La politización de las instituciones es consecuencia inevitable del devenir de la política. El uso de lo público como objeto arrojadizo está a la orden del día, como arma con la que atravesar al enemigo, con el que justificar las ideas o los prejuicios propios. Una erosión exterior que aunque no permee en los organismos puede provocar el desgaste, el descrédito, la pérdida de confianza. Independientemente de que sus mecanismos de control sean robustos, sus profesionales y sus cálculos perfectamente libres.
El pasado domingo, el presidente del Gobierno anunció que movilizará 50.000 viviendas de la Sareb -el «banco malo», puesto que se quedó con los activos tóxicos de otras entidades financieras durante la crisis de 2012 y que costó 30.000 millones a los españoles- para alquileres a precios asequibles. «Es un gran hito, es un gran logro, pero no del Gobierno progresista, sino de la gente», aseguró, insistiendo en el «auténtico problemón» que supone el acceso a la vivienda para muchos. Anunció la prolongación de los límites a los alquileres que están en vigor desde el año pasado y la creación de un nuevo índice «más estable e inferior a la evolución del IPC» que elaborará el INE.
Es difícil evaluar con precisión este nuevo indicador y cuáles son las diferencias que existen con el índice de garantía de competitividad, que actualmente limita los precios del alquiler, puesto que a lo largo de la semana ni el Ministerio de Transportes, a cargo de la medida, ni desde Moncloa han precisado más detalles. Pero las declaraciones de los ministros han soliviantado a buena parte de los economistas, que temen que un «encargo» de fuerte carga política como es el de este indicador desgaste la credibilidad del Instituto Nacional de Estadística, ya maltrecha después de un año especialmente convulso para la institución.
No es la primera vez en los últimos meses que una decisión política lleva al INE a la primera línea de los titulares y hace dudar de su independencia. El pasado junio su entonces presidente dimitió cuando la vicepresidenta Nadia Calviño preparaba su destitución. Las razones concretas aún se desconocen, y de hecho, Eurostat, la oficina estadística de la Comisión Europea, reclamó este jueves en un informe que se aclaren las causas de este cese. Más allá de los motivos de Juan Manuel Rodríguez Poo para justificar su dimisión, que se produjo después de que el Gobierno criticase sus cálculos del IPC y del PIB, las fuentes consultadas coinciden en que la decisión de nombrar al en ese momento secretario de Estado de Seguridad Social Israel Arroyo fue desafortunada, e hizo temblar aún más los cimientos del Instituto.
El cambio de cartas se frustró, precisamente, en medio de una avalancha de críticas al cundir la sensación de politización del organismo. Pero, para muchos el daño, ya estaba hecho: cuando en septiembre Estadística corrigió al alza el dato de PIB de 2021, mejorándolo cuatro décimas (hasta el 5,5%), la oposición vio el momento idóneo para avivar la sospecha de que el Gobierno había metido la mano en las cifras oficiales. El Partido Popular aseguró directamente, a través de Elvira Rodríguez, su entonces portavoz económica, que el Ejecutivo manipulaba los datos.
La totalidad de las fuentes consultadas descarta cualquier tipo de intromisión de este tipo, pero al mismo tiempo piden mucha precaución con las acusaciones, por el daño que pueden provocar si este discurso cala. «Es obvia la necesidad de que el INE se mantenga al margen de cualquier política, el INE solo tiene que proporcionar datos crudos. Tiene que ser pura matemática», asegura un experto que prefiere mantenerse en el anonimato por su vinculación profesional con el entorno de Estadística.
Pero la polémica no se ha limitado a las cifras de PIB tras la salida del presidente: algo parecido sucedió con la inflación. Hasta el pasado enero, el INE calculaba el IPC teniendo en cuenta solo las tarifas del mercado regulado -en el que el precio que cambia a cada hora y cada día en función de la oferta y la demanda-, y no las del mercado libre. El resultado era una foto parcial, puesto que los precios del mercado regulado han sufrido profundos vaivenes a lo largo del pasado año por la guerra de Ucrania, lo que aprovechó el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, para llamar «tontos» a quienes seguían abonados a esta tarifa.
Así, la foto del IPC solo reflejaba las tarifas que pagaban el 60% de los españoles. Los estadísticos opinaban que los precios del mercado regulado debían incluirse en el cálculo del IPC, pero la manera en la que se llevó a cabo -sin anunciar cuándo se realizaría el cambio- también provocó críticas. Y tampoco estuvo exento de polémica, porque ayudaba a alimentar la misma historia de sospecha.
