El Parlamento catalán se enfrenta a meses de interinidad tras la suspensión de Laura Borràs como diputada después de que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña señalara la apertura de juicio oral por presuntos delitos de corrupción. Tras la ratificación de la suspensión acordada este jueves por la Mesa, desde Junts han dejado claro que no piensan sustituir a la presidenta del partido. Borràs no dimitirá y el próximo paso será, con toda probabilidad, la presentación de un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.
Sin la dimisión de Borràs, no habrá nuevo presidente en la cámara autonómica hasta que el Constitucional falle. O el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña dicte sentencia sobre el caso de fraccionamiento de contratos en la Institución de las Letras Catalanas (ILC) por el que Borràs será juzgada.
En el caso del Constitucional, el alto tribunal no tiene un plazo máximo para responder al amparo que previsiblemente solicitará Borràs. Pero los precedentes apuntan a varios años, como sucedió con el amparo presentado por Miquel Iceta cuando ERC y Junts le vetaron en el Parlament como senador autonómico. El TC le dio la razón, pero lo hizo casi tres años después, cuando Iceta ya ocupaba el Ministerio de Cultura y Deportes.
Juicio en otoño
Antes de que llegue ese dictamen, el TSJC debería haber fallado ya sobre la imputación de prevaricación y falsedad documental contra Borràs. El magistrado de la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Carlos Ramos Rubio, dictó la apertura de juicio oral el pasado 26 de julio.
El juicio, por tanto debería celebrarse este otoño y tener sentencia en los primeros meses de 2023. Pero desde el TSJC advierten que no se puede prever un calendario hasta que no se señale el juicio. Recuerdan que al ser un juicio sin reo están sujetos a la dependen del calendario del abogado, que puede presentar un señalamiento con preso que tendría preferencia.
El procedimiento está a las puertas de juicio, pero entre eso y el señalamiento el tiempo que pueda pasar tiene una elasticidad importante, advierten. Una elasticidad que la defensa de Borràs, capitaneada por Gonzalo Boye, se ha encargado dilatar al máximo.
Borràs agota los recursos
El 20 de julio Borràs agotó sus últimas opciones para evitar el juicio con un nuevo recurso para apartar al juez instructor, apenas días después de que éste le reprochara su intención de «dilatar» la causa. El recurso se dirigía entonces «exclusivamente» contra la desestimación de la recusación del juez instructor Carlos Ramos, que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ya avisó que es firme.
El TSJC rechazó el recurso y un día después Ramos enviaba a juicio a Borràs tras advertir que «la preocupación de un Instructor porque el procedimiento no sufra dilaciones indebidas a causa de actos procesales fraudulentos y/o abusivos de las partes es absolutamente legítima y no es ni puede ser demostrativa de ningún interés espurio».
Era el último paso de un proceso que se ha dilatado durante tres años con cambios de juzgado en pos de los diferentes cargos políticos que Borràs ha ostentado en este tiempo. La investigación se inició en un juzgado de Manresa en 2017 y los indicios sobre Borràs se hicieron públicos en 2018, cuando ya había sido nombrada consejera de Cultura. Fue entonces cuando reconoció que había pedido al conseller de Interior, Miquel Buch, detalles de la investigación, y éste le habría aclarado que «podía estar tranquila».
En 2019, cuando un juzgado de instrucción pidió abrir causa formal contra Borràs, esta ya era diputada en el Congreso, por lo que tuvo que inhibirse ante el Tribunal Supremo. Tras concederse el suplicatorio el Supremo retoma la instrucción, pero cuando estaba a punto de concluirla, Borràs abandonó el Congreso para concurrir como candidata de Junts en las elecciones autonómicas de 2021. Y nuevo cambio de jurisdicción al TSJC.
Presión sobre Alba Vergés
La interinidad en el Parlament puede tener una primera víctima destacada, la republicana Alba Vergés, vicepresidenta primera de la cámara. Esquerra no ha dejado de repetir en las últimas semanas que Vergés «ejercerá estas funciones con toda la responsabilidad, garantizando la gobernanza de la cámara y poniendo los intereses colectivos por delante de cuestiones particulares».
Sin embargo, Junts puede tener la tentación de impulsar nuevas proposiciones parlamentarias que choquen con la doctrina marcada por el Tribunal Constitucional en los últimos años sobre la autodeterminación o la monarquía. Algo que ya pasó en la pasada legislatura, por impulso de la CUP, y que ha dejado a Roger Torrent y el resto de los miembros de la anterior Mesa del Parlament a las puertas de otro juicio por desobediencia.