Los representantes del bloque conservador del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y los del bloque progresista mantendrán este miércoles una segunda reunión con pocos visos de que tras ésta propongan al presidente del órgano, Carlos Lesmes, el nombramiento de los dos magistrados del Tribunal Constitucional (TC) a los que les obliga la recién reformada -a iniciativa del PSOE- ley del Poder Judicial.
El proceso para elegir candidatos del Alto Tribunal ha aflorado el enfrentamiento entre ambos bandos que ya no se oculta. Los conservadores se oponen a nombrar miembros del Constitucional gracias a una ley impulsada por el partido del Gobierno mientras el CGPJ no puede nombrar a los magistrados del Tribunal Supremo (al borde del colapso por la imposibilidad de cubrir jubilaciones) que le tocaría precisamente porque también PSOE y Podemos reformaron la misma ley para impedir que el Consejo de jueces siga nombrando a miembros de la cúpula judicial mientras esté en funciones. Los miembros de dicho bloque -en consonancia con las críticas del principal partido de la oposición, el Partido Popular- critican la «maniobra» o «cacicada legal» del Gobierno para asegurarse cuanto antes un Constitucional progresista y aseguran no querer colaborar en ésta con su designación.
Pero, en lugar de negarse abiertamente a elegir magistrados del TC, utilizan su mayoría en el órgano para impedir que la negociación avance con dilaciones de distinto tipo, como les reprochan los progresistas (en consonancia con las críticas del PSOE). Primero afirmaron que era necesario establecer las reglas del proceso de elección antes de proponer candidatos, con lo que lograron no cumplir con la fecha máxima del 13 de septiembre para cumplir con la ley. Ahora afirman que no hay magistrados en el Supremo de sensibilidad conservadora con la trayectoria y el peso necesario que quieran ir al Tribunal Constitucional en el contexto de una reforma como la mencionada. También que varios jueces destacados -Antonio del Moral, Pablo Llarena, Manuel Marchena e Ignacio Sancho- se han descartado antes de proponerles, por lo que no tienen posibilidad de presentar a un candidato para que el bloque progresista haga lo propio con el suyo.
Los progresistas niegan la mayor. Aseguran que hasta nueve magistrados del Supremo, tanto de corte conservador como progresista, se han ofrecido tanto al presidente Lesmes como a ellos. Así lo manifestaron en un comunicado público remitido a la prensa con claros reproches a sus compañeros de Pleno. Un cruce de informes de situación parciales que si hasta ahora se hacían a la prensa en off, pidiendo no ser mencionados, ahora se dejan por escrito, con nombres y apellidos. A pocos meses de que se inicie un año marcadamente electoral, los vocales se posicionan claramente en un bando u otro.
Amonestación a una vocal progresista
La tensión que se vive en el órgano de gobierno de los jueces tras cuatro años de desgaste por el bloqueo provocado por PSOE y PP, que se niegan a renovar, y las dos reformas de la Ley del Poder Judicial ya hace mella en la relación personal entre los vocales, según acaban reconociendo algunos de ellos. Este lunes, un grupo de vocales del bloque conservador emitió un comunicado para afear a la vocal propuesta por el PSOE Pilar Sepúlveda que apoyara -junto con otras 4.000 personalidades de distintos ámbitos y sensibilidades políticas- el indulto al expresidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, condenado a seis años de prisión por malversación en la sentencia de los ERE del Tribunal Supremo.
Consideraron que su posicionamiento compromete «la imagen de necesaria neutralidad» del CGPJ y «podría entenderse como una intromisión en las competencias de la Sala Segunda del Tribunal Supremo que ha de emitir un preceptivo informe y, en su caso, de la Sala Tercera del Alto Tribunal llamada a una hipotética revisión del indulto». El comunicado no sentó nada bien entre los progresistas.
Atrás quedaron las mayorías y los reproches a los partidos
Los dos bloques del CGPJ están muy delimitados y en las antípodas en este momento, con un presidente del órgano que sí parece querer nombrar magistrados, según sus declaraciones públicas, aunque ha aceptado los tiempos y las condiciones que va marcando la mayoría conservadora del órgano.
Un día antes de la apertura del curso judicial, afirmó ante los medios que «es nuestro deber», en referencia al Pleno del CGPJ, nombrar a los magistrados del TC y «me opongo a que esta institución se declare en rebeldía con la Constitución», afirmó. También negó que los magistrados del Tribunal Supremo se hubieran plantado ante la maniobra del partido del Gobierno y se negaran a ir al Tribunal Constitucional. «Hay magistrados de sobra que quieren ir al Constitucional», dijo. Un día después, en los corrillos posteriores a la solemne apertura del curso judicial y tras ser criticado por los vocales conservadores, se mostró dispuesto a dimitir si PSOE y PP no renuevan el Consejo y aceptó las condiciones de dicho bloque para que la propuesta de candidatos no se hiciera hasta que se acordaran los términos del proceso, aunque se superara la fecha prevista en la ley.
Durante su discurso ante el Rey, instó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y al líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, allí presente, a reunirse con urgencia para poner «solución definitiva a esta situación insostenible que acabo de describir, de manera que el CGPJ sea renovado en las próximas semanas o, de no serlo, sea restituido en la plenitud de sus competencias, otorgando a esta petición la relevancia constitucional y democrática que realmente tiene y dejando de lado todo interés de partido». Precisamente los vocales conservadores consideran que el Gobierno debería reformar nuevamente la ley (mientras llega a un acuerdo de renovación) para devolver al CGPJ la función de nombrar al resto de miembros de la cúpula judicial y no sólo a los del TC.
Hace dos años, cuando el Consejo de jueces llevaba otros dos bloqueado, los dos bloques acabaron uniéndose en distintas ocasiones para reivindicar su papel, así como la deseada separación de poderes y el respeto a la Constitución. En octubre de 2020, con 13 votos a favor, el Pleno del CGPJ expresó su «preocupación» para que cualquier reforma de la Ley del Poder Judicial se haga conforme a la Constitución y expresó que «se mantendrá atento» y «expresará su opinión fundada en caso de que entienda que cualquier iniciativa que se retome o plantee para reforma de la LOPJ es contraria a los valores de la Unión Europea». Fue el aviso del grupo de vocales que apoyaron dicha manifestación de que estarían pendientes a cualquier reforma de la ley después de que Sánchez se viera obligado a retirar la que presentó con Podemos para rebajar la mayoría exigida en las Cortes para elegir a los vocales del órgano por las duras críticas a ésta desde los sectores político y judicial.
Antes de que el PSOE presentara su segunda reforma, que sí entró en vigor, para limitar la función de nombrar del CGPJ mientras durase su bloqueo, los últimos nombramientos del Pleno salieron adelante con una amplísima mayoría (hasta 19 de 21 votos). Aquella ruptura de los tradicionales bloques se entendió como una reacción contra la decisión del Legislativo de retirar una de sus funciones clave al CGPJ. El Pleno, con 16 votos a favor, también decidió pedir al Congreso que recabara su opinión en un informe sobre la proposición de ley en la que se contemplaba dicho recorte de funciones. También instaron a la Cámara Baja a recabar la opinión de la Comisión de Venecia y a oír a las asociaciones de jueces y fiscales y demás entidades representativas e instituciones públicas del ámbito de la justicia antes de impulsar la reforma, así comunicar a la Red Europea de Consejos de Justicia sus decisiones.