Tras tres semanas en los que la ley del solo sí es sí ha copado la primera línea informativa por las rebajas de una cuarentena de condenas y una docena de excarcelaciones a agresores sexuales, y sobre todo tras el fallo del Supremo sobre el caso Arandina, el Gobierno empieza a virar y en un sentido al que no apuntaba en los últimos días, cuando públicamente se remitía a la unificación de doctrina en manos del alto tribunal. Ahora ya sí contempla la opción de introducir pequeños cambios en caso de que sea necesario, frente al criterio mantenido por el Ministerio de Igualdad, opuesto a cualquier tipo de modificación.
El jefe del Ejecutivo fue muy explícito en una conversación informal con los periodistas en el Congreso, con motivo de la recepción por los 44 años de la Constitución. «Creo que la ley es buena desde el punto de vista político, y si hay que hacer algún retoque técnico, tenemos que verlo. Tenemos que ver qué nos dice el Tribunal Supremo», aseguró Sánchez. El TS adelantó el fallo del caso Arandina, por el que elevó a nueve años las penas por los dos condenados del club de fútbol, pero impuso una pena inferior en un año a la que habría correspondido antes de la entrada en vigor de la ley del sí es sí, al tener que rebajar la pena en beneficio del reo. Lo que no se conoce aún es la sentencia, razón por la que el Gobierno sigue pidiendo esperar a leerla para tomar una decisión.
La novedad es que el propio presidente contempla, ahora sí, la vía de un «retoque técnico» de la norma. Esa puerta no la había abierto hasta ahora él mismo. Cuando las primeras rebajas de penas le sorprendieron en la cumbre del G-20, en Bali, y cuando ya una voz tan respetada y de peso en su partido como su número dos y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, abogaba por una modificación de la ley, Sánchez primó la unidad de la coalición. Prefirió cerrar las vías de agua y defender férreamente la ley para que no sufriera la achacosa alianza con Unidas Podemos, aunque no se privó de desautorizar a Irene Montero por sus ataques a los jueces por «machismo». En el PSOE sí se han seguido oyendo reflexiones favorables a cambiar la norma. En los últimos días, urgía a ello el expresidente Felipe González y, de forma más prudente, coincidían en que ha de estudiarse una reforma limitada el president valenciano, Ximo Puig, y la titular de Defensa, Margarita Robles. Esa es la alternativa que finalmente ha abrazado Sánchez.
La ministra de Justicia, Pilar Llop, en otro corrillo con los periodistas en el Congreso, señaló que sí que debe valorarse un retoque de la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, porque no se puede esperar a que el TS falle todos los casos que tienen pendientes. Eso no supone «cargar» contra la ley, completaban en su departamento, porque es un texto necesario e importante, «pero el ajuste también lo es», informa EFE.
Lo que sí está claro es que la eventual reforma de la ley del sí es sí no se presentará como enmienda a otro texto en tramitación en el Congreso, el de supresión de la sedición. Así lo garantizó Sánchez a los informadores. La razón es que el plazo para registrar enmiendas parciales a esta proposición de PSOE y Unidas Podemos concluye el viernes a las 18 horas, y no hay tiempo material para estudiar ese «retoque técnico», dado que la sentencia del TS aún no se conoce. Fuentes del Gobierno indicaban que eso no es ningún obstáculo, ya que ese ajuste del sí es sí puede presentarse como una enmienda a cualquier ley orgánica en tramitación parlamentaria (no valdría una ley ordinaria, eso sí). Una iniciativa de la que podría colgarse, señalaban desde la Moncloa, es la parte orgánica de la ley de bienestar animal, la que afecta al cambio en el Código Penal.
La «seguridad jurídica» de los menores
Sánchez también fue preguntado por la Ley Trans, foco de conflicto entre los dos socios de la coalición desde el arranque de la legislatura. El presidente aseguró que el PSOE aguantará el pulso a Podemos. Esto es, que defenderá hasta el final —o sea, hasta el pleno del Congreso del 22 de diciembre— su enmienda sobre menores, la que eleva a 16 años la edad para cambiar libremente la mención relativa al sexo en el registro sin necesidad de autorización judicial. Los socialistas esgrimen como argumento la «seguridad jurídica de los menores», ya que estos requieren de una protección especial y dan por descontado que la derecha recurrirá la ley al Tribunal Constitucional. Además, señalan que son los 16 años la edad mínima para la toma de decisiones sanitarias —así lo indica la ley de autonomía del paciente de 2002—, o la edad mínima para casarse.
El proyecto de ley aprobado por el Consejo de Ministros el pasado julio indica, sin embargo, que solo los menores de 12 y 13 años habrían de acudir a la autorización del juez, mientras que a los de 14 y 15 años les bastaría el consentimiento de sus padres o tutores. El PSOE plantea que los niños y niñas de 14 y 15 años también deban recabar el aval judicial, a través de un expediente de jurisdicción voluntaria y que la libre determinación de género, por tanto, quede solo para los de 16 en adelante.
Los socialistas esperan que el PP acabe apoyando su enmienda (o absteniéndose), dado que los socios del Ejecutivo sí están alineados con el Ministerio de Igualdad. Pero si la propuesta no recibe el respaldo suficiente y decae, el PSOE no hará descarrilar el proyecto de ley, garantizaron fuentes de la cúpula del partido y del Gobierno. Es decir, que la norma saldrá adelante, bien con la enmienda socialista o bien sin ella. Evita así el socio mayoritario de la coalición el choque con el colectivo LGTBI, un importante caladero electoral que se disputa con los morados. Unidas Podemos sí ha advertido de que no admitirá «retrocesos» en la norma y amaga con retirar su apoyo a la norma en caso de que la propuesta socialista salga adelante con ayuda del PP. En Ferraz dudan de que los morados se descuelguen si se incorpora la enmienda. Los populares, no obstante, no han dado señales hasta ahora de que vayan a auxiliar al PSOE, ya que están radicalmente en contra de la ley.
Sánchez sí mandó un mensaje de total firmeza a sus socios: son ellos los que tienen que entrar en razón. «La seguridad jurídica se garantiza como lo estamos proponiendo y es lo que vamos a defender hasta el final. Esperamos que Podemos lo entienda», apuntó el presidente, para a continuación hacer hincapié en que el partido mayoritario de la Cámara es el suyo, con 120 escaños, y por tanto su criterio ha de ser atendido. «El PSOE es el que hace que las leyes salgan», subrayó.