Habrá un «escudo de protección» ambicioso, pero sus contornos aún no están perfilados. Y queda tiempo para que alcancen definición. Es lo que asegura la Moncloa acerca del tercer paquete anticrisis de respuesta a la guerra de Ucrania, que ayudará a «familias, empresas, trabajadores y estudiantes» y en el que ya está trabajando. Aunque no es ese el frente que más atosiga al Gobierno, porque por delante tiene otros como el coleo de la polémica de la ley del solo sí es sí, que se resiste a reformar pese a que hay voces en el PSOE y en el propio Ejecutivo que empujan a que se acometa.
De hecho, la intención es «no mezclar debates«. Primero, que se resuelvan todos los conflictos que empantanan la acción del Gabinete, dicen en Ferraz, y luego ya rematar la negociación del tercer decreto contra la crisis. O sea, primero dar salida al atasco de leyes pendientes que generan fricción dentro de la coalición —Ley Trans, de bienestar animal, de familias, de vivienda, mordaza…— para acabar con un nuevo pack de medidas cuyo anuncio, en la última semana de diciembre, se reservará probablemente el propio presidente del Gobierno. Un síntoma más de que Pedro Sánchez quiere ver despejado de obstáculos, en la medida de lo posible, el intenso año electoral que tiene por delante, y encabezarlo con una nueva tanda de decisiones económicas que afectarán a los colectivos más vulnerables y a las clases medias. «El tercer paquete nos debe servir de munición electoral«, resumen en la cúpula federal del partido. El primer reto serán las municipales y autonómicas del 28 de mayo, en las que el PSOE se juega todo su poder territorial. Las generales vendrán a finales de año si no hay adelanto.
El tercer paquete nos debe servir de munición electoral», sostienen en Ferraz, donde señalan que «no se mezclarán debates»
Y es que en la Moncloa apuntan a los sondeos —el último, el de 40dB para El País y la SER, publicado este 5 de diciembre— como la prueba de que los ciudadanos sí agradecen y aprueban las medidas desplegadas por el Ejecutivo. Medidas «extraordinariamente positivas«, señaló tras el Consejo de Ministros la portavoz del Gabinete, Isabel Rodríguez, para «quienes iban dirigidas», desde los colectivos más tocados por la crisis, a los trabajadores, los estudiantes o las familias. «Positivas», en fin, para «la inmensa mayoría de la sociedad española», que han permitido, dijo, que el IPC caiga cuatro puntos desde el verano, del 10,8% de julio al 6,8% de noviembre, y que han hecho que España sea el país de la zona euro con la inflación más baja el mes pasado, según Eurostat (6,6%).
La ministra recordó que hay una medida ya segura para todo 2023, anunciada y con dotación presupuestaria: la gratuidad de los abonos de transporte por tren de Cercanías, Rodalies y Media Distancia y para los autobuses de largo recorrido de la red de concesiones del Estado. Una iniciativa «útil«, añadió, también para fomentar el uso del transporte público y concienciar de la lucha contra el cambio climático. El Gobierno «analiza en estos momentos» qué medidas incluir en el próximo decreto anticrisis. Rodríguez fue muy enfática a la hora de trasladar un mensaje de «tranquilidad» a la ciudadanía, porque el actual paquete estará vigente hasta el 31 de diciembre y el Ejecutivo garantiza que el nuevo plan entrará en vigor el 1 de enero. El Gabinete, pues, adoptará las «decisiones oportunas para este escudo de protección».
«No hay nada cerrado»
No se sabe aún si las medidas que se pongan en marcha el próximo mes estarán operativas por seis meses o bien por todo un año —como la gratuidad de los abonos de transporte—, y si se prorrogarán, en consecuencia, iniciativas como la bonificación de 20 céntimos por libro de carburante que se aplica desde el pasado 1 de abril, o la congelación de los alquileres. En la Moncloa mantienen un total hermetismo. «Estamos trabajando. No hay nada cerrado», subraya un ministro concernido en las negociaciones. Bruselas y el Fondo Monetario Internacional (FMI) no son partidarios de las ayudas generalizadas a toda la población y piden centrar los esfuerzos en los colectivos más tocados por la crisis. La vicepresidenta primera, Nadia Calviño, ya fue preparando el terreno para limitar las subvenciones al combustible solo a ciertos sectores. Fuentes de Hacienda, no obstante, no cerraban este lunes la puerta a que las ayudas a la gasolina se mantengan como están, por la dificultad de que las estaciones de servicio discriminen por renta, o bien se introduzcan cambios para hacerlas más específicas. La primera opción casa con el mensaje que desde el verano recalca Sánchez y su equipo: que el Gobierno también sale al rescate de las «clases medias» y no solo de aquellos más vulnerables.
Unidas Podemos no ha avanzado sus peticiones, aunque Díaz sí ha dado un anticipo: que se extienda la limitación a la subida de los alquileres al 2%
Rodríguez hizo hincapié en que el Ejecutivo «ha sabido adaptar» su respuesta a las necesidades de cada momento: articuló los ERTE con la pandemia, luego rebajó los precios de la energía, luego combatió la inflación con dos decretos anticrisis… Es decir, que el Ejecutivo de coalición «no ha fallado» hasta la fecha, se ha hecho cargo de la situación y se ha situado «al lado de las familias», así que ahora proporcionará «la respuesta que el país necesita». Y gracias a esas medidas, que se han probado «útiles», se ha aguantado el empleo y se ha reducido la inflación. Se ha ayudado asimismo al sector agroalimentario, remachó, sin concretar si en este tercer plan se incluirán medidas para mitigar el aumento de la cesta de la compra a las familias.
