Desde el debate del estado de la nación, que puso un epílogo al ya clausurado ciclo de sesiones en el Congreso de los Diputados, Vox ha permanecido en un plano político bastante discreto. Todo, incluso con la salida del partido y de la política general de Macarena Olona, candidata a los comicios y ya exportavoz del parlamento regional, tras un resultado que no cumplió con las previsiones internas de los de Bambú, y apelando motivos de salud. La marcha de la diputada y secretaria general de Grupo en las Cortes a Andalucía fue un ‘sacrificio’ que no funcionó para contrarrestar al PP en el territorio, y ahora, con la abogada del Estado ya fuera de juego -era su principal ariete judicial contra el Gobierno-, Vox ha iniciado el último curso político previo a las generales de finales de año un un objetivo: restar distancias con los de Feijóo y seguir mostrándose útil ante su electorado.
Para llegar con opciones a ese escenario, a Vox se le hace fundamental consolidar la tendencia al alza en las urnas iniciado hace tres años. Especialmente en la primera prueba de fuego electoral previo a las elecciones estatales: la convocatoria municipal y autonómica, con la que ganar peso territorial que impulse y ensanche el espacio de la marca. Y, que en definitiva, haga al partido contar con un carácter determinante en una hipotética sesión de investidura a la derecha.
Frente a un clima político copado por la contienda entre PSOE y PP desde principios de agosto, por las medidas del real decreto de ahorro energético, resultado de las demandas de las instituciones europeas para recortar en un siete porciento el gasto en energía, y, desde mediados de mes, por la contienda en materia judicial por la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Vox ha encontrado la forma de retornar al foco mediático y abrir una brecha a ese duelo singular entre Génova y Ferraz: sumándose, a título personal, a la iniciativa de la líder de los populares madrileños y presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y anunciar el recurso de la ley convalidada este jueves, en un pleno parlamentario extraordinario, ante el Tribunal Constitucional (TC).
Los de Santiago Abascal han visto en la pugna contra el decreto por la vía judicial el mejor marco de oportunidad para imponer el ‘relato’ entre el elector de derecha de que él y su partido son los auténticos garantes del combate al Gobierno y a su agenda, mientras que el PP de Feijóo se centra en la confrontación dialéctica y opta por respaldar a Moncloa en votaciones puntuales como la de ayer del real decreto de las cotizaciones de los autónomos. Y es que, desde la llegada del gallego a Génova, han sido, al menos, 15 las veces que el PP ha votado con el PSOE en el Congreso.
Vox no ha fijado una fecha para presentar el recurso al TC, pero coincidirá con el de Ayuso «a lo largo de septiembre»
En unas valoraciones posteriores al debate del decreto energético, el dirigente de Vox ha trasladado la enésima acción en los tribunales de su formación, ya sin Olona al frente. Lo ha hecho con la mirada puesta en septiembre, eso sí, sin aportar una fecha concreta. E irá de la mano del recurso que presentará la Comunidad de Madrid, siendo el segundo agente político en hacer ese anuncio y sin ninguna otra comunidad liderada por los populares en esa dinámica. Todo ello, con el vicepresidente de Abascal en Castilla y León, Juan García-Gallardo, forzando a Alfonso Fernández Mañueco para derogar el decreto de ahorro energético en Castilla y León.
Para Abascal, con este decreto, el Ejecutivo se ha «empeñado en destruir la prosperidad y el bienestar de los españoles» y aboga, con sus medidas, en «traer las cartillas de racionamiento» al consumo energético. Todo, ha insistido el presidente de Vox, a la par que «se desmantelan las centrales nucleares, se vuelan las térmicas y las presas» con la ley climática de por medio, a la que «solo se opuso Vox». El PSOE y Unidas Podemos, ha defendido tras sus declaraciones, «traen la ruina, el despilfarro político y la inseguridad».
Septiembre, como Ayuso
Desde la Comunidad de Madrid, el consejero de Justicia Enrique López ha anunciado que el recurso se presentado «a lo largo de septiembre». La intención, no sería otra que hacerlo antes de que el Gobierno incline la balanza hacia una mayoría progresista tras la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial que permite a los jueces hacer nombramientos. Ante este hecho, es probable que los de Bambú apuren los tiempos y coincidan con la Real Casa de Correos de Madrid.
De este modo, Vox arranca fuerte el inicio de lo que será la recta final de legislatura. El objetivo del partido no es en última instancia perjudicar al PP, única alternativa viable para llegar a acuerdos y alcanzar gobiernos autonómicos. Sería intentar mermar en lo posible la fuga de votos que muestran algunas encuestas y mantener la base actual. De hecho, Abascal ya dejó muestras de esa intención colaboracionista durante el debate de la nación, donde pidió a Feijóo no seguir el juego de la izquierda y entenderse en el futuro.
Por el momento, los populares siguen reafirmando un camino en solitario de la derecha «moderada» y «centrista», aunque empieza a acercarse a actores como el PNV, con quien está distanciado desde la moción de censura a Mariano Rajoy en 2018. Y, respecto a la cuestión energética, da «absoluta libertad» para que las autonomías lideradas por sus barones decidan qué decisión tomar con el decreto «si consideran que invaden sus competencias». Así lo expresó el propio vicesecretario de Economía de Feijóo, Juan Bravo, durante una entrevista en TVE este miércoles.
Otro elemento que ha perjudicado la visibilidad de Vox, además del propio parón estival, es que el PSOE, tras varias dudas generadas en el grupo parlamentario y Ferraz, ha dejado momentáneamente de lado su confrontación directa y advertencia al ‘miedo a la ultraderecha’ en sustitución de Feijóo, nuevo objeto de sus ataques. Con este recurso, parece que Vox quiere hacer que el PSOE replanté su estrategia.