Laura Borràs afronta este viernes la primera sesión del juicio contra ella y otras dos personas por el presunto fraccionamiento de contratos al frente de la Institución de las Letras Catalanas (ILC). Con una petición de pena de 6 años de prisión, la líder de Junts llega al juicio sin apoyos políticos más allá de su núcleo duro de JxCat y con la amenaza de una confesión de su ex colaborador, Isaías Herrero, pactada con la Fiscalía.
Horas antes de iniciarse el juicio, Borràs anunciaba en Twitter una «retirada temporal» de la vida pública para «concentrarse en la defensa de su inocencia». En el mensaje apunta que se enfrenta a un proceso judicial que «siempre ha tenido un objetivo muy claro y a la vista de los últimos movimientos de la Fiscalía cada vez es más evidente para todo el mundo».
En juego, más allá del futuro de la propia Borràs, el liderazgo del partido fundado por Carles Puigdemont, la campaña de Xavier Trias a la alcaldía de Barcelona o la presidencia, todavía suspendida, del Parlament. Ni ERC ni la CUP acompañarán a Borràs a las puertas del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), como se hizo en su momento con Artur Mas, Quim Torra, o la anterior Mesa del Parlament.
Ni ERC, ni Trias
Tampoco Trias, el hombre llamado a reflotar las menguantes expectativas del partido con una victoria en las elecciones municipales en Barcelona. Probablemente no sea el único miembro del sector más posibilista de Junts que se ahorre la fotografía «por motivos de agenda». Aunque el portavoz del partido, Josep Rius, aseguraba este jueves que «el grueso del partido» acompañará a Borràs, empezando por su secretario general, Jordi Turull.
Aunque ella y su partido insisten en que el suyo es un «caso claro de lawfare» para perseguir al independentismo. Y Junts ha organizado hasta seis autobuses de simpatizantes dispuestos a acompañar a la líder independentista hasta las puertas del juzgado.
La líder de Junts se enfrenta a 6 años de prisión, 21 de inhabilitación y 144.000 euros de multa. La misma pena que afronta Herrero, el informático beneficiario de los contratos troceados desde el ILC. Herrero fue el adjudicatario de trabajos por valor de 335.700 euros a dedo entre 2013 y 2017 en 18 contratos del Institut.
Ahora, sin embargo, el informático que ya había colaborado previamente con Borràs en su paso por el grupo Hermeneia y la Universidad de Barcelona, busca un acuerdo con la Fiscalía para reconocer los hechos e inculpar a la ex consejera y presidenta del Parlament, según avanzó El País. A cambio, obtendría una rebaja de la pena que evitar su ingreso en prisión. Herrero tiene una condena anterior a cinco años de cárcel por tráfico de drogas.
La defensa
Ante un eventual acuerdo con la Fiscalía, el abogado de Borràs, Gonzalo Boye, ha pedido intervenir en último lugar en la presentación de las cuestiones previas, presumiblemente para rebatir la confesión de Herrero. Aunque la línea proncipal de la defensa será intentar anular los correos electrónicos intercambiados entre Borràs y Herrero que constituyen la columna vertebral de la acusación.
En esos correos, interceptados cuando Herrero era investigado por una causa de narcotráfico, la ex presidenta del Parlament explica a sus colaborador cómo «hacer trapis» para burlar la obligación de un concurso público por la creación y mantenimiento de la web del Instituto de las Letras Catalanas.
La acusación
Las fiscales Assumpta Pujol y Teresa Duerto explican en su escrito que «actuando de mutuo acuerdo y con unidad de propósito» Borràs y Herrero pactaron la retribución por esos servicios, que se harían a través de contratación administrativa. Y que lo harían «fraccionando indebidamente en diferentes contratos menores» esos trabajos.
«De manera recurrent», la líder de Junts otorgó 18 contractes a Herrero, «directamente o indirectamente a través de otras persones físicas o jurídicas interpuestas». Los dos acusados acordaron que en cada uno de los expedientes aportarían tres presupuestos a nombre de diferentes proveedores, dos de los cuales no eran ofertas reales sino propuestas «coparsa» elaboradas «falazmente» por Herrero o el otro imputado, Andreu Pujol.
La idea era «simular que la adjudicación se hacía al mejor licitador» y «encubrir que el adjudicatario real de todos» los contratos era Herrero.