La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha dicho este lunes que va a instar a la Fiscalía General del Estado a que investigue si las empresas de reparto están vulnerando los derechos fundamentales de los trabajadores.
Durante su comparecencia hoy ante la Comisión de Trabajo en el Congreso de los Diputados, la ministra ha avisado de que, aunque la «ley rider» está funcionando y la mayoría de las empresas están cumpliendo con sus obligaciones, «no va a parar» y «el peso de la ley va a caer» sobre aquellas que la incumplan.
En concreto, se ha referido a las sanciones por valor de 122 millones de euros impuestas por la Inspección de Trabajo a la empresa Glovo por la falta de cotización de sus empleados, por la vulneración de forma reiterada de la norma y por la obstrucción a la labor inspectora.
«El siguiente paso es la Fiscalía General del Estado y ver si hay invasión de la esfera penal por la rebelión en que se encuentran algunas de estas empresas en España», ha dejado claro.
La ministra ha detallado que la afiliación media en el sector de reparto ha aumentado con la aprobación de la «ley rider», pasando de los 4.688 trabajadores que había de enero a julio de 2021 hasta alcanzar el máximo de la serie en abril de 2022, con 12.144 empleados, lo que supuso un incremento del 165 %.
La inspección vigilará los fijos discontinuos en la educación
La ministra ha avanzado también que la Inspección de Trabajo va a vigilar el uso de los fijos discontinuos, especialmente «en algunos sectores» en los que se cometen «abusos en este terreno desde hace décadas», como es el caso de la educación en puestos como las ATES (para asistencia y formación de escolares con minusvalías), personal de los comedores o de limpieza.
Esta investigación se sumará a la llevada a cabo ya sobre este colectivo en los últimos meses, que ha dado como resultado la detección de 14.601 empresas con situaciones irregulares y la transformación de 25.870 contratos fijos discontinuos en fijos ordinarios, con una tasa de éxito del 45,77 %, ha recordado.
También se ha referido al empleo a tiempo parcial involuntario y ha anunciado la puesta en marcha de inmediato de un plan específico de la Inspección para revisar la situación de más de 290.000 personas trabajadoras sobre las que tienen «indicios de que están realizando jornadas superiores a las declaradas».
Díaz también ha dicho que van a convocar a los empresarios y a los sindicatos a una mesa de diálogo social específica sobre el paro de larga duración y de mayores de 45 años y que, «en breve», estará lista la nueva ley de incentivos al empleo.
Además, ha señalado que el indicador público de renta de efectos múltiples (IPREM) -utilizado para la concesión de ayudas a la vivienda, becas o subsidios- volverá a subir en 2023 y ha incidido en la necesidad de «revertir el terrible recorte que el PP infligió a los parados» en las prestaciones.