La reforma de la ley del sí es sí regresa al primer plano ahora que afronta su fase central de tramitación. Y vuelve a visualizar el enfrentamiento entre el PSOE y Podemos. Los morados finalmente presentan este lunes, cuando concluye el plazo en el registro del Congreso, sus propias enmiendas a la proposición de ley socialista para desmontar el eje que la vertebra, la introducción de la violencia o la intimidación para corregir la imposición de penas más bajas en las agresiones sexuales. Su propuesta va «en la misma línea» que la registrada el pasado jueves por ERC y Bildu, en una evidente coordinación de estrategias.
La ministra de Igualdad, Irene Montero, adelantó en La hora de La 1, de Televisión Española, que el grupo de Unidas Podemos presentaría las enmiendas en la Cámara baja, cuyo contenido luego explicó en declaraciones a los medios la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell. Porque «pese a intentar hasta el último momento llegar a un acuerdo [con el PSOE]», justificó, «es necesario mejorar la aplicación de la ley pero no retroceder ni degradar el sistema del consentimiento».
«Es básico llegar a este equilibrio y así lo han entendido también las fuerzas que sostienen la mayoría progresista y feminista. No hace falta ese retroceso que pretende el PP para mejorar la aplicación de la ley en los tribunales. Trabajamos por las mujeres y la infancia víctimas de violencias machistas», concluyó Rosell.
Montero ya había anticipado que las enmiendas de Unidas Podemos caminan en la «misma línea» que las de ERC y Bildu registradas el Jueves Santo, aunque cada propuesta vaya por separado «desde la autonomía de cada organización».
El objetivo compartido, señaló la ministra en TVE, es que el consentimiento de la víctima continúe en el «centro» del Código Penal, argumento que rebate por completo el PSOE, que señala que no se ha borrado ese eje de la ley del sí es sí. La diferencia radica en que mientras que los socialistas, en su texto, incorporan la violencia, intimidación o anulación de la voluntad de la víctima como un subtipo —es decir, siempre que concurran automáticamente las penas serían más altas—, en la propuesta de Podemos, ERC y Bildu la violencia es introducida como una circunstancia agravante. A esa formulación los socialistas se oponen porque entienden que con ello no se garantiza que las condenas se endurezcan.
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