La reunión de la mesa del Senado que convocó a primera hora de este martes el presidente de la Cámara Alta, Ander Gil, transcurrió no sin enfrentamientos entre los tres representantes del PP y los que componen la mayoría PSOE y PNV. Fueron discrepancias tanto de forma como de fondo, pero lo más significativo sin duda fue el intento de los populares de parar toda la proposición de ley, no sólo en lo que afecta a las disposiciones sobre el CGPJ y el TC, sino también a la derogación del delito de sedición y a la rebaja de la malversación de fondos públicos a medida de ERC.
Consideraron los representantes del PP en la Mesa del Senado, esto es, Pío García Escudero, Rafael Hernando y Cristina Ayala que el conjunto de la proposición «no debía ser tramitada por la vía de urgencia» desde el momento que afecta a un texto tan importante como el Código Penal, según ha podido saber El Independiente de fuentes asistentes a la misma.
Alertaron que, tal y como ha ocurrido con la llamada ley de consentimiento sexual o del «sólo sí es sí», «podía provocar reducciones de penas en cascada en los tribunales», en función de la aplicación del principio de irretroactividad de las leyes, salvo que vayan en beneficio del reo, como es el caso. En definitiva, esta iniciativa de PSOE y Unidas Podemos alentada por ERC y destinada a «desjudicializar» el procés independentista del año 2017 que puso en jaque al Estado, «conducirá a que todos los condenados por desvío de fondos públicos pidan la revisión a la baja de sus penas», según las reservas expresadas por los populares en la reunión de la Mesa.
Alertó que la reforma de la malversación producirá «reducciones de penas en cascada»
La petición fue rechazada por la mayoría que conforman los socialistas Ander Gil, Cristina Narbona y Francisco Manuel Fajardo, y el nacionalista vasco, Imanol Landa. No hay representante de Unidas Podemos porque carecen de senadores. Lo cierto es que la decisión del Tribunal Constitucional conocida este lunes, sólo suspende cautelarmente la tramitación de las disposiciones transitorias cuarta y quinta y las disposiciones finales primera y segunda, tal y como reclamó el propio PP en su recurso por una cuestión de procedimiento, no de fondo.
Significa que la petición hecha de viva voz por los populares este martes no tenía más recorrido que volver a expresar su rechazo por dos reformas del Código Penal hechas a la medida de los condenados e imputados de ERC por haber formado parte, en distintos grados, de una estructura destinada a culminar la independencia de Cataluña y haber empleado para ello fondos públicos que fueron desviados.
En todo caso Génova, que ha intentado no usar un tono triunfalista en sus declaraciones públicas, alardea en privado de su «victoria jurídica total» y de cómo «se gana con inteligencia política y no con visceralidad». Así, la estrategia de Vox a la ofensiva anunciado una moción de censura ante lo que parecía cierta inacción del PP se ha visto superada. El partido de Abascal, dicen fuentes populares, «está perdido y hemos ganado nosotros», afirman optimistas sin descartar acabar recurriendo ante el TC la reforma del Código Penal.
Los miembros del PP en la mesa del Senado también se opusieron a que la Cámara Alta se personara como parte afectada en el recurso de amparo por entender que «es, en todo caso, el Congreso el afectado por la decisión del Constitucional», argumentaron. La mayoría acordó que sea la letrada Isabel María Abellán, directora de la Asesoría Jurídica de la Secretaría General del Senado, la que represente al palacio de la Marina Española ante el TC en el periodo de alegaciones de diez días.
Los servicios jurídicos del Senado expresaron dudas sobre cómo actuar contra la suspensión cautelar
Pero los servicios jurídicos, según las mismas fuentes consultadas, expresaron sus dudas respecto «a cómo apuntar la suspensión cautelar», por tratarse de una situación inédita. En conclusión, dicen, «ni era necesaria la personación ni tampoco tramitar la proposición de ley por urgencia», votación que se producirá este jueves en pleno del Senado y ayer pasó el trámite de la comisión.
Además, los populares se quejan de que la presidencia de la Cámara «llevaba ya escrita la respuesta al Constitucional», también de que apenas fueron avisados una hora antes de ser convocados al Senado. «La noche del martes ni se nos avisó ni se nos citó», aseguran a pesar de la intensa actividad nocturna que vivieron los históricos pasillos del Senado con la declaración institucional de Ander Gil y la posterior comparecencia de la portavoz socialista, Eva Granados.
Con la votación este jueves en el Senado, sin informes de los órganos consultivos, sin comparecencias de expertos y por la vía de urgencia, no sólo el delito de sedición desaparecerá del Código Penal para pasar a ser «desórdenes públicos agravados» sino que se abarata la malversación de fondos públicos.
Significa que de una reforma hecha «ad hoc» para el independentismo, pueden acabar beneficiándose el ex ministro Jorge Fernández Díaz, imputado por la Kitchen; el expresidente madrileño Ignacio González y el exconsejero madrileño Francisco Granados, por el caso Púnica, y al expresidente del PSOE y de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán por el de los ERE.