Dos centenares de agricultores se han manifestado este miércoles por las calles de Barcelona para reclamar medidas extraordinarias ante las consecuencias de la sequía. Con una perspectiva de pérdidas de 1.300 millones de euros en el peor de los casos, los agricultores han querido dar un golpe sobre la mesa en la recta final de una campaña electoral que ha olvidado la crisis provocada por la sequía, especialmente dura en Cataluña.
Bajo el paraguas del Manifiesto Gran Urgell, los productores afectados por el cierre del Canal de Urgell y las restricciones en la cuenca del Segre, que afecta a la principal zona agraria de Cataluña, han llevado su protesta ante la Generalitat, la Delegación del Gobierno y de la Comisión Europea. «Salvemos lo que comemos» es el lema escogido por la plataforma.
El portavoz de la plataforma, Jaume Perera, celebró la atención de las instituciones tras reunirse en el Palau de la Generalitat con Pere Aragonès y la consejera de Agricultura, Teresa Jordà. Pero advirtió que muchas empresas «tendrán que reducir en un 70-80% su plantilla» si la situación no mejora.
Restricciones por sequía
Tras el cierre del Canal de Urgell, la Comunidad General de Regantes del Canal Segarra-Garrigues cerró también el riego durante tres días, para afrontar la escasez hídrica que sufre el pantano de Rialb, del que se nutre. El objetivo no era otro que «salvar los árboles» frutales con un mínimo de subsistencia, explicó el presidente de la Comunidad de Regantes, Josep Maria Jové. El cierre afecta a unos 2.000 agricultores, que dan por prácticamente perdida la actual campaña de fruta y cereales ante «una situación nunca vista» de falta de agua.
Cuando se reabría el Canal Segarra-Garrigues, el Govern extendió a 217 la declaración de excepcionalidad por sequía en la que ya se encontraba buena parte de las cuencas internas de Cataluña. Una medida que se sumaba a las restricciones en la agricultura, especialmente severas en Lleida donde la cuenca del Segre ya solo permite regadío de subsistencia para salvar los árboles frutales.
Ya son 495 las poblaciones afectadas por las restricciones, más de la mitad de Cataluña. Con la ampliación de la declaración de excepcionalidad, esas poblaciones tampoco podrán ahora usar agua para regar jardines, lavar coches y el consumo de agua se limita a 230 litros por día/ habitante, incluidas las actividades económicas y comerciales.
Salvar el sector primario
Las lluvias de los últimos días no han servido para paliar la sequía. Los embalses de las cuencas internas de Cataluña se encuentran al 25% de su capacidad, según los datos de la Agencia Catalana del Agua (ACA). Por eso los agricultores reclaman «trabajar como sociedad y país para buscar una solución conjunta» a la sequía y confían en que su protesta sirva para concienciar a la sociedad sobre la falta de agua. Especialmente en Barcelona, donde las restricciones no están teniendo de momento el coste económico que sí está sufriendo el campo catalán.
En su manifiesto, la plataforma advierte que la sequía «pone en riesgo» la soberanía y la libertad alimentaria, y reclamado una estrategia de futuro para preservar el agua, la energía y los alimentos. Durante la protesta, los participantes han repartido manzanas a los paseantes de la Plaza Sant Jaume -la mayoría turistas- y ha entregado en las instituciones cajas de fruta y coronas fúnebres. El símbolo de la última fruta recogida y la situación en la que se encuentra el sector.
Tras la protesta Jordà, se comprometió a articular en los próximos días y junto al Ministerio de Agricultura unos peritajes de los árboles frutales afectados por el cierre de los canales de Urgell y Segarra-Garrigues. Según Jordà, este peritaje servirá para saber la cantidad de fruta que a día de hoy podrían producir estas fincas, dato «clave» para poder dar una respuesta futura al sector.
Nuevas ayudas
El sindicato Unió de Pagesos reclama por su parte un decálogo de medidas para afrontar los efectos de la sequía, entre las que destacan las ayudas directas para paliar pérdidas y sobrecostes de producción. Piden además una flexibilización de la PAC (Política Agraria Común de la Unión Europea) y que se avancen los pagos «lo antes posible».
El sindicato agrario reclama además medidas fiscales como la revisión de los módulos de IRPF o la exención del IBI rural y acelerar las devoluciones de IVA.
Más allá de medidas económicas, apuntan a la necesidad de ejecutar obras de emergencia para salvar las plantaciones de leñosos y la tramitación de nuevos pozos; la modernización de los regadíos y la regeneración de aguas depuradas para el riego.