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Condenan a Ryanair por prohibir a dos policías viajar con sus armas

Ryanair ha sido condenada por un juzgado de Madrid a pagar 1.836 euros a dos policías a los que negaron embarcar con sus armas, a pesar de encontrarse de servicio, en un vuelo que se dirigía desde Tenerife hasta la capital el 28 de julio de 2022, y ha establecido que la empresa debe compensar los daños morales que sufrieron.

El juzgado de primera instancia número 5 de la capital ha dictado a favor de los dos agentes y ha ampliado la cantidad que Ryanair deberá pagarles por los perjuicios derivados de la imposibilidad de embarcar en ese vuelo.

Ryanair aceptó pagar 1.836,86 euros, «reconociendo, por tanto, el carácter injustificado de la denegación del embarque, así como los daños materiales», si bien rechazó sufragar los 400 euros que reclamaban por daños morales al entender que dicha cantidad no estaba justificada y que debería estar dentro de las compensaciones previstas en el reglamento europeo que regula las normas sobre compensación en casos como este.

Una tesis que no comparte la magistrada en su sentencia, contra la que cabe recurso, en la que deja claro que el Tribunal Supremo ha establecido que la indemnización del daño moral, en casos de retrasos o cancelaciones de vuelos, puede darse de forma independiente de las cantidades establecidas en el citado reglamento.

Aquel 28 de julio los agentes, que se encontraban de servicio, acudieron a la puerta de embarque, donde se les denegó subir al avión con el arma, pese a que habían cumplimentado el documento necesario para poder llevarla en cabina, según la demanda.

Ambos tuvieron que adquirir nuevos billetes al día siguiente «ante la necesidad de llegar a su destino con motivo de su profesión».

«No sólo es que la denegación del embarque no tuviera justificación legal, sino que es patente que todo lo sucedido ocasionó a los pasajeros la necesidad de tener que soportar el cansancio físico y mental derivado de tener que buscar otros vuelos alternativos, con la consiguiente zozobra y ansiedad derivada de la incertidumbre que ello conlleva; asumir gastos no previstos, perder un día en la llegada a destino y tener que pasar una noche en otra ciudad», señala la sentencia.

Y añade que, «a consecuencia de la injustificada actuación de la demandada», los agentes «se han visto obligados a interponer una demanda y seguir un procedimiento judicial hasta dictar sentencia, lo que no hace sino abundar en el daño moral».

Los letrados de los agentes en representación del sindicato policial Jupol, Manuel Chamorro e Ignacio Aznar, consideran que se ha tratado de una «práctica abusiva» por parte de la compañía, aún cuando los policías «portaban toda la documentación reglamentaria y se limitaron a realizar un servicio».

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