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Sánchez cierra con vivienda y ‘sí es sí’ todas las carpetas legislativas conflictivas para acelerar al 28-M

Un mes ya para las elecciones autonómicas y municipales. Un mes únicamente. Y Pedro Sánchez y el PSOE llegan a la última meta volante con el grueso de la agenda legislativa ya completada. El Gobierno llega al último tramo de la carrera electoral liberado de polémicas, una vez cerrada la ley de vivienda —a la que solo le queda ya el trámite en el Senado, que previsiblemente se culminará en la tercera semana de mayo— y liquidada la reforma de la ley del sí es sí. El presidente y su Ejecutivo ya pueden pisar el acelerador hacia las urnas. El Parlamento pasará a un segundo plano, y pasado el 28-M, apenas tendrá actividad unas semanas más, porque a mediados de octubre, como máximo, las Cortes habrán de disolverse para la convocatoria de las generales en diciembre.

La votación de vivienda reproduce la mayoría progresista en la que se ha apoyado el Ejecutivo, pero de la que quedan fuera el PNV y el PDeCAT. Los nacionalistas vascos amagan con un recurso

Este jueves, un aire de victoria (y de alivio) inundaba la Cámara baja. El pleno aprobó, por una mayoría sólida —176 votos a favor, 167 en contra y una abstención— el dictamen del proyecto de ley de vivienda, posible gracias al acuerdo del Ejecutivo con ERC y Bildu trenzado hace dos semanas. El texto, uno de los ejes fundamentales de la legislatura, una de las leyes que daban sentido al bipartito, veía la luz tras años de tensiones dentro de la coalición, de largas negociaciones, de parones. «Tres años muy duros» de tira y afloja entre PSOE y Podemos, como reiteraba este jueves la ministra Ione Belarra, jefa de los morados, para alumbrar una norma que supone un «avance social sin precedentes», en sus palabras, o un «cambio de paradigma«, por boca de Sánchez.

La votación reprodujo la mayoría progresista en la que se ha apoyado el Ejecutivo en esta legislativa, pero de la que quedaron fuera PNV y PDeCAT. Los nacionalistas vascos, socios preferentes para los socialistas, se reafirmaron en su no inicial después de que la semana pasada, en comisión, apostaran por la abstención para dar margen a la negociación. El portavoz del PNV, Aitor Esteban, en una rueda de prensa conjunta con el PDeCAT y —aquí la novedad— con Junts, amagó incluso con un posible recurso ante el Tribunal Constitucional por invasión competencial, que presentaría, en su caso, el Gobierno vasco.

La ley por el derecho a la vivienda, la primera de carácter estatal que desarrolla un derecho que la Constitución reconoce en su artículo 47, implicará, ha repetido en los últimos días el presidente, la puesta en marcha del quinto pilar del Estado del bienestar —tras sanidad, educación, pensiones y dependencia—.

La norma permitirá imponer topes al alquiler en las zonas que se declaren tensionadas, limitará las actualizaciones de las rentas de arrendamiento o subirá hasta el 40% el porcentaje de reserva de suelo para vivienda protegida en las nuevas promociones, o estimulará fiscalmente el alquiler de vivienda habitual a precios asequibles. Para la derecha, la ley solo beneficia a los okupas, al mejorar la regulación de los desahucios en situaciones acreditadas de vulnerabilidad y cuando el propietario sea un gran tenedor. Al final, no se llegó ni a registrar ni a votar la enmienda sobre limitación de los pisos turísticos que Podemos propuso esta semana: no tenía los apoyos suficientes y el PSOE la rechazó por el choque con las competencias de comunidades y ayuntamientos.

Un «punto de no retorno»

En el pleno, intervinieron dos ministras para celebrar la aprobación de la ley, la impulsora de la misma, Raquel Sánchez, titular de Transportes —espera que la norma sea un «punto de no retorno»—, y la propia Belarra —con ella «pierden la banca y los fondos buitres»—, pero fue muy significativo que al final de la mañana, y antes de la votación del dictamen, llegara al Congreso el propio presidente. Algo que no estaba previsto en su agenda. Pero la ley es un pilar de estos casi cuatro años de legislatura y, además se ha convertido en una poderosa arma de campaña del 28-M para el PSOE a la que no piensa renunciar. En el patio de la Cámara baja, y al finalizar la sesión, el jefe del Ejecutivo recalcó que con la norma y con los instrumentos de lo que esta se toda, más «todo el impulso» que el Gobierno va a dar a la promoción de vivienda pública, la vivienda dejará de ser «un bien de lujo» para ser uno de «primera necesidad». Sobre todo para los jóvenes, puntualizó, un colectivo que su partido persigue recuperar. De ahí también que el acento se haya puesto en estas semanas también en el combate contra la iniciativa para legalizar regadíos en Doñana promovida por PP y Vox en Andalucía.

