El egipcio Ahmed al Khouli, experto en planificación medioambiental, ha pasado los tres últimos años entre rejas, acusado de liderar un grupo terrorista. Acaba de ser liberado pero ha declinado hablar. Tras nueve años del mariscal de campo Abdelfatah al Sisi en palacio, el terror se ha propagado por el país más poblado del mundo árabe. En un páramo donde cualquier ejercicio de libertad es perseguido y purgado, los ecologistas no son una excepción. Hostigados y encarcelados, son los grandes olvidados de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP27) que arranca este domingo en la ciudad egipcia de Sharm el Sheij.
“Definitivamente es uno de los peores países del mundo cuando se trata de ser un actor de la sociedad civil”, relata a El Independiente un ecologista egipcio que exige anonimato por miedo a las represalias gubernamentales. Egipto alberga la COP27 a pesar de las críticas y las denuncias que afloraron con su elección, hace menos de un año. Decenas de jefes de Gobierno y de Estado acuden a Sharm el Sheij, una ciudad situada en el sur de la península del Sinaí y a orillas del mar Rojo que ha sido blindada por el régimen egipcio para evitar cualquier protesta. En las últimas semanas los arrestos y la vigilancia han ido en aumento.
“Por desgracia, los activistas medioambientales son muy escasos en Egipto. Quedan ocho o nueve grupos medioambientales independientes”, comenta el ecologista. “Y se hallan en una posición muy difícil, porque hacen un gran trabajo, pero en pequeñísimas bolsas de espacio cívico, con enormes limitaciones. No pueden ser abiertamente críticos con el gobierno porque cada vez que tienen un proyecto o celebran un evento, cada miembro de su equipo tiene que pasar por el escrutinio gubernamental y tiene que ser aprobado por el aparato de seguridad”, explica.
La cumbre más vigilada de la historia de las COP
La egipcia será recordada como la cumbre más vigilada de la historia de la COP. Se celebra en Sharm el Sheij, una ciudad remota y muy conveniente para las intenciones de las autoridades egipcias de evitar cualquier protesta. De hecho, se han restringido las protestas a un bautizado como «espacio cívico» en el interior del centro de conferencias de la COP27. Los participantes tendrán que enfrentarse a registros exhaustivos y a la videovigilancia. Los asistentes, además, tendrán que instalarse una aplicación móvil obligatoria que rastreará su ubicación. Según los vecinos de Sharm el Sheij, en los últimos días se han incrementado los controles en los que agentes de seguridad vestidos de paisano comprueban los teléfonos móviles y las cuentas de redes sociales de los peatones en busca de cualquier atisbo de disidencia.
Hostigamiento permanente
El acoso permanente a la labor de los grupos ecologistas ha sido una de las constantes del régimen de Al Sisi, que llegó al poder en el golpe de Estado de 2013 y se ha perpetuado en palacio en virtud de sucesivas farsas electorales. Según alerta Human Rights Watch, las autoridades locales “han impuesto obstáculos arbitrarios a la financiación, la investigación y el registro que han debilitado a los grupos ecologistas locales, obligando a algunos activistas a exiliarse y a otros a alejarse de una labor importante”. Quienes han renunciado citan las tácticas de acoso e intimidación, como detenciones y dificultades para viajar, alimentando un ambiente general de miedo perceptible cuando se habla a los últimos resistentes.
Las organizaciones locales independientes denuncian una acreditación opaca que les ha dejado fuera de la COP27
La última muestra de las restricciones que padecen los esforzados ecologistas locales ha sido el propio proceso de registro y acreditación de las organizaciones que participan en la COP27. “Ha sido un proceso totalmente opaco que ha terminado permitiendo únicamente el registro de las organizaciones progubernamentales egipcias. No hubo convocatorias públicas y se acabaron eligiendo a dedo, dejando a un lado a los grupos independientes locales”, denuncia en conversación con este diario un activista egipcio que también exige anonimato. Los movimientos que no son percibidos como peligrosos por las autoridades operan en ámbitos técnicos como la recogida de basura, el reciclaje, las energías renovables, la seguridad alimentaria y la financiación del clima.
Por contra, aquel activismo que aborda la seguridad del agua, la contaminación industrial y los daños medioambientales causados por el sector inmobiliario, el desarrollo turístico y la agroindustria centran la represión. Todas las actividades vinculadas al ejército -dueño de una vasta red de empresas-, como canteras, plantas de embotellamiento de agua y cementeras tampoco pueden ser objeto de escrutinio por parte de la sociedad civil.
