La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha iniciado un expediente sancionador contra Google y contra su matriz Alphabet por prácticas anticompetitivas en el mercado de agregación de noticias y en el de publicidad digital que afectan a las editoriales de publicaciones de prensa y agencias de noticias establecidas en España.
En concreto, estas prácticas consistirían «en la posible imposición de condiciones comerciales no equitativas» a los medios para la explotación de su contenido protegido por derechos de propiedad intelectual. Por otra parte, las conductas investigadas también incluyen presuntas «prácticas que constituirían actos de competencia desleal».
Las conductas investigadas también incluirían prácticas que constituirían actos de competencia desleal que podrían falsear la libre competencia con afectación al interés público. «Estas prácticas podrían infringir el apartado tercero del artículo 129 bis del Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, y podrían suponer la explotación de la situación de dependencia económica respecto a Google en que se encontrarían las editoriales de publicaciones de prensa y agencias de noticias establecidas en España», explican.
El expediente, que será resuelto en un periodo máximo de 18 meses, tiene su origen en una denuncia recibida en la CNMC por parte del Centro Español de Derechos Reprográficos (CEDRO) hace dos años. En ella, se remarcaba el daño que la tecnológica estaba provocando en el negocio de las editoriales de prensa y agencias nacionales. Precisamente, por esas prácticas anticompetitivas en la agregación de noticias y el mercado publicitario digital.
A la vista de dicha denuncia y de la información recabada en el marco de la fase de información reservada, la Dirección de Competencia de la CNMC considera que existen indicios racionales de la comisión, por parte de Google, de posibles infracciones de los artículos 2 y 3 de la LDC, así como del artículo 102 del TFUE.
En concreto, la demanda fue presentada «para garantizar que los derechos de propiedad intelectual de los autores y editores de noticias no se vean perjudicados por las prácticas que consideramos abusivas y de posición dominante de Google y que deterioran la independencia, pluralidad y libertad de prensa», aseguró entonces Jorge Corrales, director general de CEDRO. En ella, se acusa a Google de ejercer una «actividad abusiva» a través de Google Discover, herramienta destinada a mostrar contenido de acuerdo a los intereses del usuario, que impide el libre mercado en el sector de la agregación de contenidos.
«Hasta la fecha, el buscador se niega a remunerar a los editores de periódicos y revistas por la utilización de los artículos en su agregador, incumpliendo lo establecido en el artículo 32.2 de nuestra Ley de Propiedad Intelectual», explicaba Corrales.
El director de Cedro alertaba de que esta «tiene consecuencias dramáticas para la diversidad de prensa y los valores democráticos de un país, puesto que esta plataforma está sustituyendo en la cadena de valor del sector periodístico el papel que desempeñan los editores, tanto en su dimensión publicitaria como, ahora, en la difusión de contenidos y sus ingresos correspondientes».