El Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) concluyó este martes sin un acuerdo entre los vocales para designar a los dos magistrados del Tribunal Constitucional que corresponden al órgano de gobierno de los jueces para renovar el tribunal de garantías puesto que el Gobierno ya ha propuesto a sus dos candidatos. Ningún candidato de los propuestos por conservadores ni progresistas ha alcanzado los tres quintos necesarios para obtener la plaza.
Realizada la votación, César Tolosa y Pablo Lucas, que fueron propuestos por los conservadores, recibieron 10 votos mientras que José Manuel Bandrés obtuvo siete. De tal manera, ninguno obtuvo la mayoría suficiente para ser nombrado.
Un día después de que el Tribunal Constitucional paralizara el procedimiento legislativo con el que los partidos del Gobierno, PSOE y Podemos, pretendían garantizar que el Gobierno procediera al nombramiento del exministro Juan Carlos Campo y la exasesora del Ministerio de la Presidencia, Laura Díez, como magistrados del Alto Tribunal sin esperar a los nombramientos del CGPJ, el consejo de jueces confirma el bloqueo en el tribunal de garantías.
Los 18 vocales del órgano -deberían ser 20 más el presidente pero desde que el órgano caducó en 2018 Victoria Cinto falleció, Rafael Fernández Valverde se jubiló y el presidente Carlos Lesmes dimitió, siendo sustituido por el vocal Rafael Mozo– se sentaron a la mesa del pleno extraordinario con el único orden del día de los nombramientos.
El bloque conservador y mayoritario del órgano propuso como candidatos a los magistrados del Tribunal Supremo César Tolosa y Pablo Lucas. Este último figuró en una primera lista de candidatos más amplia que los progresistas presentaron durante las reuniones de la mesa negociadora sucedidas desde septiembre, que acabaron sin acuerdo. Sin embargo, la apuesta final de los progresistas fue José Manuel Bandrés, a quien los conservadores habían vetado por considerarle progubernamental y próximo al independentismo.
De ahí que el Gobierno, viendo que la renovación del tercio del Constitucional -cuatro magistrados- que venció su mandato en junio no iba a poder salir adelante al completo, intentó modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) y la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC) aprovechando la reforma de la sedición y la malversación para cambiar la mayoría necesaria para los nombramientos en el CGPJ y eliminar la verificación de las candidaturas por parte del Tribunal Constitucional con el fin de que éste pudiera renovarse únicamente con los dos magistrados nombrados por el Ejecutivo de Pedro Sánchez. El PP recurrió ante el Constitucional el procedimiento viendo vulnerado el derecho fundamental de representación y participación política, dándole el tribunal la razón, y la situación volvió al punto de partida en el que es necesario que los cuatro nombramientos salgan a la vez.
El CGPJ, que también venció su mandato en 2018 y desde entonces lleva bloqueado por la falta de acuerdo político entre PSOE y PP para su renovación, finalmente no ha procedido al nombramiento de sus dos magistrados en este Pleno, por lo que el Constitucional seguirá sin poder renovarse de momento.
Abstenciones de Lucas y Martínez de Careaga
Ya sentados a la mesa este martes, los miembros del órgano de gobierno de los jueces comenzaron discutiendo la abstención de dos miembros: el vocal Enrique Lucas, hermano del candidato Pablo Lucas, y Clara Martínez de Careaga, esposa del magistrado del Constitucional Cándido Conde-Pumpido que previsiblemente presidirá el órgano en la nueva etapa de mayoría progresista que se inaugurará cuando éste se renueve.
El propio Enrique Lucas comunicó su abstención para no participar en la votación, mientras la magistrada Martínez de Careaga no se abstuvo finalmente.
Los vocales Enrique Lucas, Roser Bach, Ángeles Carmona y Vicente Guilarte participaron en la reunión telemáticamente, mientras que el resto lo hicieron en la sede del CGPJ de la calle Marqués de la Ensenada de Madrid, frente al Tribunal Supremo.
Noticia en ampliación