Isaías Herrero, colaborador de Laura Borràs y presunto beneficiario del troceamiento de contratos en la Institución de las Letras Catalanas (ILC), ha reconocido hoy ante el tribunal que presentó presupuestos falsos para falsear los concursos en connivencia con la presidenta de JxCat. Borràs, por su parte, ha defendido su inocencia.
La líder de Junts se enfrenta a 6 años de prisión, 21 de inhabilitación y 144.000 euros de multa. La misma pena que afronta Herrero, el informático beneficiario de los contratos troceados desde el ILC. Herrero fue el adjudicatario de trabajos por valor de 335.700 euros a dedo entre 2013 y 2017 en 18 contratos del Institut.
Herrero y Andreu Pujol, los otros dos acusados en la causa, han abierto este lunes las declaraciones del juicio oral. La ex presidenta del Parlament declarará en último lugar, el próximo lunes, tras las quejas presentadas por su defensa, que lidera Gonzalo Boye, por el acuerdo alcanzado por Herrero con la Fiscalía para confirmar las acusaciones contra Borràs a cambio de una rebaja en la petición de pena.
Herrero valida los mails
En este contexto, Herrero ha reconocido este lunes ante el Tribunal que presentó tres presupuestos, dos de ellos falsos, para simular la celebración de un concurso abierto para crear la web del ILC. También que, por indicación de Borràs, dividió el presupuesto inicial en varias facturas y buscó terceros para simular la existencia de otros adjudicatarios en los contratos de la Institución.
«La señora Borràs me dijo que tenía que presentar tres presupuestos de 64.000 euros, que después se redujeron a 50.000, y esta cantidad se dividió entre diferentes proyectos del portal» ha explicado Herrero, quien ha validado además todos los correos electrónicos cruzados con Borràs. El eje de la defensa preparada por Boye era descalificar esos correos, asegurando que el acceso de la policía a esa prueba fue ilícito y que podrían haber sido falseados.
A preguntas de la fiscal, el informático ha afirmado que a instancias de Borràs «busqué a terceras personas que pudieran ser adjudicatarias, como Andreu Pujol y las cooperativas». Ha relatado, además, que él daba instrucciones a Pujol de qué, cómo y cuánto debía facturar a la ILC.
«No hagas caso de los conceptos y las cantidades, se trata de poder cobrar un contrato encubierto de mi trabajo en la ILC» afirmaba en uno de los correos aportados a la causa.