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MeToo en las universidades, 33 profesores investigados (y es una buena noticia)

Hasta cuatro alumnas han denunciado por acoso al profesor de la facultad de Comunicación Blanquerna de la Universidad Ramon Llull (URL) que ha sido apartado de la docencia esta semana. No es un caso aislado. En los últimos cinco años un total de 28 docentes han sido suspendidos en las universidades catalanas por acoso sexual o laboral.

Unas cifras que Rosa Valls, investigadora y catedrática de la Universidad de Barcelona, lee en positivo. «En España se entiende que tener denuncias en la universidad equivale a mala fama, cuando a nivel mundial, tener oficinas y denuncias es señal de calidad, porque se toman en serio este tema».

Estas denuncias no han hecho mas que mostrar la punta del iceberg del sexismo en las universidades, defiende el grupo el grupo MeToo Universidades, al que pertenece Valls. Aunque los casos que han concluido en sanciones o condenas penales son los menos. «Hace tiempo que existen protocolos de apoyo a las víctimas de acoso» relata, pero atribuye el detonante de este aumento de denuncias a la repercusión en los medios de comunicación.

Acumulación de denuncias

En el caso de la Blanquerna, la universidad despidió este viernes al profesor, tras concluir la investigación de las cuatro denuncias por abusos en las últimas dos semanas. Este docente ya estuvo apartado de la docencia y sin percibir su salario durante tres meses como sanción impuesta por la universidad a principios de este curso tras haber recibido la primera de las denuncias por acoso. En febrero, una vez cumplida la sanción, el docente volvió a impartir clases.

El pasado día 10 de mayo, con la segunda de las denuncias sobre la mesa, la universidad decidió apartar nuevamente al docente, aunque de manera cautelar. El día 12 recibió la tercera de las denuncias y este martes la cuarta.

Desde Blanquerna han rehusado dar más detalles sobre el tipo de acoso del que se acusa al profesor ni sobre su identidad. Los casos de Blanquerna se suman a los vividos recientemente en la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) y del Institut del Teatre, dos entidades cuyos alumnos han denunciado varios casos de acoso sexual que han acabado apartando a profesores.

Más de 150 expedientes

De hecho, en los últimos cinco años, los centros universitarios catalanes acumulan más de 150 expedientes por acoso sexual y laboral, según una información que publica este martes El Periódico. Se han registrado denuncias tanto de alumnos de grado como de investigadores predoctorales por acoso sexual y laboral en la UAB, la Universidad Pompeu Fabra, el TecnoCampus de Mataró y Universidad de Lleida.

Esos expedientes se han traducido en 33 profesores investigados en últimos años por abuso sexual o laboral en las universidades catalanas. Aún así, Valls es crítica con el funcionamiento de la mayoría de las oficinas de igualdad que deben gestionar estas denuncias, y no solo en Cataluña. Asegura que la situación es similar en toda España.

La organización #MeTooUniversidades se ha convertido en la primera receptora de denuncias, pero muchas no se llegan a formalizar, explica Valls, por temor a las repercusiones. Todas las universidades están obligadas a tener oficinas de igualdad y protocolos de actuación en casos de abuso sexual o laboral desde 2007, cuando este requisito se incluyó en la Ley de universidades.

Desgraciadamente, lamenta Valls, muchas de esas oficinas «no funcionan». De hecho, apunta, «las que funcionan son las que hacen más denuncias» advierte señalando el caso de la UAB como un ejemplo a seguir. «Venimos de una universidad endogámica y feudal» que favorece esos abusos de poder con el silencio cómplice de una comunidad universitaria que no se atreve a denunciar, lamenta. «Aunque ahora se está rompiendo» esa dinámica.

Violencia aislante

En este sentido, destaca las regulaciones aprobadas en Cataluña y el País Vasco, y en camino en Asturias, para penalizar la «violencia de segundo grado» o «violencia de género aislante» que penaliza a quienes denuncian los abusos. Muchas víctimas «no se atreven a denunciar por temor a consecuencias laborales, en los exámenes o los proyectos de investigación» y si la víctima «se siente aislada, sin apoyo de otros alumnos o profesores» esa denuncia aún es más difícil.

Valls señala que en la universidad «muchos de los abusadores solo se atreven en la universidad, porque también es una cuestión de poder». Y defiende la implementación de medidas como las adoptadas en las universidades norteamericanas de prestigio.

En Harvard «está prohibido atender visitas en el despacho con la puerta cerrada y si un profesor conoce un caso de abuso y no lo denuncia es expulsado». En España «nos falta mucho, pero llegaremos ahí» asegura.

Expedientes abiertos

De momento, el recuento de los últimos cinco años en las universidades catalanas arroja un balance de una treintena de expedientes con desigual distribución. La Universidad Pompeu Fabra (UPF) es la que acumula más casos, con ocho docentes investigados, de los que dos han sido sancionados. Uno de los casos sigue abierto.

Le sigue la Autónoma, con seis casos. Entre ellos, el catedrático de Física a quien la Audiencia Provincial de Barcelona ha condenado a un año y medio de cárcel por agresiones sexuales continuadas sobre una doctoranda de la facultad de ciencias durante dos años. La UAB apartó de la docencia al catedrático, pero no lo hizo hasta que la sentencia no fue ratificada por la Audiencia, lo que provocó las quejas de los estudiantes.

También la Universidad de Lleida acumula seis denuncias, algunas de ellas todavía en investigación, y otras cuatro la Universidad de Girona. La Universidad de Barcelona, la Rovira i Virgili de Tarragona, la Politécnica y la Ramon Llull notifican dos denuncias cada una y otra más la Universidad Internacional de Cataluña (UIC). Casi todas tienen expedientes abiertos.

En todos los casos, los estudiantes han denunciado lagunas en los protocolos porque «no apoyan suficientemente a los alumnos que denuncian» y las universidades han admitido que deberían reformularse algunos aspectos. El principal problema, concluye Valls, es que «no ponen a investigar a la gente conoce el tema».

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