La Plaza de los Tres Poderes bien podra cambiar esta semana su nombre por el de Plaza de Todas las Sospechas. Y all, en el corazn de Brasilia, quin ms sospechas tiene es el presidente Luiz Incio Lula da Silva: sospecha de los militares, sospecha de la polica militarizada del Distrito Federal y de su gobernador; sospecha de los servicios de inteligencia, del ex presidente Jair Bolsonaro, pero tambin de integrantes de su propio Gobierno. Y sospecha, sobre todo, que si no asume decisiones drsticas en las prximas semanas sus cuatro aos de mandato pueden tornarse muy complicados.
En el momento de enojo ms desbordado tras los ataques de una horda bolsonarista a las sedes del poder ejecutivo, legislativo y judicial de Brasil, Lula lanz afirmaciones muy duras. “El ejrcito saba lo que se tramaba y mostr complacencia con los manifestantes”. “Ningn general se ha movido para decir que esto no puede ocurrir”. “Ningn cuartel hizo nada. Esto estaba previsto. La gente estaba frente a los cuarteles”.
Con el correr de las horas, su ministro de Relaciones Institucionales, Alexandre Padilha, matiz las frases del presidente y explic que hay sospechas de “contaminacin bolsonarista” en algunos militares, pero que el Gobierno mantiene la confianza en la institucin. Segn Padilha, en declaraciones al programa de televisin Roda Viva, el ex presidente Jair Bolsonaro tiene “responsabilidad poltica e intelectual” en los actos golpistas y vandlicos del domingo.
Le acusa tambin de contribuir a financiarlos, un asunto clave. Durante ms de dos meses, una vez confirmada la victoria de Lula en la segunda vuelta del 30 de octubre, decenas de miles de personas acamparon frente a cuarteles militares en decenas de ciudades. Semejante despliegue cuesta dinero, y la justicia y el gobierno se han dedicado desde el domingo a intentar llegar a la madriguera del monstruo. Un monstruo con filiacin poltica reconocible, el extremismo bolsonarista que hoy consideran un tibio al ex presidente y va mucho ms all de lo que el ex inquilino del Planalto quiere.
Un monstruo, tambin, que se vincula a empresarios ligados al agronegocio. “Hay ms de cien empresas sospechadas de financiar los disturbios”, seal Globo News este martes “Se van a presentar medidas cautelares para bloquear sus bienes. Son sobre todo empresas de los Estados de Matto Grosso y Santa Catarina. Se pretende usar el dinero de esas empresas para financiar la reconstruccin de lo destruido”.
La investigacin avanza, y un nombre que vuelve al primer plano es el de la diputada Carla Zambelli, recordada por perseguir a un hombre, arma en mano, en la tarde de la segunda vuelta en calles del centro de So Paulo.
Zambelli, ms bolsonarista que Bolsonaro, irrit al ex presidente semanas atrs al reclamarle liderazgo de cara a los manifestantes que exigan la intervencin de las Fuerzas Armadas para impedir la asuncin de Lula.
Bolsonaro se neg a emitir consejo alguno. Nada sorprendente: el lder derechista le tiene terror a potenciales problemas con la justicia, ahora que ya no cuenta con fueros tras dcadas disponiendo de ellos.
Peticin de un fiscal
Y esos problemas comienzan a llegar. Un fiscal solicit al Tribunal de Cuentas de Brasil el bloqueo de bienes de Bolsonaro, al que considera inspirador de los desmanes del domingo. El senador Flavio Bolsonaro, hijo del ex presidente, pidi no creer la “narrativa mentirosa” y aadi que su padre est “prcticamente incomunicado” en Estados Unidos y “lamindose las heridas”.
Mientras Bolsonaro medita un posible regreso a Brasil, Zambelli entra en el radar de la conspiracin. Ligada a Maurcio Nogueira, ex candidato del bolsonarismo a diputado estatal en So Paulo y propietario de Nogueira Turismo. El empresario cedi un autobs para trasladar bolsonaristas a las manifestaciones ante los cuarteles.
Los autobuses son la punta del ovillo para desenredar la madeja golpista. El juez Alexandre de Moraes, miembro del Supremo Tribunal Federal (STF), orden el domingo la incautacin y el bloqueo de todos los autobuses que la Polica Federal detectara transportando “a los terroristas al Distrito Federal”.
“Los propietarios deben ser identificados y escuchados en 48 (cuarenta y ocho) horas, presentando la lista e identificacin de todos los pasajeros, los contratistas de transporte”, aadi De Moraes.
Reforma de Inteligencia
Mientras espera que la investigacin centrada en los autobuses permita entender mejor el verdadero alcance de la conspiracin, Lula quiere meter el bistur en los servicios secretos, a los que ve demasiado cercanos al poder militar.
La Agencia Brasilea de Inteligencia (Abin) depende del Gabinete de Seguridad Institucional (GSI), la ex Casa Militar. El gobierno de transicin, que durante dos meses dirigi el vicepresidente Geraldo Alckmin, haba propuesto terminar con una estructura organizativa que se considera una “rmora de la dictadura militar” que gobern Brasil, entre 1964 y 1985.
“Lo que yo defiendo es seguir el modelo internacional y tener una inteligencia estatal civil”, dijo a O Globo el ministro de Justicia, Flavio Dino. “La formacin de muchos militares brasileos an se remonta a la Guerra Fra y a la visin de la supuesta amenaza comunista. Esto contamina el servicio de Inteligencia”.
La Abin alega haber alertado el domingo a la Secretara de Seguridad del Distrito Federal de Brasilia de que grupos bolsonaristas preparaban serios desmanes. La Polica Militar (PM) de Brasilia hizo poco y nada para evitar eso. Es lo que cree De Moraes, que este martes orden detener a Augsuto Vieira, ex comandante de la PM. Y no slo eso: el juez estrella de Brasil envi a prisin tambin a Anderson Torres, ex ministro de Justicia de Bolsonaro y el hombre a cargo de la seguridad en Brasilia el 8 de enero. Ese da estaba en Orlando, a escasos minutos de la residencia temporaria de Bolsonaro.
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