En el partido y en la Moncloa resaltan una cifra: las más de 200 iniciativas legislativas aprobadas en lo que va de legislatura

Sánchez quiere hacer bandera de la ley de vivienda, pero ha pasado más de puntillas por la reforma del sí es sí, el texto legal que quizá ha abierto la crisis más profunda en el seno de la coalición. Este pasado miércoles, 26 de abril, el Senado aprobó definitivamente la modificación, de nuevo de la mano del PP. La Moncloa considera que este capítulo ya está amortizado y que el desgaste que sufría el partido —y que inquietaba profundamente en los territorios y a sus candidatos— se frenó una vez que se presentó la propuesta para endurecer las penas en los casos en los que concurran violencia o intimidación de la víctima, redacción que fue la que terminó aprobándose con el rechazo absoluto de los morados, de ERC y Bildu, para quienes la reforma supone una «vuelta al Código Penal de La Manada». La fractura interna en la coalición, sin embargo, no ha desencadenado la ruptura del Gobierno. Ni está encima de la mesa. No, desde luego, antes del 28-M.

Porque ahora los dos socios están concentrados en la venta de su gestión. Y ahora podrán dedicarse a pleno rendimiento. «Con la aprobación de la ley de vivienda, se demuestra el compromiso del PSOE por cumplir la agenda legislativa y el programa con el que nos presentamos a las elecciones, y cómo el diálogo se impone por el bien de la ciudadanía por encima de todo, pese al apocalipsis buscado del PP, que les está convirtiendo en la nada», subrayan desde el Grupo Socialista a este diario. Tanto en el partido como en la Moncloa resaltan una cifra: las más de 200 iniciativas legislativas aprobadas en lo que va de legislatura. Un volumen que ponen como prueba de que, pese a todas las dificultades, el Gobierno no ha parado en este tiempo, impulsando reformas profundas en distintos campos, y que ha conseguido trenzar acuerdos con todos los grupos. La derecha, sin embargo, le recrimina que sus muletas parlamentarias hayan sido, sobre todo, ERC y Bildu.

A partir de ahora, en este mes por delante hasta el 28-M, la actividad de Congreso y Senado —con la salvedad de la aprobación de la ley de vivienda por la Cámara alta—, pasará a ser «subterránea«, como ironizan en la dirección del grupo. El partido quiere evitar la polémica y, sobre todo, zambullirse en negociaciones parlamentarias cada vez más complicadas por la cercanía de las urnas. Pero es que además, «desde el punto de vista legislativo, ya está todo armado«, arguyen fuentes gubernamentales. Quedan reformas aún, pero ninguna será tan atribulada, se espera, como el sí es sí o vivienda.

El PSOE, satisfecho con la movilización del partido

Un ejemplo es la ley de familias, otra norma emblema para Podemos y para Belarra, que ya está en el Congreso. La tramitación de la abolición de la prostitución, texto de enorme simbolismo para el PSOE, está por ahora paralizada, y solo después de las elecciones se estudiará si se reactiva o no. En Ferraz creen que ya no sería conveniente, porque tras el 28-M los partidos seguirán en campaña, ya enfilados hacia las generales, y porque los socialistas tendrían que apoyarse de nuevo en el PP, con quien coinciden en el objetivo. Relanzar el texto, pues, supondría reabrir las costuras de la coalición en una materia, los derechos de las mujeres y el feminismo, que se ha probado inflamable, y Sánchez quiere presentar su bipartito como garantía de «estabilidad política». Pero, como todos reconocen en la cúpula, la última decisión «le compete solo a él».

El Ejecutivo también quiere usar a su favor los datos económicos positivos, como los de la EPA o el compromiso de déficit para 2024 conocidos este jueves

Por el presidente pasa absolutamente todo. Todo. Pero primero, indican en la dirección, ha de superarse la barrera del 28-M, que el partido encara con prudente optimismo. En Ferraz y en los territorios defienden que las sensaciones son buenas, «brutales» incluso, que no se percibe rechazo ni se anticipa hundimiento. Su termómetro, más allá de las encuestas, son también los mítines —255 programados esta semana en toda España—, en los que los espacios se llenan de simpatizantes y militantes. El partido es consciente, eso sí, de que buena parte de los gobiernos autonómicos y municipales se decidirán por muy pocos votos. La batalla con el PP será ajustadísima.

