“Vivimos en un régimen policial”

Una definición tabú para algunos políticos españoles, una evidencia pública para otros. La naturaleza autocrática del régimen que controla con mano de hierro Marruecos lleva semanas en el debate público en España. Fue Yolanda Díaz, una de las vicepresidentas del Gobierno, quien la verbalizó primero al calificar de dictadura al país vecino. Sus declaraciones concitaron el apoyo de algunos de sus correligionarios pero también el rechazo del ala socialista del Ejecutivo, volcada en su estrategia de ser el principal valedor de Rabat en suelo europeo.

En Moncloa la consigna sigue siendo evitar cualquier declaración que incomode en el otro lado del Estrecho y el carácter autoritario de la monarquía alauí es junto al conflicto del Sáhara Occidental uno de esos asuntos que pueden dañar las siempre complicadas e inestables relaciones con Rabat. Consciente del hecho, el ministro de Asuntos Exteriores José Manuel Albares, arquitecto de la hoja de ruta con el vecino, redujo la etiqueta empleada por Díaz a “declaraciones a título individual”. Subrayó, además, que “la colaboración y cooperación” además del “respeto mutuo y la responsabilidad” deben primar en los lazos con el Estado marroquí. El PP también ha tratado de esquivar la polémica. Alberto Garzón, por su parte, secundó a Díaz. “Evidentemente me siento muy identificado con todos los aspectos que dijo y ese es uno de ellos”.

¿Qué es Marruecos? La frontera entre democracia y dictadura y la búsqueda de una clasificación que estableciera claramente los bloques ha sido durante años objetivo de las ciencias políticas. Durante más de una década el índice Democracia-Dictadura, desarrollado por un grupo de académicos estadounidenses, sirvió de base. El criterio para establecer a un país a uno u otro lado resultaba simple: la democracia es el único sistema en el que sus ciudadanos pueden deshacerse de sus gobiernos sin derramamiento de sangre. En la última revisión del índice, fechada en 2008, Marruecos era considerada una dictadura monárquica, que junto a la civil y militar constituían las tres tipologías de autocracia.

En el país vecino la definición de dictadura es respondida a menudo desde sus sus tentáculos mediáticos como el ejemplo del “complejo anti moro” que, según Rabat, aún late en la sociedad española o con una mirada altiva propia de tiempos coloniales. Sin embargo, los acontecimientos de los últimos años y los informes de diferentes organizaciones internacionales independientes certifican la ausencia de un Estado de derecho en la otra orilla del mediterráneo.

Libertad de expresión

Uno de los termómetros para dirimir si un país se halla instalado en la autocracia es la libertad de expresión y el pluralismo mediático. En el índice anual de libertad de prensa publicado esta semana, Reporteros sin Fronteras sitúa a Marruecos como farolillo rojo de la región con un empeoramiento de la situación interna en comparación con el año anterior. Ocupa el puesto 144 de los 180 países incluidos en el listado. Argelia se halla en el número 136 y Túnez en el 121. Mauritania está en el puesto 86. “En Marruecos los periodistas Omar Radi y Souleiman Raissouni siguen detenidos arbitrariamente, y no cesa el acoso judicial a otros periodistas sin pelos en la lengua”, subraya el informe. Hasta 14 profesionales de la comunicación se encuentran confinados en prisiones del país.

La metodología del índice consiste en evaluar cada país a partir de cinco indicadores: contexto político, marco legal, situación económica, seguridad y entorno sociocultural. En el caso de Marruecos, la organización denuncia que las autoridades basan su estrategia en la presión a los medios de comunicación “para que hagan lo que se les ordena” y en el acoso constante de los pocos periodistas independientes que resisten la atmósfera de intimidación. En una estrategia similar a la de otros países de la región, el régimen alauí exhibió su descontento a través de la asociación nacional de medios y editores, un organismo progubernamental que acusó a Reporteros de emitir “calumnias” y “falacias” y recomendó rebautizar al grupo con sede en París como “manipuladores sin fronteras”.

Una situación que también detecta Freedom House, un think tank estadounidense que elabora anualmente un informe sobre el estado de la democracia en el mundo. Aunque etiqueta a Marruecos como “parcialmente libre” y subraya las reformas legislativas acometidas en 2011, recalca que “el rey Mohamed VI mantiene su dominio a través de una combinación de importantes poderes formales y líneas de influencia informales en el Estado y la sociedad”.

Mohamed VI mantiene su dominio a través de una combinación de importantes poderes formales y líneas de influencia informales

“Muchas libertades civiles están limitadas en la práctica”, advierte. La organización lamenta que las esperanzas de democratización que simbolizó la Primavera Árabe hace más de una década para el norte de África y Oriente Próximo “hayan acabado en el desencanto”. Cita expresamente como “los monarcas de Jordania y Marruecos aprobaron reformas constitucionales modestas o ilusorias en un intento de desactivar el descontento popular con sus reinados”.

El Democracy Index que publica anualmente el grupo editor del semanario británico The Economist sitúa a Rabat entre los regímenes híbridos aunque destaca el norte de África como una de las regiones donde más retrocesos en términos de libertad se ha producido durante los últimos doce meses. La monarquía alauí ha recurrido al uso de herramientas de espionaje como Pegasus para no solo escudriñar en los teléfonos móviles de mandatarios extranjeros -desde Argelia hasta España o Francia- sino también perseguir a sus propios ciudadanos. A juicio de Aboubakr Jamai, director del programa de relaciones internacionales de la Universidad Americana de Aix-en-Provence, el uso de la intimidad y la difamación a través de los medios afines afecta a la oposición al régimen y también a sus partidarios, “donde reina el miedo”.