¿Por qué no crea el Gobierno el nuevo índice?
Ahora, con índice alquiler vivienda, el debate está en si el INE creará un indicador de precios de vivienda sobre el que después el Gobierno legislará -por ejemplo, estableciendo que los caseros no pueden subir sus alquileres más de un porcentaje de ese indicador-, o si se tratará de generar un dato que por definición sea más bajo que el IPC, como consta en el acuerdo de la ley de vivienda, en base a unos parámetros que aún se desconocen. Aquí, la duda entre parte de los expertos es por qué no es el propio Gobierno el que crea ese índice, en lugar de encargarle al INE su cálculo y después atribuirle la responsabilidad sobre los límites de precios que se establezcan.
«En España hay una carencia en información precisa y heterogénea en materia de vivienda», asegura la catedrática de Economía y profesora de la Universidad Complutense Antonia Díaz. Actualmente, el INE cuenta con un indicador de precios de la vivienda alquiler, pero este no serviría para delimitar las bautizadas como «zonas especialmente tensionadas», es decir, las de precios más altos, porque no está desagregado siquiera por provincias sino tan solo por comunidades autónomas, y menos por ciudades y barrios. Con el nuevo, que conllevará un largo proceso de recopilación de datos, la intención es alcanzar tal grado de detalle, aunque aún no está claro de dónde se obtendrán los datos. Actualmente las fuentes que se utilizan para hablar de precios de vivienda son los portales inmobiliarios Idealista y Fotocasa, a falta de otro instrumento de medida.
La analogía con el CIS tiene las patas muy cortas»
miguel artola, investigador
«Si eso se hace, será bienvenido. Otra cosa muy distinta es cómo quiera utilizar el Gobierno esos datos, y las comunidades autónomas, que son quienes tienen las políticas de vivienda», incide Díaz, quien cree que el INE no será quien delimite la cifra máxima de subida del alquiler puesto que considera que «no tiene esa potestad». Sobre el relevo del presidente, asegura que el cuerpo de estadísticos que componen el INE está «fuera de toda duda» pese al ruido.
Miguel Artola, profesor e investigador postdoctoral en el departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Carlos III de Madrid, recuerda que el INE está controlado por Eurostat, el centro de estadísticas de la UE, y que también que puede elaborar estadísticas propias. «La analogía con el CIS tiene las patas muy cortas, en el resto de países europeos hay institutos estadísticos controlados por Eurostat, y si el INE empieza a hacer cosas extrañas el nivel de control es tan fuerte que se vería cortado muy rápidamente», señala.
Artola ha escrito, junto con el economista y estadístico Francisco Mellis, una serie de artículos el eldiario.es sobre el último foco de atención que ha levantado suspicacias sobre el INE este pasado año: el cálculo del PIB y sus diferencias con otros datos oficiales. España es el único país de la Eurozona que no ha recuperado el nivel de PIB que tenía antes de la pandemia, lo que choca con otros indicadores como el empleo o la recaudación tributaria, que han reflejado un comportamiento de la economía mucho mejor.
También defiende la profesionalidad de los trabajadores INE, «los mejores estadísticos de España», aunque al mismo tiempo lamenta la cerrazón alrededor de la institución que dificulta ciertos cambios o más transparencia, por ejemplo relativa a cuándo iban a tener lugar los cambios en el cálculo del IPC. En relación al tema del índice de precios de la vivienda, alerta del coste de que «parezca que el Gobierno está condicionando las estadísticas del INE», puesto que «por supuesto, hay que preservar su independencia».
La propia Asociación de Estadísticos Superiores del Estado (AESE) advirtió en ese sentido en junio del peligro de poner en riesgo «el elevado crédito del que goza en estos momentos la estadística oficial de España, tanto ante nuestros socios de la Unión Europea como ante los propios usuarios». A una sociedad en la que calan los vídeos falsos o deepfakes, ya susceptible por la politización del CIS y de la Justicia, no le hace falta mucho más para dudar de todo tipo de organismos y de datos. Por eso tantos consideran el reto hoy más importante que nunca. Una de las fuentes consultadas lo expresa así: «Las estadísticas oficiales valen tanto como la población las crea, y esa credibilidad hoy hay que mantenerla».