La revisión del precio de los contratos sigue siendo necesaria pese a que la subida de precios de los materiales empieza a moderarse. Pero el mecanismo excepcional de revisión de precios aprobado por el Gobierno caduca en marzo. Y la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras (Seopan) alerta de un posible alto porcentaje de licitaciones de obra pública que quedarán desiertas si el Ejecutivo no lo prorroga.
La organización empresarial que aglutina a las grandes cotizadas da por hecho que si a estas alturas el Gobierno no ha movido ficha, probablemente ya no lo hará. Aunque ministerios de carácter inversor como Transportes o Transición Ecológica parecen estar concienciados de la importancia de introducir este tipo de mecanismo, ni Economía ni Hacienda (Nadia Calviño y María Jesús Montero) parecen estar por la labor de extender la vigencia del Real Decreto.
Así lo ha puesto de manifiesto este lunes el presidente de Seopan, Julián Núñez. Especialmente problemática puede volverse la situación en los concursos de obra de comunidades autónomas y entidades locales, que no incorporan fórmulas de revisión de precios.
Núñez ha pronosticado que la inflación seguirá siendo elevada durante todo 2023 para el sector. Según ha expuesto, tanto los precios de los materiales como de la energía están aún en niveles muy por encima de lo que registraban en 2020.
El acero, el cobre y el aluminio están reduciendo sus precios entre un 6% y un 12%, pero siguen un 51%, 38% y 33% por encima, respectivamente, al nivel de 2020. El gas y la electricidad también bajan un 12% y 62%, pero continúan un 556% y 121% más caros que en ese año 2020. Precisamente, entre los cambios que reclaman de cara una eventual revisión, estaría el incluir la variable energética en la revisión del precio de los contratos.
Fondos europeos
Por otro lado, desde Seopan creen necesario que se prorrogue, al menos un año, el plazo para presentar los proyectos financiados con los fondos europeos de recuperación. También debería extenderse, a su juicio, el plazo para la ejecución de eso fondos más allá de 2026.
La patronal llama la atención sobre el bajo porcentaje de estas ayudas destinadas específicamente a infraestructuras (sólo el 6,7% de los 173.525 millones -11.619 millones-) y cree que se deberían haber puesto sobre la mesa del orden de 15.000 millones más, con especial énfasis en la alta velocidad, el transporte público y las obras hidráulicas. En este sentido, ha puesto como ejemplo el caso de Italia.
En cuanto a las previsiones de actividad para 2023, Seopan prevé que la actividad de construcción se eleve un 4%, con especial impulso de la obra civil (12 %) y la edificación no residencial (5,6%). Por su parte, la obra residencial de obra nueva se estancará (0,3%) por la actual coyuntura marcada por la subida de las hipotecas y la incertidumbre económica.