Si para el PSOE ya era complicada la previa electoral por el encallamiento de la ley del ‘sólo sí es sí’ con Unidas Podemos, dado que buscó zanjar en diciembre, políticas polémicas como la reforma del Código Penal para la derogación de la sedición y la rebaja de penas de malversación, el caso Mediador no hace más que fracturar más el intento de solidez interna de cara a las elecciones municipales y autonómicas del próximo mes de mayo. La trama del ‘Tito Berni‘ ha movilizado a la oposición nacional en masa en un señalamiento doble y acciones de los grupos políticos. Entre ellos, la puesta en marcha de solicitud de comparecencia de los ministros Fernando Grande-Marlaska, Margarita Robles y José Manuel Albares, y una comisión de investigación en el Congreso, el eje de los negocios del exrepresentante socialista implicado en el caso.
Primero, desde la esfera de la corrupción. El PP [y en un segundo plano Vox y Ciudadano] compara la técnica del caso con los ERE de manera pública, así lo ha hecho recientemente el coordinador general Elías Bendodo, aunque en el ámbito privado se reconoce que será difícil alcanzar «tal envergadura»; porque «son 680 millones de euros». Segundo, en un intento de descrédito de la derecha hacia «el Gobierno más feminista» de la democracia. Con reproches como que el mismo día que el PSOE condenó la prostitución en el Congreso, Juan Bernardo Fuentes Curbelo acudiera horas después a un prostíbulo de Madrid. Todo, «presuntamente», reiteró en su última comparecencia el portavoz de Vox Iván Espinosa de los Monteros en el Congreso, cuyo partido se personará en el juicio como acusación popular. «Cohecho, blanqueo de capitales, falsificación, pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias… Podríamos estar hablando de la mafia siciliana, (…) pero estamos hablando del PSOE», se aventuró a decir el martes [aquí el funcionamiento de la trama en profundidad].
La actividad del ya exdiputado canario y exsecretario general de los socialistas de Fuerteventura, así como la del general de la Guardia Civil Francisco Espinosa y del mediador que da nombre a la investigación, Antonio Navarro Taraconte, ha salpicado con intensidad al PSOE. Pero también a su aparato territorial en las Islas Canarias. El propio mediador, como ha publicado El Independiente, asegura que el presidente del PSOE canario y del Gobierno del archipiélago, Ángel Víctor Torres, estaba al corriente de las corruptelas y las operaciones en torno al ‘Tito Berni’. «Estaban informados de mi presencia (…), de mi trabajo. Todo el mundo lo sabía. Era vox pópuli las gestiones que se realizaban y cómo se realizaban, fueran o no legales», ha afirmado Navarro Taraconte este último martes.
Las reacciones del PSOE a nivel nacional se limitan, por el momento, a las acciones tomadas contra Fuentes Curbelo y orientadas hacia su baja del partido. Pero desde el aparato canario, con Torres a la cabeza, los socialistas han anunciado que se personarán como acusación popular [no hay otro mecanismo, ya que no ha habido una merma de caudales públicos o del partido que les afecte directamente]. El líder canario desmiente el señalamiento del mediador y rebaja cualquier posible implicación de sus siglas en la trama «hasta que no se demuestre lo contrario». «No se puede convertir en verdugos a quienes en realidad son las víctimas. Y las víctimas son, somos, las personas honradas», dijo el barón del PSOE en el último estado de la nación canaria, calificando de «repugnante» el asunto.
El PSOE canario cree que la «contundencia» de Torres impedirá que su candidatura y la de Darias se vea perjudicada en mayo
La salida inicial del PSOE de Canarias por la vía judicial busca, entre otras cosas, y además de demostrar la honorabilidad del partido, intentar desplegar un escudo electoral que permita reducir al mínimo cualquier pérdida. Porque, si bien están preocupados en las altas esferas de Ferraz y en Moncloa, el caso ha disparado las alarmas de los socialistas en las islas. La foto fija ofrecida por las demoscópicas a principios de año, por el Electo Panel de Electomanía y SigmaDos para El Mundo, daban opciones al PSOE para repetir el actual ejecutivo de coalición con Nueva Canarias, con una media de 26 parlamentarios para Torres y tres para su socio; así como tres para la Agrupación Socialista de la Gomera, y entre tres y cuatro para Podemos. Un total de entre 35 y 36 diputados autonómicos, esta última cifra la exacta para la mayoría absoluta. La derecha de PP y Vox alcanza 17, y vería incrementados a 34 sus escaños si añade sus apoyos los 17 de Coalición Canaria.
De manera individual, el último sondeo del Electo Panel, antes de que se destapase el caso, la suma de la izquierda asciende a 37 con un mantenimiento exacto a 2019 del PSOE: 25 representantes. 33 en el caso de la derecha. En el previo de SigmaDos, de finales de enero, PP, Vox y Coalición Canaria, sí llegarían a esos 36 con una izquierda entre los 32-34.
A falta de que se publiquen los primeros sondeos posteriores al descubrimiento de la trama, que saldrán a la luz en las próximas fechas, una de las preocupaciones entre las filas socialistas es que el espacio de centroizquierda pierda un escaño que favorezca al bloque conservador. La diferencia entre el bloque progresista y el conservador en las pasadas elecciones fue de 28.000 sufragios en un ámbito con un censo aproximado de 1,6 millones de votantes. Ahora bien, fuentes socialistas han explicado a este medio que esperan que la «contundencia» de Torres en este asunto, a diferencia de la laxitud del PP con casos como el de la alcaldesa de Marbella [el Senado la investigará por un aumento de patrimonio de doce millones de euros], impida que las siglas se vean resentidas de cara al mes de mayo. Y que tampoco afecte a la candidatura de la actual ministra de Sanidad Carolina Darias, en Las Palmas.
El PP se desvincula de la trama
El mediador también ha involucrado al barón popular y candidato del PP en Canarias, Manuel Domínguez, entre el círculo de personalidades con las que se ha reunido en al menos una ocasión. El propio dirigente popular ha reconocido que se reunió una vez para «un café», a través de un periodista, con Navarro Taraconte durante su etapa de alcalde del municipio de Los Realejos. En ese encuentro, le alertó de un caso de corrupción de importantes dimensiones, que él, por el contexto, no le dio credibilidad. Pero insiste en que no hay nada que lo vincule con él o sus negocios más allá de esa conversación, y así se lo ha trasladado a la dirección nacional del PP. Algo por lo que Génova asume un estado de «tranquilidad». El propio PP canario se personará también como acusación popular.