Frente al Tribunal Constitucional (TC), este martes, el vicepresidente de Vox Javier Ortega Smith y el secretario general del grupo en el Congreso de los Diputados, José María Figaredo, acompañados por la vicesecretaria jurídica nacional Marta Castro y la portavoz parlamentaria de Igualdad Carla Toscano, volvían a protagonizar una comparecencia ante los medios tras el registro de su enésimo recurso de inconstitucionalidad en el Alto Tribunal. Con la apelación judicial contra la Ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI, coloquialmente conocida como ‘Ley Trans’, el partido que lidera Santiago Abascal ya acumula 47 recursos en lo que va de legislatura. Una cifra que dista notablemente de los presentados por otras corrientes ideológicas instaladas en las Cortes.
«Contra todas esas leyes nuestra respuesta es bien clara: derogación sin matización. Nosotros no andamos en la componenda del maquillaje y de los retoques que pretenden otros. Frente a las leyes ideológicas del ‘sanchismo’, derogación sin matización», trasladaba Ortega Smith a la salida. Y es que el uso de este instrumento constitucional previsto en la Carta Magna, se ha convertido en un mecanismo de oposición más al Gobierno de coalición que preside Pedro Sánchez. Es más, frente a la cámara baja y el Senado, el TC se ha erigido como la ‘tercera’ arena política de Vox a lo largo de esta legislatura. Choca por ello, no obstante, que en su documento programático vigente, la Agenda España, Vox abogue por «transformar la elección de los miembros del TC hasta que sus funciones las asuma una nueva sala del Tribunal Supremo».
En este momento, tras analizar el registro del Constitucional, el balance de éxito de Vox ante el TC es de cuatro de cada diez ocasiones, teniendo en cuenta los seis recursos que se han estimado total o parcialmente, los cuatro desestimados por completo, y los cinco inadmitidos directamente desde el inicio del proceso. A esos 15 ya superados después de la valoración del TC, se añaden los 18 recursos admitidos que están pendientes de resolución, mientras que otros 14, incluido el de la ley trans, están pendientes de su revisión. Que fracasen seis de cada diez solicitudes, no impide a los de Abascal seguir haciendo uso de la institución como método de desgaste y para conseguir ciertas conquistas que ni de manera individual, como tercer partido de la oposición, ni junto al PP y otros grupos minoritarios, pueden hacer en el parlamento ante una mayoría de gobierno afianzada con regionalistas, nacionalistas e independentistas, entre otros.
Ahora bien, para hacer uso de este procedimiento, Vox y cualquier otro partido requiere de al menos 50 escaños en el Congreso. Así lo estipula el artículo 32 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, que fija la potestad para interponer este tipo de recursos también al presidente del Gobierno, al Defensor del Pueblo y a los parlamentos autonómicos. De ahí que en la anterior legislatura, prolongada desde abril a septiembre de 2019 de manera previa a la repetición electoral de octubre que dio pie a la actual distribución en las Cortes, Vox, que ostentaba 24 diputados, tuvo que depender del PP de Pablo Casado para recurrir desde el ámbito nacional la ley foral de ‘abusos policiales’ promulgada por los socios del PSN-PSOE en el Gobierno de Navarra, caso de Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e Izquierda-Ezkerra. A finales de mayo de 2021, ya con el actual reparto de fuerzas, el TC desestimó la reclamación a una norma que busca reconocer y reparar a las víctimas de ataques políticos por parte de grupos extremistas o funcionarios públicos. Recientemente, ha sido reformada para garantizar indemnizaciones y asistencia sanitaria a los afectados.
El balance de éxito de Vox ante el Constitucional es de cuatro de cada diez recursos presentados. No obstante, se han atendido por completo quince de los 47 totales en esta legislatura»
Internamente, Vox afirma estar «muy fuerte» y prevén que los resultados que salgan de las urnas en las próximas generales de diciembre serán «mucho mejores» que los actuales. Pero no aportan ningún dato concreto de las cifras que manejan. Atendiendo a las encuestas de entidades privadas que se han publicado recientemente, las cuales para Bambú carecen de veracidad porque buscan «condicionar el voto» y no describir una realidad, hay un dilema que se presenta a Vox. Desde finales de diciembre no hay regularidad en las mediciones que estimen a la candidatura de Abascal alcanzar, al menos esa media centena de diputados en el Congreso.
De los 52 sondeos publicados entre enero y abril -sin contar con el CIS-, solo seis dan entre 50 y 54 parlamentarios a Vox y ello entre mediados de febrero y principios de marzo. DYM para el grupo Henneo ha cerrado marzo percibiendo a los ultraconservadores con entre 47 y 50 miembros tras la moción de censura a Sánchez. Pero ninguna de las seis publicadas en la última oleada de sondeos esta semana le auguran rebasar la barrera de los 50. Solo SocioMétrica para El Español lo ve cerca con 49 diputados. Hamalgama Métrica para Vozpópuli es quien más alto ha visto a Vox estos meses, y está por ver si rompe la actual racha en su próxima estimación o discrepa del resto de demoscópicas.
