«La competencia ha reducido los precios y ha provocado que la alta velocidad pierda su carácter elitista, acrecentando la rentabilidad social de las inversiones y asegurando el derecho a la movilidad de todos los ciudadanos». Es la defensa cerrada del proceso de liberalización ferroviaria que hacía este lunes la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, tras el viaje inaugural de la compañía Iryo entre Madrid y Valencia.
Se trata del primer operador privado español que arrancará en unos días sus operaciones entre Madrid y Barcelona o Valencia para competir con la pública Renfe y con Ouigo, el operador de bajo coste filial de la pública francesa SNCF.
En los corredores hacia Barcelona, Levante y el sur, la entrada de competidores de Renfe motivará un alza a corto plazo del 30% en la demanda frente a 2019. Pero al margen de esos ejes, la titular de Transportes se aventuró a asegurar que la competencia entrará «pronto» en otros ejes como el Madrid–Galicia, el Corredor del Mediterráneo o el de Madrid-León-Asturias. Desde Iryo calculan que podrían entrar en el primero en 2026 tras inversiones para adaptar sus trenes a la vía, que no es de ancho internacional sino de ancho ibérico dentro de la región.
Pero la apertura a la competencia de esos corredores enfrenta retos como la rentabilidad de las operaciones y la necesidad de adaptar el material rodante a las peculiaridades de la infraestructura que existe en cada una. Ouigo no parece estar interesado en los corredores del norte y centra su potencial en los de Barcelona, Levante y Sevilla.
La alta velocidad a Asturias, por su parte, está cada vez más cerca de ser una realidad completa. A finales de mayo de 2023 podría comenzar las operación comercial una vez finalicen las correspondientes pruebas y homologaciones.
La liberalización «exige reciprocidad»
Sánchez también quiso aprovechar la ocasión para lanzar un dardo a otros socios europeos como Francia, donde compañías como Renfe están encontrando trabas para operar.
«Este proceso exige reciprocidad. La competencia que aquí favorecemos debe ser moneda de uso corriente en toda la Unión. Solo puedo calificar de injustificables los obstáculos a la liberalización ferroviaria que estamos observando en determinados países», señala un comunicado remitido por el Ministerio, exigiendo que el resto de los países de la Unión Europa faciliten la entrada a terceros operadores para que liberalización sea «un éxito global».
Desde el Gobierno -prosiguió Sánchez en la estación de Joaquín Sorolla– «sentimos orgullo de haber establecido condiciones transparentes y no discriminatorias para todos los agentes interesados en la liberalización, sin trato de favor».
Según la titular de Transportes, la competencia ha reducido los precios y ha provocado que la alta velocidad «pierda su carácter elitista, acrecentando la rentabilidad social de las inversiones y asegurando el derecho a la movilidad de todos los ciudadanos». Según los cálculos de su departamento, la liberalización supondrá un incremento de en torno al 55% de la oferta de alta velocidad en los corredores Madrid-Barcelona, Madrid-Levante y Madrid-Sur.
La ministra también recordó que la red de alta velocidad en España «conecta al 70% de la población española» y superará los 4.000 kilómetros antes de que acabe el año, con la puesta en servicio hasta Murcia.