A Maati Monjib, académico y periodista marroquí, no le cabe duda alguna sobre la verdadera naturaleza del régimen marroquí. No titubea ni guarda silencio, como sucede entre la élite política española. “El régimen marroquí es una autocracia con algunos rasgos falsos de monarquía constitucional pluralista”, replica Monjib en conversación con El Independiente. “También es un régimen en permanente cambio, pero la característica principal es que no se trata de un gobierno basado en elecciones”, agrega a modo de confirmación.

Sin legitimidad electoral

“Todos los hombres fuertes del régimen que forman la élite de la toma de decisiones, tanto a nivel central como en las regiones, carecen de legitimidad electoral”, advierte Monjib, que con su expulsión de la universidad, su procesamiento judicial o su prohibición de abandonar el país paga el precio de disentir en público. “Desde las elecciones legislativas de octubre de 2016, el poder marroquí se parece cada vez más a un régimen policial. Los principales actores de las instituciones del país están en un grado u otro bajo la influencia de funcionarios de seguridad o colaboradores del aparato de inteligencia”.

A imagen de otros países vecinos, la judicatura es un brazo ejecutor de la represión dictada por los máximos responsables de Interior y el majzen -el círculo del rey-, que fabrica cargos contra los disidentes para tratar de acallar cualquier desafío al status quo. Especialmente recurrentes son los supuestos delitos sexuales que han caído sobre los opositores como la última señal de una perfeccionada estrategia para sofocar las críticas.

Intelectuales y reporteros encarcelados tienen prohibido escribir y leer

Esta semana Amnistía Internacional acusó a las autoridades carcelarias del país, dirigidas por un ex preso político seducido por el régimen, de haber negado repetidamente a cuatro periodistas y un académico su derecho a leer y escribir en la prisión en violación de las reglas mínimas de la ONU para el tratamiento de los reclusos -las bautizadas como reglas Nelson Mandela-.

Se les impide acceder a la biblioteca e informarse a través de periódicos y radio. Ni siquiera pueden escribir cartas o textos. Entre las víctimas de estas draconianas medidas, figura Mohamed Ziane, ex ministro de Derechos Humanos del país. Fuentes de su entorno lamentan, además, que esta semana la prisión impidiera al abogado de 80 años reunirse con su equipo de abogados.

El resto de instituciones, desde la diplomacia hasta los medios de comunicación y las organizaciones de sociedad civil, son dirigidas desde las altas esferas. “Para ocultar la naturaleza misma del régimen, Marruecos cuenta con un enorme presupuesto dedicado a organizaciones de relaciones públicas que compran a muchas personalidades extranjeras, parlamentarios, periodistas y, en ocasiones, medios de comunicación extranjeros o marroquíes fuera de Marruecos”, denuncia Monjib.

Oposición en las calles

Con todos los espacios políticos cerrados a la oposición, el único territorio disponible -aunque no exento de riesgos- es la calle y los sindicatos. A principios de abril una coalición de activistas y organizaciones sindicales e izquierdistas celebró manifestaciones en las principales ciudades del país en protesta por el desorbitado aumento de los precios de los alimentos, que unido a la sequía pone en jaque la recuperación económica diseñada en los despachos de un reino inmerso en una lucha interna por el poder.

Para ocultar la naturaleza misma del régimen, Marruecos cuenta con un enorme presupuesto dedicado a organizaciones de relaciones públicas

“Existe una oposición que trabaja contra la autocracia y su policía política”, admite Monjib. “Pero está sufriendo hasta tres tipos de presiones: difamación por parte de los medios de comunicación oficiales y ‘privados’; represión por parte de la policía y el poder judicial;  presiones económicas, como procedimientos fiscales por motivos políticos, despido de sus puestos de trabajo, cierre de pequeñas empresas familiares como tiendas, cafés o escuelas privadas”, concluye uno de los alcanzados por este sucesión de represalias que devuelven al país a los años más oscuros del siglo pasado.

De la dictadura medieval a la defensa a ultranza del reino

Han pasado 20 años pero, por la magnitud del giro, podrían contarse en siglos. La conversión de los dirigentes actuales y pasados del PSOE ha sido radical. En 2001 José Bono declaró que Marruecos no era “una democracia ni puede tener el nivel ni la consideración de un país amigo porque es una dictadura encubierta por un poder personal de una monarquía que debería estar en un museo arqueológico”.

Unas manifestaciones en las que censuraba cualquier tipo de hermandad con las autoridades marroquíes que hoy se hallan sepultadas por las alabanzas del ex ministro de Defensa y otros cargos del PSOE, desde Zapatero a Albares, al reino alauí. La última en exhibir la estrategia es Elena Valenciano, la ex portavoz del PSOE, apostó la semana pasada por estrechar lazos con la autocracia marroquí en una tribuna publicada en El País.

“Bajo la inspiración de nuestros principios y de su influencia sobre el terreno, subyace en todo momento un imperativo en las acciones de cooperación con nuestros vecinos, especialmente los del Sur, que nunca debe faltar: comprender sin juzgar, construir sin imponer y asumir sin eludir”, escribió Valenciano, centrada ahora en labores de asesoría. “La Unión se construyó sobre valores compartidos a los que Marruecos no es ajeno”, deslizó.