El Real Madrid ha roto su silencio por primera vez después de que estallara el escándalo del caso Enríquez Negreira, ex vicepresidente del Comité Técnico de Árbritos (CTA), que habría alcanzado un acuerdo durante años con el FC Barcelona para que favoreciera al club «en la toma de decisiones de los árbitros».
«Ante la gravedad de las acusaciones formuladas por la Fiscalía de Barcelona contra el F. C. Barcelona y dos de sus presidentes por las sospechas fundadas de corrupción y sus relaciones con quien fuera el vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, José María Enríquez Negreira, el presidente ha convocado con carácter urgente a la Junta Directiva mañana domingo 12 de marzo de 2023 a las 12:00 h, a fin de decidir las acciones que el Real Madrid estime oportunas en relación a este asunto», recoge el comunicado emitido por el Real Madrid.
La estrategia del Real Madrid hasta el momento respecto a la gran polémica que avergüenza al fútbol español ha estado marcada por la discrección. Lo más parecido a una reacción habían sido las declaraciones de Emilio Butragueño, director de Relaciones Institucionales del Real Madrid, en una de sus intervenciones al descanso de los partidos del conjunto merengue, donde el exdelantero blanco se limitó a comentar que «en el Real Madrid hay que respetar los tiempos de la justicia y ahora debemos esperar a que concluyan las investigaciones de la Fiscalía que determinen lo que ha pasado».
Tal y como marcó El Buitre, el conjunto de la Castellana ha comenzado su respuesta una vez que la Fiscalia ha denunciado al FC Barcelona y que la vía judicial ha avanzado. Con esta decisión se abre un escenario que hasta el momento se resistía, ya que el pese a la rivalidad deportiva extrema entre Real Madrid y FC Barcelona las relaciones entre clubes atraviesan una de sus mejores etapas.
Los lazos entre los mandatarios merengues y culés son más fuertes que nunca debido a sus intereses comunes en la Superliga y en su rechazo a la gestión de Javier Tebas al frente de LaLiga.
Denuncia al FC Barcelona
En el escrito presentado ante el Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona, consultado por El Independiente, el Ministerio Fiscal afirma que «a través de los presidentes ARF y JMBF [en referencia a Rosell y Bartomeu] el FCB alcanzó y mantuvo un acuerdo verbal estrictamente confidencial con el denunciado JMEN [Negreira], a fin de que, en su calidad de vicepresidente del CTA y a cambio de dinero, realizase actuaciones tendentes a favorecer al FCB en la toma de decisiones de los árbitros en los partidos que disputase el Club, y así en los resultados de las competiciones; árbitros cuya designación para cada partido de las competiciones españolas oficiales de ámbito estatal y profesional se llevan a cabo en el seno del CTA, organismo encargado, además, de las evaluaciones -en las que participaba el denunciado- para los ascensos y descensos de categoría de los árbitros, así como de la proposición de candidatos a árbitros internacionales».
La denuncia se dirige contra el expresidente del club Josep María Bartomeu a pesar de que fue él quien puso fin a los pagos a Negreira porque los supuestos informes verbales de «asesoramiento» se extendieron desde 2001 hasta 2018, cuando él estaba al frente del club. La sorpresa respecto a lo que se habría filtrado ha sido que el Ministerio Público también ha dirigido sus acciones contra el expresidente Sandro Rosell a pesar de que hay dudas de que los supuestos delitos cometidos durante el periodo en que estuvo frente al club hayan prescrito.
La denuncia finalmente se ha presentado por los presuntos delitos de corrupción entre particulares en el ámbito deportivo, administración desleal y falsedad. También se dirige contra Negreira y los exdirectivos del club Óscar Grau y Albert Soler.
La Fiscalía cifra en más de siete millones los importes cobrados por Negreira del Barça entre 2001 y 2018: «Los pagos realizados por el FCB al denunciado JMEN, desde el 2001 al 2018 durante su vicepresidencia en el CTA, superaron los 7,3 millones de euros según el histórico de importes facturados anualmente por las entidades D 95 S.L y N SCP».