Las grandes empresas españolas han ganado margen para ser más igualitarias. El Gobierno aprobó este martes en el Consejo de Ministros el proyecto de la ley de representación paritaria, en el que se recogen los plazos de aquellas instituciones que tendrán que garantizar que el 40% de los miembros de sus consejos de administración sean del sexo menos representado. El texto, que ha sido sometido a audiencia pública, incluye una ampliación en el plazo que fijaba el anteproyecto de ley para las compañías.
Las más beneficiadas son aquellas empresas con al menos 250 trabajadores y con una cifra de negocios superior a los 50 millones de euros o un activo que supere los 43 millones, las consideradas sociedades de interés público. La fecha anterior era junio de 2026, dos años más que las cotizadas, pero ahora, el Gobierno ha aceptado que el plazo para alcanzar el 40% sea el 30 de junio de 2028.
Esta era una de las demandas del sector empresarial, según reconocen fuentes de la Confederación española de organizaciones empresariales (CEOE). El objetivo era lograr una mayor «transitoriedad» en la entrada en vigor de la norma. Según los plazos que contempla el anteproyecto de ley, las no cotizadas tienen que alcanzar el 33% del sexo menos representado en junio de 2026 y el 40% dos años después.
Fuentes del Ministerio de Asuntos Económicos reconocen que el cambio es fruto del proceso de audiencia pública al que el departamento que dirige Nadia Calviño ha sometido la norma. La vicepresidenta justificó que estos plazos suponen la «proporcionalidad entre la exigencia (para las empresas) y el objetivo de garantizar la paridad».
En cualquier caso, esta mayor «transitoriedad» se ha trasladado también al resto de empresas, excepto para el Ibex. Para las cotizadas que conforman el índice de referencia, el plazo termina el 30 de junio de 2024. Esto supone ampliar en el tiempo la recomendación de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que aconsejaba a las compañías apostar por la igualdad y lograr el objetivo del 40% a finales del pasado año 2022.
Aquellas empresas con una capitalización bursátil superior a los 500 millones de euros tienen un año más, hasta junio de 2025, este sería el caso de algunas de las empresas del BME Growth, como Castellana Properties o General de Galerías Comerciales, según los datos de capitalización de ese índice a fecha del 22 de mayo. Otras sociedades que coticen en el mismo índice pero que tengan una capitalización inferior a esos 500 millones tienen hasta el 30 de junio de 2026 para alcanzar la paridad en el consejo de administración.
Situación actual
Según los datos que hizo públicos este martes la CNMV, la presencia de mujeres en los consejos de administración de las empresas cotizadas se situó en el 31,87% del total en 2022, más de dos puntos por encima que en el ejercicio anterior. Por primera vez se rompe la barrera del 30%, aunque desde el organismo indican que «queda margen de mejora».
De hecho, hay todavía hay 44 compañías (5 del Ibex 35) que ni siquiera alcanzan la anterior recomendación del Código de Buen Gobierno de contar con un mínimo del 30%.
Como publicó este periódico, para que las empresas del Ibex 35 cumplan con la norma que ha aprobado el Consejo de Ministros, se debería fichar a un total de 39 mujeres. Según los datos recopilados en marzo, el selectivo cuenta con 435 consejeros, de los cuales 272 son hombres y 163, mujeres. La ley marca que las mujeres deberán representar al menos el 40%. Por el momento, 17 empresas lo cumplen.
Sanciones solo para cotizadas
La ley incluye un régimen sancionador para las empresas que no cumplan con la representación paritaria en las fechas establecidas. Se establece la obligación de velar por que la alta dirección también cumpla este principio y deberá detallarse en la memoria la situación al respecto. Es decir, tal como publicó este periódico, no se contemplan sanciones para las no cotizadas.
En el caso de las sociedades cotizadas se establece como infracción grave el incumplimiento de estas previsiones. se tomarán como referencia las actuales sanciones para empresas cotizadas, que parten de los 300.000 euros o del 2% de los recursos propios de las compañías, si esta cuantía es mayor, y en función de la gravedad, pero dependerá de lo que fije la CNMV.
Paridad en el Gobierno y en órganos constitucionales
El texto que el Ejecutivo remitirá en los próximos días a las Cortes Generales, también incluye cambios para lograr la paridad en el Gobierno, en la Administración General del Estado (AGE), en los órganos constitucionales y de relevancia constitucional.
Así, en la AGE y en los órganos superiores y directivos se deberá garantizar la paridad desde la entrada en vigor de la Ley, una fecha que todavía no se ha dado a conocer y que depende de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Para el sector público institucional se darán cinco años de margen.
Para el Tribunal Constitucional, el Consejo de Estado, el Consejo Fiscal, el Tribunal de Cuentas y el Consejo General del Poder Judicial la norma se aplicará a los nombramientos que se realicen una vez el texto esté en vigor. En el caso de los puestos de la carrera militar se deberá desarrollar un reglamento específico.