Un total de 255 personalidades han firmado un manifiesto contra el Gobierno en el que cargan contra las recientes reformas que ha llevado a cabo del Código Penal o el intento de modificar el sistema de elección del Tribunal Constitucional, advirtiendo de que puede resultar fallido el régimen de libertades de seguir esta dinámica gubernamental y legislativa. Entre los firmantes están exministros socialistas y populares, escritores y periodistas, como Juan Luis Cebrián o Augusto Delkader o juristas como Clemente Auger o Elisa de la Nuez, empresarios, embajadores, entre otros.
En el citado manifiesto hacen un llamamiento al PSOE para que recupere su proyecto histórico, que le llevó a contribuir a la elaboración y respaldo de la Constitución de 1978 e instan a que alcen la voz muchos socialistas, hoy «silentes», que observan «alarmados este proceso de deserción de sus compromisos constitucionales»; al PP para que cumpla sus deberes constitucionales sin renuncia alguna; a los medios de comunicación, a los intelectuales y también a la sociedad española en su conjunto, especialmente a los jóvenes para que «reaccione cívicamente» ante estas políticas gubernamentales y legislativas para que frenen esta «erosión».
El citado manifiesto, recogido por Europa Press, se dirige «a la sociedad española ante el desafío constitucional» y advierten de que la democracia en España, como en cualquier país, «nunca es irreversible». En este sentido, señalan que la coalición gubernamental, presidida por Pedro Sánchez y apoyada por los grupos independentistas, «ha quebrado el proyecto histórico del PSOE» comprometido con cumplir la letra y el espíritu de la Constitución de 1978. Aunque tampoco detectan, dicen, que haya en la derecha española «energía, propuestas ni discurso adecuados para resolver la actual situación».
Añaden que las decisiones del Gobierno, donde figura Podemos –que propone un modelo plurinacional de corte confederal– «coinciden con la pretensión del secesionismo vasco y catalán de ruptura flagrante de la Constitución». «Si estos propósitos prosperaran estaríamos a las puertas de un proceso que acabaría destruyendo la nación política española», advierte el manifiesto.
El texto añade que conforme a esta «lógica destructiva» se están produciendo iniciativas legislativas que propician una «mutación que transgrede la separación de poderes, priva a las Cortes Generales de su primacía democrática, desactiva atribuciones esenciales del Tribunal Constitucional y suprime mayorías cualificadas y quórums en el Consejo General del Poder Judicial, rompiendo el sistema de contrapesos irrenunciables que garantizan la autenticidad democrática de nuestra Carta Magna».
Así, citan como ejemplo la «impunidad otorgada, mediante leyes ‘ad hoc’, a los responsables de los hechos sediciosos en Cataluña en los meses de septiembre y octubre de 2017». Con ello, aseguran que se «desprotege penalmente, además, la integridad de la Constitución y atenta contra el principio de generalidad de las normas jurídicas».
También citan los intentos de reforma de las leyes orgánicas del Tribunal Constitucional y del Poder Judicial, mediante una proposición de ley que «elude los informes técnicos consultivos, desapoderan de controles técnico-jurídicos al sistema institucional y permiten a la mayoría parlamentaria favorecer un proceso de demolición de la Constitución, así como del bloque de leyes orgánicas que la desarrollan».
Los firmantes aseguran que esta «técnica de vaciamiento de los principios y reglas constitucionales es propia de las democracias que, inicialmente liberales, se pervierten para convertirse en regímenes iliberales».
Y advierten de que si persistiera esta dinámica gubernamental y legislativa, el espíritu que animó a los constituyentes para crear en 1978 un Estado social y democrático de derecho, tres poderes del Estado, separados y cooperativos, y una monarquía parlamentaria, «se vería seriamente erosionado y el país volvería a las peores épocas de su historia al declararse fallido, otra vez, el intento de consolidar un régimen de libertades, conforme a los esquemas indeclinables de las democracias».
El manifiesto advierte de que la pasividad y la indiferencia es «incompatible» con el ejercicio responsable de la ciudadanía y cree que quien se margine sintiéndose ajeno a los acontecimientos descubrirá demasiado tarde que «se ha encaminado por el sendero de la servidumbre voluntaria», dado que crece en los Occidente y también en España un
«fuerte movimiento que entrega los poderes democráticos a pretendidos líderes y sistemas populistas».
Entre los 255 firmantes del manifiesto, que piden secunden todos los ciudadanos que lo deseen, están destacados periodistas como Miguel Ángel Aguilar, Augusto Delkáder, Juan Luis Cebrián, Antonio Caño, Javier Ayuso o Agustín Valladolid; analistas políticos como Ignacio Varela o Consultores políticos como Gorka Maneiro; juristas como Clemente Auger; catedráticos como Luis Rodríguez Ramos; abogados como Elisa de la Nuez, o Javier y Fernando Múgica; embajadores como Leopoldo Stampa, Carlos Bastarreche o Inocencio Arias o empresarios como Ramón Mendoza o Daniel de Busturia.
También hay numerosos exministros del PSOE y del PP entre los firmantes como César Antonio Molina, José Luis Corcuera, José María Michavilla; Rafael Arias Salgado o José Luis Leal; escritores como Fernando Savater, Félix de Azúa, Félix Ovejero o Andrés Trapiello; el expresidente del CES Marcos Peña; el expresidente de la CNMV Sebastián Abella o el exdirector del CNI, Jorge Dezcallar.
A ellos se suman significados socialistas como el expresidente de la Comunidad de Madrid, Joaquín Leguina, ahora expulsado del PSOE; el exsecretario general del PSE, Nicolás Redondo o Pedro Bofill que formó parte de la Ejecutiva del PSOE hasta 1989; la eurodiputada de Ciudadanos Maite Pagazaurtundúa; el exdiputado en el Parlamento Europeo Francisco Sosa Wagner o la exministra de Cultura y Defensora del Pueblo, Soledad Becerril.