Yolanda Díaz ha decidido arrancar -muy temprano- el nuevo curso posicionándose en pro de una de las dos partes del diálogo social. En esta ocasión, de forma más explícita que nunca, a pesar de su recurrente insistencia en su deber de ser «muy respetuosa» y de «dejar trabajar» a sindicatos y empresarios.
La ministra ha terminado agosto exigiendo que los agentes sociales vuelvan a sentarse para pactar cuánto deben subir los sueldos sujetos a un convenio colectivo. Se trata de una negociación que se interrumpió en mayo por las fuertes discrepancias entre las partes en un contexto de fuerte inflación. Pero culpa solo y de forma directa a una de ellas: la empresarial.
«Los sindicatos tienen razón», fue clara Díaz en declaraciones a los medios, «porque están defendiendo el interés general, nada más y nada menos que a 17 millones de personas que son asalariadas». «La posición que están defendiendo es el interés general en España, y por eso creo que tienen razón», repitió tras reunirse con la Asamblea Ciudadana por el Clima.
«Por eso, hago un emplazamiento, con todo el cariño, a la patronal para que vuelva a la mesa a negociar las subidas salariales. Se han levantado de la mesa el 5 de mayo y no han vuelto a ella», afirmó. «Por el bien de nuestro país. Las familias no pueden soportar el peso de la inflación en sus casas», defendió.
«Los sindicatos nunca han hablado de una indexación al IPC»
La elevada inflación imposibilitó en mayo que sindicatos y empresarios consiguieran renovar el Acuerdo de Empleo y Negociación Colectiva (AENC). El AENC es un documento que dichas partes acuerdan cada tres años y en el que se incluye una recomendación, en porcentaje, de cuánto deberían subir los sueldos de los trabajadores en los convenios que se renueven.
Se trata solo de un marco general de actuación, que después los negociadores de cada convenio colectivo y de empresa no tienen la obligación de cumplir, pero ayuda a alcanzar puntos de acuerdo. El último está caducado desde 2020, por tanto, el nuevo debería abarcar el periodo 2022-2024.
En esta ocasión, para los sindicatos era imprescindible que los empresarios se comprometiesen a aumentar los sueldos tanto como la inflación. No cada mes, pero sí que a final de año compensasen los salarios en base al incremento de los precios, mediante las llamadas cláusulas de revisión salarial. Este fue el punto de discordia entre las partes, como ya explicó en mayo este diario.
«La diferencia insalvable está relacionada con la cláusula de revisión salarial», dejaron muy claro en mayo desde Comisiones Obreras. «Para CCOO, teniendo en cuenta el crecimiento de la inflación, la inestabilidad e incertidumbre de los precios, la cláusula de revisión salarial es fundamental, como única garantía de mantenimiento del poder de compra de los salarios. Por su parte, las organizaciones empresariales mantienen su postura de no contemplar en un acuerdo general dicha cláusula de revisión, por lo que las partes han dado por cerrada la mesa de negociación para este año», zanjaron.
También lo reconocieron así del lado empresarial. El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, aseguró que los sindicatos se habían «enrocado» en la necesidad de recuperar poder adquisitivo este año, el perdido por el incremento de la inflación, y que mantienen una posición «inamovible». A la vez, defendió que las empresas también han sufrido este impacto y que no podían asumir una subida de salarios de tal medida.
Sin embargo, y para la sorpresa de los periodistas que seguían la rueda de prensa, Yolanda Díaz defendió ayer que los sindicatos «nunca han hablado de una indexación al IPC». Es cierto que estas organizaciones no pedían ligar los sueldos a la inflación como por ejemplo sucede con las pensiones, pero de facto sí lo hacían al exigir esa revisión salarial a final de año en base al incremento de los precios.
Es más, la semana pasada, el secretario general de UGT pedía incluso aumentar los sueldos por encima de la inflación. «Los sindicatos estamos determinados a que los salarios crezcan por encima de la inflación», aseguró Pepe Álvarez. «Estamos pendientes de que la patronal esté de acuerdo en sentarse. Se levantaron de la mesa y tienen que volver. Queremos evitar a este país una ola de huelgas, algo totalmente innecesario para llegar a un acuerdo justo para las personas», continuó.
Los empresarios responden al envite de Díaz
La vicepresidenta y también ministra de Trabajo ya pidió la semana pasada al presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, «compromiso» con España para dejar de «bloquear la negociación de convenios». «Garamendi sabe muy bien lo que está pasando y bloquear la negociación no es una buena receta», afirmó.
Ya entonces expresó su «apoyo explícito a las movilizaciones sindicales frente a la patronal española» para exigir la negociación de la subida de los salarios. Es algo que no sentó nada bien en la confederación de empresarios, donde tienen una visión muy distinta de los hechos.
«Es completamente falso que la patronal esté bloqueando la negociación colectiva», aseguró el lunes el vicepresidente de CEOE y presidente de la organización de autónomos ATA, Lorenzo Amor. Amor acusó a la ministra de tener un discurso «muy poco constructivo» al tomar parte por los sindicatos. También rechazó que los empresarios estén «negando la negociación colectiva» y también «que en estos momentos hayan firmado menos convenios o haya menos trabajadores que estén en convenio». «Casi 7 millones de trabajadores de los 11 que hay tienen un convenio en vigor», afirmó.
Asimismo el presidente del Instituto de Estudios Económicos y vicepresidente de la CEOE, Íñigo Fernández de Mesa, aseguró ayer en una entrevista que las firmas de convenios colectivos están evolucionando al mismo ritmo que en otras épocas de crisis y reafirmó que la única «línea roja» que pone la CEOE a un acuerdo salarial con los sindicatos es indexar los sueldos a la inflación.
Sobre el empeño de Díaz de acometer una «fuerte» subida del salario mínimo en enero, los empresarios creen que estos anuncios entorpecen y retrasan la negociación colectiva. «Lejos de ayudar, entorpece», aseguró Fernández de Mesa, argumentando que las empresas se quedan a la expectativa.
La CEOE afronta ahora un periodo delicado, con las elecciones en noviembre para elegir -o reelegir- a su presidente. Por ahora, Antonio Garamendi es el único candidato que se conoce, pero eso podría cambiar en las próximas semanas.
Ya cuando la patronal sometió a votación interna la reforma laboral, cuatro de las asociaciones inscritas mostraron su rechazo mediante su abstención. Fueron la patronal madrileña, CEIM; la catalana, Foment; la de agricultores, Asaja, y de la automoción, Anfac. Está por ver si alguno de sus presidentes decide competir con Garamendi, algo que podría suceder en un contexto de fuerte descontento por las medidas que el Gobierno está tomando contra los empresarios, y en el que muchos ven al vasco como demasiado conciliador y poco beligerante.