a acusaciones de desobediencia, prevaricación, malversación de fondos y revelación de secretos.
En ambos casos, sin embargo, confían en que el escrito de acusación de la Fiscalía, que se espera para finales de año, deje atrás la acusación de malversación, la que supone penas de cárcel más altas, por la que ya fueron condenados sus superiores. Garriga solo será juzgada por desobediencia, aunque una condena de inhabilitación por este delito sería suficiente para que diga adiós al Govern.
Audiencia de Barcelona
La reforma de la sedición no supondrá ningún cambio tampoco para la treintena de ex altos cargos de la Generalitat y entidades afines investigados por el juzgado 13 de Barcelona. Todos ellos están pendientes del juicio que tendrá lugar en la sección 21 de la Audiencia de Barcelona por delitos que en algunos casos pueden implicar penas de prisión.
En esa causa están imputados por un delito de desobediencia la ex cúpula de la CCMA Núria Llorach, Vicent Sanchis y Saül Gordillo. También hasta 16 ex altos cargos de la Generalitat como Antoni Molons, ex secretario de Difusión, Joaquim Nin, ex secretario general de Presidencia o Amadeu Altafaj, ex delegado ante la UE, por delitos de malversación, prevaricación y falsedad documental.
La Audiencia de Barcelona debe resolver además si el 13 tiene que asumir la investigaciónde la magistrada del 18 de Barcelona, sobre la promoción internacional del 1-O. Lo han solicitado el ex secretario de Acción Exterior, Aleix Villatoro y Albert Royo, ex secretario general del Diplocat, imputados en los dos procesos penales.