Para que pueda ver la luz un nuevo decreto, debe de cuajar el pacto interno, en la coalición. En el equipo de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, no quieren dar detalles de la negociación, pero sí se remiten al anticipo que ella misma dio el pasado viernes, cuando afirmó, tras reunirse en el ministerio con las asociaciones y colectivos de inquilinos, que comparte su reclamación de prorrogar la limitación de la subida del precio de los alquileres al 2%, en vigor desde el pasado abril.
«Lo que está claro es que seguimos vigilantes respecto a la evolución de la economía con las repercusiones de la guerra, y estamos en ayudar a la gente y no vamos a fallar a la gente. El PP, con sus votos en Congreso y Senado, ya ha demostrado para quién gobernaría: banca y eléctricas», resumen en Ferraz.
En cualquier caso, el Gobierno no quiere pinchar el globo antes de tiempo. Esta semana a medio gas tendrá como principales hitos el Día de la Constitución, este martes, y el final de plazo para presentar las enmiendas parciales a la proposición de ley de reforma de la sedición, momento en el que ERC podrá presentar su propuesta de modificación del delito de malversación, lo que obligará al Ejecutivo, ahora sí, a pronunciarse definitivamente. Sánchez ya sabe que la iniciativa no gustaría a su partido. Después sucederán dos semanas frenéticas de reuniones de ponencia y comisión y de plenos para finiquitar la agenda legislativa de este año: Presupuestos, Ley Trans, sedición y bienestar animal, y habrá que ver si llega el acuerdo en dos leyes muy bloqueadas, vivienda y mordaza.
La ley de familias volvió a quedar parada y no se aprobó en el Consejo: el margen temporal se va estrechando
El anteproyecto de ley de familias, otro texto señero para Podemos, no salió este lunes del Consejo de Ministros por pegas técnicas y no está claro si llegará a tiempo de la próxima reunión del Gabinete. No es un detalle menor: el proyecto de ley que no comience a tramitarse ya tiene muchas opciones de decaer porque apenas queda un año de legislatura y mucho menos a efectos parlamentarios, por los meses inhábiles —enero, julio y agosto—, la disolución de las Cortes —máximo en octubre— y la sucesión de campañas y contiendas electorales.
«Una ley integral» que va más allá del Código Penal
¿Y la ley del solo sí es sí? Sánchez ha primado la cohesión de su coalición y ha alejado la posibilidad de reformar el texto, opción a la que se niega tajantemente la ministra de Igualdad, Irene Montero, y su partido. Este lunes, la portavoz insistió una y otra vez en las bondades de la norma, «absolutamente protectora» de las mujeres y que «va más allá de la reforma penal». «Es una ley integral», defendió Rodríguez, que aborda la protección de las mujeres desde distintos ángulos: la educación, la formación, la asistencia personalizada a la víctima, los recursos públicos…
Estamos viendo qué está sucediendo y si es posible una unificación de doctrina para ver las consecuencias de la misma»
ISABEL RODRÍGUEZ, PORTAVOZ DEL GOBIERNO
En los últimos días han vuelto a escucharse en el PSOE reflexiones acerca de la necesidad de cambiar el texto. La más taxativa, la del expresidente Felipe González, pero también apostaban por la reforma, si es necesaria, el jefe del Ejecutivo valenciano, Ximo Puig, o la ministra de Defensa, Margarita Robles. La portavoz defendió la posición ya conocida: hay que esperar a que se conozca la sentencia del caso Arandina del Supremo (por ahora, solo se ha adelantado el fallo) para a partir de ella decidir qué hacer.
No obstante, Rodríguez sí dejó una mínima puerta abierta a la modificación legal: «En estos momentos, estamos viendo qué está sucediendo y si es posible una unificación de doctrina para ver las consecuencias de la misma». El matiz se hallaba en esa condicional, en «si es posible» unificar la doctrina. Y es que el Supremo ya ha advertido que la aplicación de la ley del sí es sí en beneficio del condenado ha de analizarse caso por caso, por lo que hará falta esperar más sentencias. Entretanto, el Gobierno espera que también vayan aflorando los «beneficios» de la norma.
En la Moncloa sienten que caminan ahora sobre terreno más seguro a la luz de las últimas encuestas, que reflejan el estado de ánimo de la población incluso en las semanas más convulsas para el Gobierno, cuando se conocieron las primeras rebajas de pena y excarcelaciones por el sí es sí y Sánchez puso en marcha la supresión de la sedición. Consideran que el Ejecutivo no está sufriendo desgaste, y apuntan al barómetro de 40dB: el PSOE se sitúa en el 27,8%, por el 28,1% del PP, cuyo crecimiento, tras el ascenso de Alberto Núñez Feijóo, se ha visto ralentizado desde el verano.
En el equipo del presidente creen por eso necesario cerrar todas las polémicas este 2022 para empezar con nuevos aires 2023. De ahí que sea capital el nuevo paquete anticrisis. Y Sánchez podría solemnizar ese punto de inflexión con una comparecencia en la Moncloa tras el último Consejo de Ministros del año, previsto para el 27 de diciembre.