Respecto al dilema, por un lado, la contemplación de esta herramienta como arma de oposición al Ejecutivo carece mayoritariamente del sentido si la próxima legislatura llega a Moncloa de la mano del PP, con quien, independientemente de los resultados comentados, suma mayoría absoluta. También si alcanza un acuerdo de apoyo externo al Gobierno como ya protagonizó Albert Rivera y Ciudadanos en la última legislatura de Mariano Rajoy. Aunque en este caso, cualquier acuerdo de Alberto Núñez Feijóo con el PSOE o terceros partidos para dar luz verde a determinadas legislaciones, no podría ser trasladada a la Justicia. No sería la primera vez que el principal partido de gobierno recurre al referente de la oposición para tramitar normas de las que discrepan sus socios. El propio PSOE ha legislado con la abstención del PP y el rechazo de Unidas Podemos y el resto de socios externos cuestiones como la Ley Audiovisual. También está previsto que modifique la ley del ‘solo sí es sí’ con los populares.
En todo caso, Vox no tendría capacidad propia de acudir al TC si considera que alguna legislación autonómica ajena a siglas conservadoras, como sí ha podido hacer estos años con cuestiones en Cataluña o Baleares, vulnera la Constitución. Tendría que ir nuevamente junto al PP desde Moncloa y acatar que Génova descarte apoyar algunas de sus reacciones contrarias.
Por otro lado, aunque la tendencia es estable y no hay trasvase de votos entre bloques, el panorama político puede dar un vuelco en los próximos meses. Primero, al tesón de los resultados del 28-M; y después con el asentamiento de Sumar, entre otros factores. De tener opciones Sánchez de repetir en el Gobierno otra legislatura más y de acaparar el PP más voto de Vox a cuenta de la utilidad del mismo en las urnas, los de Abascal podrían perder su baza judicial en el Tribunal Constitucional durante los próximos cuatro años.
Los recursos pendientes de valorar
Ese 40% de éxito en los 15 recursos de Vox ya valorados, se han producido en su mayoría a principios de la legislatura, con la crisis sanitaria del coronavirus de fondo. Ellos son la anulación posterior de los dos estados de alarma decretados por el Gobierno por la pandemia, al considerarse necesario una declaración más amplia y de estado de excepción. A ello se une la anulación de la inclusión de Pablo Iglesias en 2020, entonces vicepresidente, en la comisión delegada del CNI o la retirada del ‘cordón sanitario’ a Vox en el País Vasco por el intento de limitar la actividad parlamentaria de su única representante.
Los recursos estimados por el TC se limitan a los dos primeros años de legislatura y bajo el contexto de pandemia, como la anulación de los dos estados de alarma o la inclusión de Iglesias en la comisión delegada del CNI»
Al contrario, los fallos negativos del TC han ido a parar a el recurso contra la ley de la eutanasia; la ley del parlamento murciano para la recuperación y protección del Mar Menor; la ley Celáa de Educación y la exclusión del castellano como lengua vehicular; contra el decreto de plusvalía municipal del Gobierno y por el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal general del Estado [ya fuera del cargo]. Rechazados directamente, sin admisión, han estado los recursos al uso del bable en el parlamento asturiano; a la votación de la reforma laboral «por infracción procedimental» o el sorteo del fallo del TSJC que establece un mínimo del 25% de la enseñanza en castellano.
32 recursos aún están en el limbo. De los admitidos, pueden destacarse los más recientes como el de la derogación de la sedición y la rebaja de las penas por malversación; el de la ley del ‘solo sí es sí’; a la ley de Memoria Democrática o el reconocimiento del Mar Menor como persona jurídica. Se unen otras como el recurso de inconstitucionalidad a la ‘ley riders’ -presentada por el PP también-; contra el ingreso mínimo vital y por la «ruptura de la Caja Única de la Seguridad Social» por los Presupuestos de 2022 o a «la prohibición de rezar ante los centros abortista». En cambio, de los aún no admitidos puede aludirse a la ‘Ley Zerolo’ de igualdad de traro; al decreto energético de agosto -sí se ha admitido el de Isabel Díaz Ayuso desde la Comunidad de Madrid-, y al de la ley trans que pone el broche a un largo listado de iniciativas.
Un «plan de acción» en el Congreso
Este tipo de acciones judiciales que parten de la misma base estratégica, que es despuntar en oposición al Gobierno frente al PP, se va a complementar en los próximos meses en el Congreso con un «plan de acción» para derogar las leyes «nocivas» del Ejecutivo de coalición. La primera de ellas se ha anunciado este martes como proposición de ley orgánica, y busca anular la Memoria Democrática, la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial o al Ingreso Mínimo Vital que cede competencias a las comunidades. Con estos planteamientos, Vox quiere allanar el camino hacia un nuevo gobierno que perciben ya sin el PSOE al frente y hacer que los populares se pronuncien al respecto desde el escaño.