Y, para intentar desequilibrar la balanza, Sánchez intentará utilizar a su favor el poder que le confiere dirigir la Moncloa. Primero, los datos económicos positivos, como los de empleo proporcionados por la EPA o el compromiso con Bruselas de que el déficit baje al 3% en 2024, adelantado por Hacienda este jueves. Pero además el Gobierno tiene previsto llenar mayo de anuncios de impacto martes tras martes, Consejo de Ministros tras Consejo de Ministros. Antes del 28-M se aprobará la transferencia a la empresa pública SEPES de terrenos propiedad de Defensa en los que se edificarán 20.000 nuevas viviendas, anunciadas por el presidente el martes y que, sumadas a las proyectadas y a las avanzadas en las últimas semanas, dan un total de 183.000.

Los precios de los alimentos «siguen siendo altos»

Pero si queda una medida clave y de calado aún por sacar del horno es, sin duda, una ayuda para mitigar la subida de la cesta de la compra (la subida es del 16,5%, si se compara con un año atrás). El presidente ya preparó el terreno el pasado martes en la Cámara alta, al admitir que los precios de los alimentos «siguen siendo altos», y que se están viendo «exacerbados» por la emergencia climática y la sequía. También el endurecimiento de la política monetaria «ha hecho que las hipotecas de muchas familias se hayan encarecido drásticamente en estos últimos». Cesta de la compra e hipotecas son dos de los temas en los que más insiste Podemos. «El Gobierno no ha bajado la guardia ni la va a bajar durante estos meses», prometió Sánchez.

Quedan aún leyes importantes, como la ley de familias, de Belarra, o la duda de qué hará el presidente con la abolición de la prostitución, simbólica para el PSOE pero que abriría otra brecha con los morados

Fuentes del Gobierno reconocían este jueves que se está estudiando cómo aliviar la subida de los alimentos. La salida de la tarjeta monedero que se está desplegando en la Comunitat Valenciana, impulsada por el president Ximo Puig —una ayuda de 90 euros, dirigida a los 500.000 valencianos cuya unidad de convivencia no supere una renta anual de 21.000 euros—, no acaba de convencer a Hacienda. No gusta por la complejidad de ponerla en marcha en todo el país, sin que se discrimine a ningún pequeño comercio. El Ejecutivo tiene esa vía descartada, pero seguirá de cerca la implantación del bono cesta de la compra. En cualquier caso, el mensaje de la Moncloa es que continuará «protegiendo a la mayoría social«, justo para reforzar su mensaje de que el PP, en cambio, solo se preocupa por una «minoría» privilegiada.

Más medidas para contener la inflación tendrían una aplicación más inmediata y palpable. Cosa que, lógicamente, no puede ocurrir con la ley de vivienda, cuyo despliegue, una vez aprobada definitivamente, será más lento y, desde luego, no homogéneo. Sánchez ha venido subrayando en los últimos días que todas las comunidades, incluidas las del PP, deberán aplicarla. Es cierto que hay medidas que son comunes a toda España, y de obligado cumplimiento —la reserva de vivienda protegida, la limitación de las subidas del alquiler, o que los honorarios de las agencia los pague el propietario—, pero otras solo las implantarán las autonomías que quieran. La declaración de zonas tensionadas, y la regulación especial que se da en estas áreas, depende de los gobiernos regionales, porque eso sí es su competencia.

En el Ejecutivo prometen ser «respetuosos» con el poder de las CCAA. Y confían en que se perciba el contraste entre aquellas que hacen uso de los instrumentos que les suministra la ley y las que no tiren de ellos. En el ala socialista creen incluso que se producirá un cierto efecto arrastre: que la presión de los ciudadanos al final hará que las autonomías más contrarias (las del PP, pero también el PNV, que cogobierna con los socialistas en Euskadi) acaben desplegando la ley.

El Gobierno se adentra en una nueva fase. Con las Cámaras algo más en segundo plano y focalizado en la acción ejecutiva y de explicación de su gestión. Aprovechando la iniciativa que confiere el poder para intentar tomar impulso hacia el 28-M.

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