Una tarde de verano en el Vieux Port de la ciudad francesa de Marsella. Entre turistas y curiosos, una concentración recuerda en el país vecino las últimas deportaciones de activistas argelinos firmadas por España. “España captura, Argelia tortura”, clama la pancarta. La oposición argelina y los movimientos que surgieron en los últimos años de Abdelaziz Bouteflika en el poder desconfían del Gobierno español, incluso ahora que las relaciones entre ambos países pasan por su peor momento en décadas.
“España entregó a dos compatriotas, Mohamed Abdalá y Mohamed Benhalima, a las autoridades dictatoriales argelinas. Seguimos teniendo miedo”, comenta a El Independiente Farid Boughida, un periodista argelino que acaba de obtener el asilo político en España. Dejó Argelia en septiembre de 2020 a bordo de una patera y sobre él pesa desde el pasado marzo una orden de arresto emitida por un tribunal argelino por su trabajo. “Incluso habiendo obtenido el derecho al asilo político sé que hay peligros”, murmura en la semana en la que Pedro Sánchez ha asegurado ante el canciller alemán, Olaf Scholz, que iría encantado a Argelia, convertida en objeto de deseo por su producción de gas en una Europa que busca a la desesperada alternativas al gas y el petróleo ruso.
El histórico cambio de posición en el contencioso del Sáhara Occidental, que en marzo llevó a Argel a retirar a su embajador en España y congelar el comercio, no ha cambiado los ánimos entre la disidencia argelina que protagonizó una insólita oleada de protestas entre 2019 y 2021 contra el entonces presidente Abdelaziz Bouteflika y la cúpula militar que sigue rigiendo los designios del país. En marzo, en pleno rifirrafe diplomático, España deportó a Argel a Mohamed Benhalima, un activista y ex militar argelino que había denunciado la corrupción entre los altos cargos militares.
El caso Benhalima
Había solicitado asilo en España en dos ocasiones: el 18 de febrero de 2020 y el 18 de marzo de 2022. En ambas recibió una negativa como respuesta. Y terminó protagonizando un proceso de expulsión que, según organizaciones de derechos humanos, violó el derecho del solicitante a una evaluación de los riesgos de su devolución. En mayo, ya en Argel, le fue impuesta una condena de muerte por un tribunal argelino. Consciente de tal escenario, Amnistía Internacional trató de paralizar sin éxito su deportación.
Según la organización, las autoridades españolas no aportaron pruebas de la supuesta vinculación de Mohamed Benhalima con el movimiento opositor argelino Rachad designado como terrorista por Argel en febrero, ni del presunto objetivo del grupo de infiltrar a jóvenes radicales bajo la cobertura de protestar contra el gobierno. Después de que uno de sus abogados fuera detenido, su entorno familiar ha declinado hacer declaraciones a la prensa, a la espera de los procesos judiciales.
Cerca de 300 personas se hallan entre rejas en Argelia por motivos políticos
Las autoridades españolas tampoco tuvieron en cuenta el contexto argelino, marcado por el uso de los cargos judiciales para perseguir la disidencia alegando riesgo para la seguridad nacional o amenaza terrorista. Cerca de 300 personas se hallan entre rejas en Argelia por motivos políticos, estima Amnistía. La ONU advierte, además, del «deterioro de la situación de los derechos humanos y la continua y creciente represión de los miembros del movimiento prodemocrático Hirak”.
Expulsión bajo escrutinio
Hace un año fue también deportado Mohamed Abdalá, otro ex militar que denunció la corrupción generalizada entre los funcionarios encargados de vigilar la frontera entre Argelia y Túnez. Y, tras informar a sus superiores de los sobornos o el contrabando de armas y gasolina de los que había sido testigo, terminó compartiendo la información con activistas anticorrupción. “Tenía una página de Facebook que utilizaba para denunciar la corrupción. No haberlo hecho es una ofensa y como argelino no podía quedarme callado. Lo hice para defender a mi país”, alegó ante el juez.
Temeroso de las represalias, huyó a España en noviembre de 2018. Se estableció en Alicante, la provincia que concentra la cuarta parte de los cerca de 65.000 residentes argelinos en España. Meses después, solicitó asilo político y multiplicó sus críticas al régimen argelino a través de sus redes sociales, con decenas de miles de seguidores. Tras serle denegado el asilo, las autoridades españolas consumaron su deportación a Argel, donde es juzgado por “socavar el orden público y la seguridad y estabilidad del estado”. En marzo fue condenado a cinco años de prisión por “pertenencia a un grupo terrorista con el objetivo de socavar la seguridad del Estado y la unidad nacional”.
«Pagarás un precio muy alto»
Ambos casos -junto al de Brahim Laalami, un conocido activista del movimiento de protestas Hirak condenado a dos años de prisión tras ser detenido cuando trataba de cruzar el Mediterráneo ilegalmente con destino a España- han alimentado los recelos con el Gobierno español entre quienes aún denuncian la represión y las faltas de libertades públicas en Argelia. Tanto Benhalima como Abdalá han declarado haber sufrido torturas en prisión.
He llegado a pensar que España se ha convertido en un peligro para los solicitantes de asilo
“He llegado a pensar que España se ha convertido en un peligro para los solicitantes de asilo, que huyen de la opresión y el hostigamiento continuo de las autoridades argelinas”, asegura a este diario un disidente argelino que exige anonimato. “España está intentando comerciar con los opositores. Somos moneda de cambio”, desliza sin esperanzas en que la ruptura de lazos diplomáticos ayude a las decenas de disidentes que residen en nuestro país. “Las tensas relaciones entre España y Argelia pueden afectar de una manera considerable a los que han buscado refugio en España, especialmente a los opositores, periodistas y activistas que han pedido un cambio pacífico de régimen”, agrega.
Los últimos acontecimientos, con el régimen argelino decidido a mantener el grifo cerrado del comercio y las relaciones alcanzadas por un impasse que dura ya medio año, han provocado las reprimendas de familiares y allegados de los activistas deportados. “Pedro Sánchez, enviaste a Mohamed Abdalá a Argelia cuando solicitaba asilo en España a cambio de gas, donde ahora se enfrenta a la pena capital en una infame prisión militar. Pensaste que la junta militar cumpliría su palabra y te suministraría gas barato, pero ahora has descubierto que te han tomado el pelo. Eres un tonto [sic], qué vergüenza”, señalan desde el entorno de Abdalá en un breve mensaje al presidente del Gobierno.
Durante los meses que precedieron a su arresto y su devolución a las autoridades argelinas, Abdalá denunció ante las fuerzas de seguridad españolas haber sido vigilado y amenazado por agentes argelinos en España. Uno de los mensajes que recibió resuena ahora como un triste presagio, finalmente cumplido: “Pagarás un precio muy alto por lo que has dicho. Sabemos que has pedido asilo en España y nos vamos a asegurar de que no lo consigas”.