Si hace unos meses las medidas para mitigar el impacto de la guerra de Ucrania en los bolsillos de los españoles debían ser temporales y transitorias, ahora… ya no. El Gobierno ha ido suavizando su postura, al principio frontal contra la bajada de impuestos incluso a las clases más bajas, sobre todo desde que el PP inició la batalla fiscal.
Los miembros del Ejecutivo y también la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, han rechazado durante las últimas semanas la posibilidad de bajar el IRPF a los contribuyentes. De cualquier manera. Daba igual que fuese a todos, como prometen algunas regiones del PP, o a las clases medias y bajas, como va a hacer el socialista Ximo Puig en la Comunidad Valenciana. No, y no.
Pero esta semana los ministros empezaron a dejar caer que esa rigidez se estaba ablandando. La vicepresidenta y responsable de la cartera de Economía, Nadia Calviño, de natural discreto, ya dejó caer el miércoles, tras una reunión con la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, que sí contemplaban rebajas de impuestos generalizadas, pese a la negativa de los días anteriores.
«Tenemos la determinación de adoptar las medidas que sean necesarias incluyendo rebajas fiscales selectivas o generalizadas como hemos venido haciendo», adelantó. Con el «generalizadas» se refería a la bajada del IVA de los combustibles, al de la luz o también a otras iniciativas como la bajada del precio de los abonos del transporte público. En ese momento no quiso concretar si estaban pensando en IRPF, pero la noticia se supo al día siguiente.
Rebaja a las rentas más bajas y subida a los más ricos
El Gobierno ha decidido llevar a cabo dos cambios en el impuesto sobre la renta. Por un lado, bajarlo -que no deflactarlo ni ajustarlo- a las rentas más bajas (que ganan menos de 21.000 euros anuales). Por otro, subirlo a las más altas (por encima de los 200.ooo). El resto de la población se queda como está. Y los cambios serán permanentes, no temporales, como sí se prevé que sea el impuesto de solidaridad a las grandes fortunas, impuesto a los ricos o «impuesto Montero».
Es lo que suele suceder cuando se modifican los tramos del IRPF, hacerlo de manera permanente. Así lo han negociado PSOE y Podemos y así figurará en los próximos presupuestos generales del Estado, que están a punto de cerrarse -el anuncio de este paquete fiscal fue una primera presentación de lo que estará en esos presupuestos, de los que aún quedan «flecos» por pactar entre los dos socios de Gobierno-.
La medida estrella del plan fiscal, que se ha adelantado a una segura guerra entre autonomías para bajar los impuestos a sus ciudadanos, es más una bajada de IRPF que una subida, aunque incluya ambas. Es así puesto que con la bajada de IRPF a las rentas inferiores a 21.000 euros el Ejecutivo dejará de ingresar casi 1.900 millones de euros, mientras que la subida a las mayores de 200.000 prevé recaudar 204 millones.
A eso se sumarán otras rebajas de impuestos que también incluye el mismo plan, como los beneficios fiscales a los autónomos y a las pequeñas y medianas empresas, y una rebaja del IVA a los productos de higiene femenina, medida por la que venía peleando Podemos. En total, llevarán al Estado a perder 2.500 millones de euros en ingresos.
Aun así, el plan del Gobierno es recaudar más con el conjunto de medidas propuestas. No han desglosado los datos, pero la cifra compartida ayer por Hacienda es que en total recaudarán más: 3.100 millones de euros más a lo largo de los dos próximos años. ¿Cómo? En parte, con el impuesto a las grandes fortunas, pero también con los cambios que introducen en el impuesto de sociedades, que limitan la capacidad de las empresas de compensar las pérdidas de las filiales con lo que pretenden ingresar 2.400 millones durante los próximos dos años.
«No guarda relación con las deflactaciones»
A pesar de tratarse de una rebaja en el IRPF, desde Hacienda han insistido en que la medida acordada no es una deflactación del impuesto, ni un ajuste del mismo para compensar el efecto de la inflación, como han venido anunciando otras comunidades y como el Ejecutivo venía rechazando hacer. Se trata de dos cambios en los tramos para que los que están más abajo en la escalera paguen menos (unos 700 euros anuales en el caso de un trabajador que gana 18.000 euros al año) y para que los de más arriba paguen más.
«No guarda relación con las deflactaciones», recalcó Montero en la rueda de prensa, transmitiendo también que «no se trata de una rebaja generalizada de impuestos» puesto que beneficia «a las personas que tenemos que proteger» y no al conjunto de los contribuyentes, como sí ha sido el caso de los ajustes de la tarifa del IRPF anunciados por las comunidades gobernadas por el PP.