«La PAC (Política Agraria Común) más complicada». Esta es la conclusión a la que llegaron hace meses los agricultores y ganaderos que, desde el 1 de enero y hasta 2027, se encuentran bajo el paraguas de un sistema cuya última reforma no acaba de convencer en las explotaciones españolas. «No es justa ni social y acelerará el proceso de desaparición de las pequeñas y medianas explotaciones del campo español y europeo»; «La agricultura para ser profesional y productiva tiene que ser libre, y nunca lo ha sido menos que ahora y peor nos lo van a poner, con una PAC nueva que nace vieja y que habría que tirar a la basura»; critican desde COAG (Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos) y ASAJA (Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores).
Dos de las principales organizaciones profesionales del país han cargado durante la previa a la entrada en vigor de la PAC 2023-2027 «un entramado de burocracia cada vez más complejo», como calificaba Asaja, en consonancia con lo transmitido por COAG: «Nos podemos encontrar con más costes, mayor burocracia y con los mismos o menores apoyos sin que quede resuelto un problema principal y vital que es la renta de los agricultores».
Una de las aristas que mas altera al campo son las novedades en materia medioambiental para el ciclo ya en vigor y durante los próximos cuatro años. Según apunta Asaja, se trata de una PAC que preocupa seriamente a agricultores y ganaderos «por el endurecimiento de la condicionalidad verde, en un contexto de costes de producción por las nubes, especialmente la electricidad, el gas, los fertilizantes, los plásticos y de mercados internacionales inestables como consecuencia de la invasión de Ucrania y también por los efectos de la sequía». La organización clama contra una PAC que considera perjudicial «para los intereses de la agricultura y la ganadería profesional» que ha sido orquestada «de espaldas al campo».
COAG ha descrito la nueva PAC como «un verdeo de escaparate que no atajará el proceso de uberización del campo español y europeo» y destacan su defensa a la sostenibilidad ambiental «pero unida a la económica y social». «La nueva arquitectura verde, en un marco de desregulación de mercados y una mayor volatilidad de los precios, cae como una pesada losa sobre el modelo social y profesional agrario, aumentando los costes de producción y la consiguiente pérdida de rentas en el sector y agravando aún más la competencia desleal de terceros países», apuntan.
Novedades de la PAC 2023-2027
El paquete legislativo de la PAC cuenta con ocho nuevos reales decretos, de los cuales seis regulan cuestiones ligadas directamente con la gestión de las ayudas establecidas en el plan estratégico, mientras que los otros dos (nutrición sostenible de suelos y uso sostenible de fitosanitarios) son de carácter regulatorio de la actividad agraria, de forma que, si bien no afectan a las ayudas de la PAC, sí contribuyen directamente a los objetivos establecidos en el plan estratégico.
Entre las restricciones que se avecinan para la agricultura productiva está el 50% de reducción de uso de Tratamientos fitosanitarios; el 50% de reducción de antimicrobianos en la producción animal (cabe recordar que los antibióticos están ya prohibidos salvo para prevención y tratamiento de enfermedades); el 20% de Reducción de fertilizantes; el 10% obligatorio de tierra improductiva; o el mínimo obligatorio del 25% de agricultura ecológica. Asaja considera que «estas limitaciones se han fijado con un único interés ideológico y sin ninguna base científica».
Una de las medidas más llamativas es la de los eco regímenes, unas prácticas voluntarias medioambientales que suponen una remuneración extra para el dueño de la explotación. Cualquier agricultor o ganadero se puede acoger a ellas para cobrar una cantidad que se suma a la de su pagoredistributivo. Hay siete tipos de eco regímenes: dos destinados a ganadería, tres a cultivos (secano y regadío) y dos a cultivos leñosos. Cada agricultor decide en base a su explotación a cuál debe acogerse. Cada profesional solo puede acogerse a uno; aunque cumpla dos ecoregímenes solo puede cobrar por uno. No es obligatorio acogerse a eco regímenes, pero la cuantía de ayuda por pago redistributivo queda mermada de no hacerla, además de no optar a ese extra.
COAG concluye que «la condicionalidad reforzada, que liga el 40% del presupuesto de la PAC a la lucha frente al cambio climático y al cuidado del medio ambiente, o la condicionalidad social y los eco regímenes, no son instrumentos suficientes para de mayor sostenibilidad social y medioambiental».