Ya pocas dudas caben. Pedro Sánchez abre la puerta definitivamente, y de par en par, a una reforma quirúrgica del delito de malversación, tal y como quería ERC. Será una modificación limitada, acotada, en la que sí garantiza que no habrá «retrocesos» en la lucha contra la corrupción y que no será, explican en el Gobierno, un «coladero» para otros casos. Servirá para cerrar el círculo del procés, convencido como está el presidente de que la distensión en Cataluña será un «activo» del PSOE y del Ejecutivo en las contiendas electorales del próximo año.
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