El Juzgado de Instrucción 29 de Barcelona investiga al médico del rey emérito Juan Carlos I Manuel Sánchez como presunto autor de un delito contra Hacienda así como a su esposa y al empresario mexicano Allen de Jesús Sanginés-Krause, que ya salió a la luz en la investigación de la Fiscalía al emérito por regalarle viajes y dinero en efectivo.
La investigación parte de una querella de la Fiscalía, a la que ha tenido acceso Europa Press, que se dirige contra el médico como presunto autor del delito y contra su esposa y Allen Sanginés-Krause, amigo de Juan Carlos I, como presuntos colaboradores.
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha detallado que recibió la querella en marzo y que dos de los tres investigados ya han declarado ante el juez que instruye el caso.
La querella atribuye el presunto fraude a las declaraciones del IRPF de Sánchez en 2016, 2017 y 2018, y el fiscal cree que las rentas reflejadas en esas declaraciones son «solo una mínima parte de las que realmente percibió» durante esos tres años.
Afirma que el médico «ocultó en los sucesivos ejercicios la obtención de rentas» equivalentes a 500.000 euros en 2016, 500.000 euros más en 2017 y otros 300.000 euros en 2018, que eran retribuciones relacionadas con su trabajo como médico de prestigio.
«Estragegia defraudatoria»
La acusación pública sostiene que Sánchez usó una «estrategia defraudatoria que consistió en camuflar las rentas como ampliaciones de capital» de la empresa que gestiona su clínica -de la que era socio único y que administraba su esposa- suscritas por la empresa de Sanginés-Krause.
La compañía detrás de la clínica médica se constituyó en 2014 con un capital social de 3.010 euros que aportó su esposa, pero en 2016 ella vendió todas las participaciones a Sánchez, que pasó entonces a ser socio único de la empresa.
El escrito de acusación señala que el mismo día que la mujer vendió sus participaciones, la empresa recibió 245.000 euros de la compañía de Sanginés-Krause, «operación que no se amparó en ningún contrato escrito».
El fiscal remarca que esas ampliaciones de capital no fueron reales sino simuladas y considera que para el presunto fraude fue «imprescindible la colaboración» de la esposa del médico y de Sanginés-Krause.