Son las gruesas líneas rojas de un sistema político que no tolera la crítica. «Sin participación democrática, que exista conciencia medioambiental en una sociedad es muy complicado», advierte uno de los ecologistas. «Lamentablemente las decisiones se toman desde un enfoque muy jerárquico. Así que incluso cuando hay medidas muy buenas, resulta muy difícil ponerlas en práctica porque no ha habido ese debate comunitario participativo que pone de relieve la importancia de esta decisión y examina sus repercusiones y efectos secundarios».
Como muestra, hace tres años la policía egipcia reprimió las protestas de los habitantes de El Warrak, una humilde isla de El Cairo que se enfrentaba a un proyecto urbanístico que amenazaba con la expulsión de sus habitantes. “Es un episodio que muestra la dificultad para identificar quienes son los activistas medioambientales y las cifras reales de detenidos. La comunidad de El Warrak que está luchando para salvar sus tierras de cultivo y sus casas, lo son. ¿Cuántos agricultores han sido arrestados por tratar de garantizar el agua que fue transferida a la gran industria en lugar de hacia sus pequeñas granjas?”, se interroga uno de los ecologistas consultados.
Los grupos ecologistas se mueven por un terreno plagado de minas, especialmente sensible en el apartado de su financiación. Desde 2014 la modificación del código penal y legislaciones como la que regula las actividades de las ONG han restringido arbitrariamente las subvenciones y donaciones de fuentes extranjeras y nacionales. La persecución legal ha sido ampliamente utilizada, con la congelación de activos de las organizaciones y la prohibición de viajar de sus responsables, y ha obligado a cerrar a organizaciones locales y sucursales locales de centros internacionales.
Una sociedad aterrorizada
Egipto es hoy una de las mayores cárceles de periodistas del mundo y el tercer país en aplicación de la pena capital. Decenas de miles de personas han sido arrestadas y encarceladas por su activismo político desde la asonada militar de 2013. Los espacios de libertad que sí hubo en la última época de Hosni Mubarak en el poder han sido convenientemente clausurados. La impunidad policial, la pobreza, la corrupción o los abismos sociales, algunas de las razones que llevaron a las revueltas hace 11 años, siguen plenamente vigentes e incluso se han exacerbado. «Egipto es un país con un historial de derechos humanos atroz y pésimo. Se aterroriza a la población incluso ante la perspectiva de protestar. Los egipcios han sufrido violencia masiva en los últimos nueve años. En 2013, 1.000 personas murieron en la calle en cuestión de horas. El espacio cívico está completamente cerrado», denuncia un activista.
Un país con enormes desafíos ambientales
Y, a pesar de la obsesión de sus dirigentes con silenciar los últimos espacios de activismo, el país sufre enormes desafíos medioambientales. A la falta de la más leve conciencia pública se une un desbocado crecimiento demográfico -a razón de dos millones de personas por año, en un país de 104 millones-; una sobreexplotación de los recursos hídricos procedentes del Nilo, amenazada ahora por la construcción de una presa en Etiopía; una contaminación sin límites; una pésima conservación de las reservas naturales; y una terrible gestión pública de los residuos, constatable en las playas mediterráneas o en las calles de cualquier ciudad del país.
La población vive en una parte muy estrecha de la tierra que rodea al Nilo, la única fuente hídrica
“Egipto se enfrenta a grandes retos en el ámbito de la adaptación climática. Es un país muy vulnerable. La población vive en una parte muy estrecha de la tierra que rodea al Nilo, la única fuente hídrica y viene de fuera de nuestras fronteras”, advierte a este diario Ragia el Gerzawy, investigadora medioambiental de la Iniciativa Egipcia para los Derechos Personales, una de las organizaciones con más solera del país que resiste pese al acoso de las autoridades. “Junto a la escasez de agua, los fenómenos meteorológicos extremos están afectando en gran medida a la producción agrícola y ganadera. Se calcula que vamos a perder alrededor del 30% de la productividad y ya importamos muchos de nuestros suministros de alimentos del exterior. Así que los riesgos del cambio climático son realmente muy altos”, agrega.
