El histórico dirigente de ETA José Javier Arizkuren Ruiz, Kantauri, comparecerá este lunes ante el juez de la Audiencia Nacional que le investiga junto a dos antiguos jefes de la banda por su presunta responsabilidad en el crimen del edil del PP en Ermua (Vizcaya) Miguel Ángel Blanco, cometido hace 25 años. Es el tercer exjefe de la organización terrorista que se sentará frente al magistrado Manuel García Castellón en relación con esta causa, en la que investiga si varios antiguos miembros de la cúpula de ETA ordenaron o pudieron haber evitado el secuestro y asesinato del joven concejal en julio de 1997.
El caso de Kantauri, que declarará desde la cárcel de Pamplona, donde cumple una abultada condena por otros atentados, es, sin embargo, diferente al de los otros dos investigados, Miguel Albisu Iriarte, Mikel Antza; y Soledad Iparraguirre, Anboto.
José Javier Arizkuren Ruiz ya fue procesado en 2016 como presunto responsable de los delitos de inducción al secuestro y asesinato terrorista, si bien no se le pudo notificar formalmente su procesamiento al no haber sido entregado por Francia por estos hechos.
Tanto el juez que le procesó, Eloy Velasco, como el que ahora dirige el juzgado, Manuel García Castellón, se han dirigido sin éxito a Francia para que amplíe los motivos por los que en su día Kantauri fue devuelto a España. En la última respuesta, emitida antes del verano, la Corte de Apelación de París consideró que la solicitud de García Castellón no reunía las condiciones requeridas.
Cartas firmadas
El pasado 8 de julio el juez acordó emitir una nueva Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE) respecto a Kantauri, quien es probable que este lunes opte por no declarar, acogiéndose al argumento de que Francia no ha ordenado entregarle por estos hechos.
Según las fuentes consultadas por EFE, Kantauri, jefe militar de ETA en el momento del secuestro y asesinato del edil, es el exdirigente etarra contra quien existen más indicios en el procedimiento. Su firma apareció en unas cartas halladas en el registro efectuado en 1997 del piso que ocupaba en Basauri (Vizcaya) el comando autor, según el auto en el que el juez le procesó.
En una de ellas pedía supuestamente a los comandos «poner toda la fuerza posible en levantar a un concejal del PP, dando un ultimátum de días para que los presos estén en Euskadi. En relación a este tema (secuestro) hacerlo lo antes posible…», según el auto.
El magistrado entendió entonces, hace seis años, que había indicios de que fue él «quien ordenó tal muerte» y recordó que había informes policiales que señalaban a Kantauri como «responsable del cambio de estrategia» en la banda y como la persona a la que los comandos debían solicitar «su autorización concreta para atentar contra políticos».
Al margen de su procesamiento, este verano el juez Manuel García Castellón le imputó junto a Antza y Anboto tras admitir a trámite una querella de Dignidad y Justicia para averiguar si son responsables por omisión del crimen, al haberlo podido impedir durante las 48 horas que estuvo secuestrado el concejal, o si directamente fueron quienes dieron la orden.