Que un agente de policía adscrito a la comisaría de información e infiltrado en un grupo anarquista radical sea descubierto por sus objetivos no es a priori una buena noticia. Pero el caso de D.H.P, el agente infiltrado en los entornos anarquistas de Sant Andreu del Palomar, en Barcelona, cada vez tiene menos de normal.
Primero, por su identificación en el digital LaDirecta, señalando que se acercó a sus objetivos por la vía de entablar relaciones sexo-afectivas con ocho mujeres del entorno investigado. Y segundo, por la reacción de sus presuntas víctimas, que lo han acusado de abusos sexuales. Convertido en tema de sobremesa en media España, el debate sobre su actuación está servido: héroe o villano.
Según La Directa se trata de un mallorquín que se presentaba con el nombre de Daniel Hernàndez Pons, pseudónimo que coincide con sus iniciales reales. El infiltrado ingresó en la academia de policía de Ávila en septiembre de 2017 y forma parte del CNP desde junio de 2019. Es la segunda infiltración denunciada por el movimiento independentista catalán.
La noticia desató una oleada de indignación en el entorno y los partidos independentistas. Petición de comparecencia del ministro Fernando Grande-Marlaska en el Congreso, exigencias de explicaciones por parte del consejero de Interior, Joan Ignasi Elena, y acusaciones de «represión política».
En las redes se publican fotografías del agente infiltrado, su antes y después, con un cambio de aspecto físico que incluye peinado y aparatosos tatuajes en brazo y piernas. Unas fotografías que dan al traste con el primer requisito de cualquier agente de información, el anonimato.
La demanda
Pero el cénit del caso llegaría 24 horas después, cuando cinco mujeres pertenecientes al grupo investigado, anuncian una querella por abusos sexuales contra el agente. Forman parte del grupo de mujeres que habría mantenido relaciones sexuales y afectivas con Dani, como se le conocía en el entorno anarquista.
Capitaneadas por el bufete Iridia -líder en las denuncias a la policía en Cataluña- han presentado una querella contra él y su superior jerárquico por supuestos abusos sexuales continuados y tortura, además de delitos contra la integridad moral, descubrimiento y revelación de secretos e impedimento del ejercicio de derechos cívicos.
«La conducta de D.H.P. no solo transgrede los límites legales de la actuación de infiltración de los cuerpos policiales, traspasa límites éticos, atentando contra el núcleo esencial de estas mujeres y su autonomía sexual», afirma la querella.
Irídia y el sindicato CGT, que también ofrece apoyo jurídico a las denunciantes, insisten en la gravedad de los hechos. Advierten que «en ningún caso es aceptable que un policía encubierto utilice las relaciones sexoafectivas con activistas para obtener información y apuntalar su identidad encubierta».
Operaciones encubiertas
Para los compañeros del agente, sin embargo, «la querella no tiene ningún recorrido» y no ven responsabilidad ni en el infiltrado ni en los mandos que ordenaron la operación. «Este hombre es nuestro héroe» apunta jocosa otra fuente policial. Una apreciación que ha recorrido también las redes en los últimos días.
«Siempre ha habido operaciones de infiltración, siempre con autorización judicial» apuntan desde el Sindicato Unificado de Policía (SUP) que señala que estas operaciones se autorizan por posibles amenazas a la seguridad interna del Estado. «El trabajo de los equipos de información es precisamente ese, recabar información de grupos radicales y violentos, es igual que sean de derechas o de izquierdas» apuntan un agente destinado también en Cataluña.
Además, advierten desde este sindicato que el agente infiltrado se está convirtiendo en víctima porque «se están difundiendo sus fotos» lo que supone un atentado contra su intimidad. Y un problema para su trabajo. «Verterán todo tipo de acusaciones contra él para cubrirse» pero el agente no tiene ninguna responsabilidad, añade Toni Granados, portavoz del SUP en Cataluña, y si ha habido relaciones afectivas «nadie les ha obligado».
Adiós a Barcelona
En todo caso, Dani ya no está en Barcelona. Profesionalmente la revelación de su identidad va a ser un problema para él, reconocen fuentes policiales. «Tendrá que cambiar de aspecto y los tatuajes serán un problema». Según El Español el agente ha sido trasladado a una embajada. Un noticia que ha generado nuevos reproches del independentismo, que ve en el traslado «un premio» porque los destinos en el exterior tienen un sueldo de 10.000 euros.
Fuentes policiales señalan al Gobierno como responsable de que pusiera al descubierto al agente infiltrado. Sospechan que Interior habría compartido con Esquerra la existencia de operaciones en curso en el entorno de grupos anarquistas e independentistas de Barcelona, en el contexto de los pactos con los republicanos. Y eso habría provocado el fin abrupto de la infiltración.
Una sospecha que se suma al malestar generado por el juicio a 45 agentes de Policía y Guardia Civil por su actuación el 1 de octubre del 2017, durante el referéndum independentista. «Nos han dejado vendidos» se lamenta Granados.