Una realidad sombría que apenas ha sido abordada por el régimen, más preocupado en perseguir a la disidencia política y cementar el culto al dictador y al ejército. “Los políticos no han concedido realmente la atención que merecen los peligros reales del cambio climático. No existe una integración de las cuestiones climáticas en las políticas y creo que es generalizado en la mayoría de los países, incluso un mundo desarrollado que están volviendo al carbón con el pretexto de la invasión rusa. Debería haber otras soluciones”, señala El Gerzawy.
El derroche de una nueva capital
En el caso egipcio, la ausencia de sensibilidad medioambiental ha conducido a megaproyectos incompatibles con el más ligero compromiso con el entorno. Tras la llegada de Al Sisi al poder, Egipto lanzó la construcción de una capital administrativa que, aún sin fecha definitiva de apertura, aspira a sustituir a El Cairo.
Las nuevas ciudades carecen de estudios de impacto ambiental
Un ingente derroche de recursos se ha destinado a una urbe plantada en mitad del desierto -a mitad de camino de El Cairo y Suez-, fortificada para impedir futuros levantamientos populares y con enormes dudas sobre el agua o la energía que la alimentará. Más del 40 por ciento de la población egipcia vive bajo el umbral de la pobreza, unas cifras que han seguido aumentando en el último lustro.
La nueva capital es, sin embargo, tan solo una de las nuevas ciudades que se edifican en el desierto egipcio, unos desarrollos urbanos que explican un boom inmobilario al mismo tiempo que millones de compatriotas viven hacinados y en terribles condiciones. “Es muy difícil conseguir que las nuevas ciudades sean sostenibles porque tendrán que ampliar el uso del agua, extender muchas estructuras y crear formas de desplazarse. Realmente no hemos visto la evaluación del impacto medioambiental de estos proyectos. La participación pública fue limitada, si es que lo fue, y no se declaró el impacto ambiental”, arguye El Gerzawy.
División de opiniones
La celebración de la COP27 en una ciudad que desde hace décadas ha sido un preciado destino turístico de rusos e italianos ha dividido a los ambientalistas y activistas de derechos humanos egipcios. Algunos como Ramy Shaath, que pasó 915 días entre rejas, consideran que no se debería usar las cuestiones ambientales para blanquear al régimen de Al Sisi. “Egipto es el peor lugar del mundo para acoger una cumbre tan importante como ésta, que supone en la práctica extender la alfombra roja a Al Sisi y darle un nuevo impulso a la legitimidad de un asesino y un abusador de los derechos humanos”, denuncia. A su juicio, la COP27 es un ejercicio de «greenwashing», el uso de la supuesta responsabilidad medioambiental para blanquear, en este caso, a un régimen depredador de las libertades públicas.
La COP nos está ayudando a llamar la atención mundial sobre esta crisis de derechos humanos
Una opinión que difiere de la del periodista Hosam Bahgat, un veterano activista que dirige en la actualidad la Iniciativa Egipcia para los Derechos Personales. “Aunque Egipto está siendo testigo de una crisis de derechos humanos a gran escala, no creemos necesariamente que sea una mala idea celebrar la COP27 en Egipto”, apunta en declaraciones a este diario. “De hecho, nos está ayudando a llamar la atención mundial sobre esa crisis de derechos humanos y a movilizar a los activistas y a los movimientos y gobiernos para exigir al régimen egipcio mejoras en materia de derechos humanos”. En las semanas previas al acontecimiento, han surgido diversas iniciativas exigiendo la liberación de los presos políticos.
Unas llamadas que el régimen no ha escuchado. A finales de septiembre las fuerzas de seguridad arrestaron a Abdelsalam Abdelghani, un ingeniero egipcio que se había sumado a un grupo de Facebook que, en nombre de “la revolución climática”, instaba a manifestaciones durante la COP27. Durante las primeras dos semanas, fue víctima de una desaparición forzada perpetrada por la agencia de seguridad nacional y reapareció en los tribunales, una práctica habitual en el país.
Alrededor de 70 personas, según organizaciones locales, han sido arrestadas en las últimas semanas por llamar a protestas en el marco de la cumbre. La última víctima de la mano de hierro es Ajit Rajagopal, un activista climático indio que pretendía caminar desde El Cairo hasta Sharm el Sheij para llamar la atención sobre la amenaza a la que se enfrenta el planeta. Tras ser interrogado durante horas y recobrar la libertad, Rajagopal renunció a sus intenciones.