Ferraz y la Moncloa mantuvieron durante toda la jornada un especial mutismo sobre cuál sería el plan b en caso de que el TC diera la razón al PP, como finalmente ocurrió. El mensaje oficial, y el que trasladó la portavoz del partido, Pilar Alegría, era simple: los socialistas no querían ni situarse en un escenario adverso, ni «imaginarlo». Las consecuencias por ese choque institucional, había avisado desde el viernes el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, serían «impredecibles«.
En todo caso, tanto la Moncloa como fuentes parlamentarias socialistas sí aseguraban que el presidente, Pedro Sánchez, no se quedaría quieto. No se podía quedar quieto, ya que tendría que actuar «en legítima defensa» para forzar la renovación del TC sí o sí. Buscando otro procedimiento, obviamente.
La alternativa más obvia, la que citaban este lunes, antes de conocerse la resolución de los magistrados de aceptar las cautelarísimas, tanto en el Gobierno como en las dos Cámaras, es reconvertir las dos enmiendas ahora paralizadas en una proposición de ley autónoma, independiente (propuesta que por su cuenta registró este mismo lunes Más País), y tramitar esa iniciativa por separado y de manera exprés, por el procedimiento de urgencia y en lectura única.
Con esta doble fórmula, el texto podría estar aprobado en apenas 15 días a partir de su calificación por la Mesa del Congreso. La vía de urgencia (artículo 94 del reglamento del Congreso) acorta los plazos a la mitad de los ordinarios y la lectura única (artículo 150) permite que, una vez tomada en consideración la proposición, se somete el conjunto del texto a una sola votación por el pleno. Es decir, no pasa por ponencia y comisión y las enmiendas, si las hay, se discuten y aprueban en el hemiciclo. De ahí pasa la propuesta al Senado, que lo puede tramitar rápidamente a través de ese doble mecanismo. El procedimiento de urgencia y en lectura única ha sido utilizado con frecuencia por los gobiernos de PP y del PSOE y es «el único» eficaz y viable, por ejemplo, que estiman fuentes de la Presidencia del Senado, la Cámara concernida ahora por la decisión del TC.
En este caso, sin embargo, hay un pequeño obstáculo añadido. Enero es inhábil a efectos parlamentarios, de tal manera que la celebración de un pleno extraordinario —o varios, como sería el caso— solo lo pueden solicitar el Gobierno, la Diputación Permanente (el órgano que asume el poder de la Cámara en los periodos de vacaciones parlamentarias) o la mayoría absoluta de los diputados. Este requisito, por tanto, no sería problemático, pero es un trámite más que se suma.
Otra alternativa sería hacer colgar las enmiendas para forzar el desbloqueo del TC en otra iniciativa de un grupo parlamentario socio del Ejecutivo que ya estuviera calificada por la Mesa. Texto con el que tuviera conexión, claro, porque precisamente la queja del PP, y la que motivó su recurso de amparo ante el TC, es que las enmiendas registradas por PSOE y Unidas Podemos no guardaban relación ninguna con la reforma del Código Penal, y la doctrina del tribunal de garantías es tajante: no deben admitirse enmiendas que carezcan de «relación alguna de homogeneidad con el texto enmendado», tal y como proclamó en su sentencia 119/2011. En esa resolución, precisamente, el TC dio la razón a los senadores socialistas, que pidieron el amparo —y se les dio— porque el Gobierno del PP promovió en 2003 (ocho años antes) una reforma del Código Penal para la creación de un nuevo delito, la convocatoria ilegal de referéndum, vía enmiendas a la ley de arbitraje.
La fórmula del proyecto de ley es la que parece más descartada, por ser la más larga, ya que requiere que el texto aprobado a iniciativa del Consejo de Ministros —y no de los grupos parlamentarios, como ocurre con las proposiciones de ley— sea estudiado por los órganos consultivos. Una vez estos emiten su dictamen preceptivo, aunque no vinculante, vuelve al Consejo de Ministros para una segunda lectura, tras la que el texto sí se envía ya a las Cortes para que comience su tramitación parlamentaria. Este procedimiento, más garantista, puede llevar meses, y la legislatura se acaba en menos de un año, con la precampaña y campaña de las elecciones municipales y autonómicas a la vuelta de la esquina.
Tampoco es inocuo que el TC paralice solo las enmiendas recurridas por el PP o todo el dictamen que está ya en el Senado. De hecho, el Congreso ya contempló esos dos escenarios la semana pasada. Fuentes próximas a la presidenta, Meritxell Batet, indicaban que los letrados de la Cámara interpretaban que aunque el Constitucional suspendiera las dos enmiendas que cambiaban las reglas del juego en el TC —las registradas como las números 61 y 62—, el conjunto de la reforma debiera congelarse por completo. La razón que esgrimían los servicios jurídicos del Congreso es que ambas enmiendas ya estaban integradas en el dictamen que había aprobado la Comisión de Justicia y remitido al pleno. Es decir, que no tenían vida propia.
La óptica del Senado, sin embargo, es distinta. El presidente de la Cámara alta, el socialista Ander Gil, también consultó al letrado mayor y este sí veía la fórmula para «desgajar las enmiendas» del conjunto del texto, de tal manera que este sí podría continuar su camino hasta quedar aprobado definitivamente en el pleno de este jueves, 22 de diciembre. La Mesa de la Cámara alta decide este martes, a partir de las 8.30, qué procedimiento aplica y qué se vota en el hemiciclo.
De tumbarse todo el texto, la complicación aumenta para el Gobierno. Tendría que separar la reforma del Código Penal —reformas de la sedición y malversación y creación del tipo de enriquecimiento ilícito— del cambio en las leyes orgánicas del TC y del Poder Judicial, y tramitarlas como dos proposiciones de ley autónomas, que podrían despacharse, eso sí, en lectura única y con urgencia.
Pero más allá del varapalo que supone para el Ejecutivo, porque es una desautorización radical por parte del TC, en la Moncloa preparaban ya el contraataque: la adopción de las medidas cautelarísimas demostraría que el «complot» de la «derecha política y judicial» que denunció Sánchez el pasado jueves en Bruselas «existe». «No pensábamos que iba a haber golpistas en el TC, así que mejor desenmascararlos«, apuntaba con dureza un alto cargo del Ejecutivo. «Queda en evidencia la utilización espuria del TC, su intento de jaque al sistema para una estrategia electoral de un partido. Eso es lo importante, el resto ya son cuestiones instrumentales y accesorias. Lo que queda es que hay un partido político dentro de un órgano constitucional», señalaba con preocupación un alto mando socialista del Senado.