El Congreso avanza en la aprobación ultrarrápida y sin apenas debate de la rebaja de la malversación. Los partidos que sustentan al Gobierno, PSOE y Unidas Podemos, aprobaron con ERC la enmienda transaccional ofertada por los socialistas, que crea un nuevo tipo de malversación, aplicable —cree el Ejecutivo, pero no los republicanos— a los dirigentes del procés, y que penaliza el desvío presupuestario irregular en una administración, castigado con prisión de uno a cuatro años (dos menos que ahora) e inhabilitación de dos a seis.
Esta semana se consumará, en cuatro días, la aprobación por la Cámara baja de una sustantiva modificación del Código Penal. Este lunes el texto pasó el trámite de la ponencia, a puerta cerrada; mañana martes superará el filtro de la Comisión de Justicia, con luz y taquígrafos, y el jueves saldrá del pleno camino del Senado. Pero ya el salto dado ya este 12 de diciembre es elocuente por sí mismo, porque supone que PSOE y ERC encauzan la reforma y blindan el texto, que incorpora la transaccional conocida ayer domingo, sin cambios. Unidas Podemos se desmarcaba horas antes de la ponencia, advirtiendo a sus socios de que no firmaba esa enmienda por las «dudas» que le suscitaba por la interpretación que hagan los jueces de la nueva tipificación. Por la tarde, los morados apoyaron la transaccional socialista aceptada por ERC, según confirmaron fuentes del grupo parlamentario confederal. Es decir, UP no firmó el texto ofertado a los independentistas, pero sí lo respaldó horas después.
Con la redacción aprobada este lunes en ponencia, y que esta semana confirmarán en consecuencia la comisión y el pleno del Congreso, se establecen tres tipos de conductas castigadas por el delito de malversación. Uno, la apropiación o intento de apropiación de patrimonio público, con ánimo de lucro, para el enriquecimiento personal o de terceros, que integra la conducta más grave y contiene varios agravantes. Dos, el uso temporal de patrimonio público para uso privado. Y tres, dar al patrimonio público una aplicación distinta a aquella a la que estaba destinado. Este último es el tipo delictivo nuevo ofrecido por el PSOE y aceptado por ERC.
El primero de los supuestos recoge la enmienda íntegra de los republicanos. Es el que aborda la malversación con ánimo de lucro, y contiene las mismas penas que las que impulsó el PP en su reforma del Código Penal de 2015. La diferencia es que el Gobierno de Mariano Rajoy impuso, gracias a su mayoría absoluta, un artículo 432 que aplicaba los mismos castigos para la apropiación indebida de fondos públicos y el mal uso del dinero público. A partir de ahora, el 432 se consagra a la malversación con lucro, penalizada con dos a seis años de prisión e inhabilitación especial para cargo o empleo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por seis a 10 años.
En el tipo agravado (cuando hay daño o entorpecimiento grave al servicio público, o bien el valor de lo malversado excede los 50.000 euros, o bien si se trata de piezas de valor artístico, histórico, cultural o científico, o si son fondos destinados a aliviar alguna calamidad pública), puede haber prisión de cuatro a ocho años e inhabilitación absoluta por 10 a 20 años. Si el perjuicio causado o el patrimonio público apropiado supera los 250.000 euros, el castigo podría ser de hasta 12 años de cárcel.
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