La ley del solo sí es sí, la que sitúa el consentimiento de la mujer como eje de las relaciones sexuales, se está convirtiendo de nuevo en otra fuente de conflicto para el Gobierno y para los socios de coalición. E incluso en un motivo de tensión añadida en el espacio de Unidas Podemos, entre el partido morado y Yolanda Díaz. Los socialistas, aunque intentan evitar el choque, apuntan hacia una posible revisión de la norma en caso de que haya que tapar sus lagunas jurídicas y rechazan de plano las descalificaciones de Irene Montero y de su equipo a los jueces. «Ataques» que fueron reprobados de inmediato por el Consejo General del Poder Judicial y hasta por la progresista Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD). La ministra sí encontró el respaldo de su partido y de su compañera de Gabinete Ione Belarra, no así de la vicepresidenta segunda, más alineada con las tesis del presidente, Pedro Sánchez.
La Moncloa todavía no ha tomado una decisión final sobre qué camino tomar ahora que se va conociendo un goteo de rebajas de condenas a agresores sexuales en aplicación de la nueva Ley Orgánica de Garantía de la Integridad Sexual, que entró en vigor hace poco más de un mes. La ministra de Hacienda y vicesecretaria general de los socialistas, María Jesús Montero, sí apuntaba el martes con claridad a una posible modificación de la ley, a la que Igualdad se sigue negando radicalmente porque entiende que no hay un problema de redacción de la norma, sino de la «aplicación» que de ella están haciendo jueces «machistas«.
Vamos a ver qué es lo que nos dicen los tribunales, a que unifiquen el criterio y la doctrina, y a partir de ahí, tendremos que ver qué pasos dar»
PEDRO SÁNCHEZ, PRESIDENTE DEL GOBIERNO
Este miércoles, y desde Bali (Indonesia), al término de la Cumbre del G20, Sánchez intentaba «contemporizar» con los dos partidos de su Ejecutivo, tal y como leían fuentes de su núcleo duro. Es decir, quiso añadir mas ruido e ir a la colisión directa con Podemos. De un lado, evitaba las críticas a la ley, una «importante conquista feminista», y a la vez desautorizaba los reproches de Irene Montero a los jueces. De otro, no hablaba de revisar o modificar el texto legal, sino de esperar a que los tribunales y la Fiscalía «unifiquen doctrina» para a partir de ahí estudiar qué «pasos» dar. No se cerraba a ningún escenario, pero evitaba anticiparlos. Adoptaba, resumía un mando de su sanedrín, un papel «salomónico» para proteger a los dos socios de la coalición.
«Vamos a ver qué es lo que nos dicen los tribunales, a que unifiquen el criterio y la doctrina, y a partir de ahí, tendremos que ver qué pasos dar. Pero creo que el propósito, la intención, la finalidad de esta ley es clara, es el de proteger y dar más garantías a las mujeres frente a cualquier tipo de agresión sexual. Tanto es así que lo que hacemos es convertir cualquier tipo de delito sexual en agresión sexual», explicaba el presidente a los periodistas, instando a «dejar al Poder Judicial trabajar».
Cuando se le preguntó si compartía que el problema «son los jueces» que aplican la ley del sí es sí, como sostiene Igualdad, Sánchez respondió que «al contrario»: «Yo confío en los tribunales y desde luego estoy convencido de que tienen esa sensibilidad para con este tipo de delitos tan graves de agresión sexual».
Ha llegado el momento de estudiar de una manera sosegada y desde un punto de vista jurídico las posibles modificaciones que haya que hacer en esta ley»
pilar alegría, portavoz del psoe
El jefe del Ejecutivo fijó posición desde por la mañana —primera hora en España—, pero en su partido sí dieron un paso más explícito y en línea con lo afirmado el día anterior por la titular de Hacienda. Así lo hizo desde Valencia Pilar Alegría, ministra de Educación y portavoz del PSOE: «Creo que ha llegado también el momento de estudiar y valorar de una manera sosegada y desde un punto de vista jurídico las posibles modificaciones que haya que hacer en esta ley para responder claramente al objetivo, que es el cuidado y la protección clara y rotunda de la víctima». «Si hay que hacer algún cambio para evitar que se produzcan [rebajas de condenas] y para conseguir un respaldo mucho más sólido hacia las víctimas, habrá que abordarlo«, señaló Alegría, de manera nítida.
Los jueces «no están cumpliendo con la ley»
La ministra de Igualdad, en cambio, insistió en que no hay un problema en la ley, sino en los jueces que «no están cumpliendo con la ley» por «machismo«, por lo que además de confiar en la unificación de doctrina por parte de los tribunales y de la Fiscalía, como coincidió con Sánchez, hay que reforzar la formación de los operadores judiciales en perspectiva de género. Montero se apoyó en el informe del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW), que alertó de la pervivencia de los «estereotipos y el machismo» en el sistema judicial que puede comprometer su «imparcialidad» e «integridad» y que puede hacer que haya magistrados que «apliquen erróneamente la ley o la apliquen de forma defectuosa».
Para Irene Montero, los jueces «no están cumpliendo con la ley» al pervivir los «estereotipos y el machismo»
Las palabras de la titular de Igualdad fueron apuntaladas por la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Vicky Rosell, y la secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez, Pam. También por la ministra Ione Belarra y por dirigentes de Podemos. Pero la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, enfrentada al núcleo duro del partido morado, no compartió esas invectivas.
Las acusaciones de Igualdad irritaron profundamente a los jueces. La Comisión Permanente del CGPJ expresó en un comunicado su «más firme repulsa» a los «ataques vertidos» por la ministra y recalcó que los magistrados aplican de forma «estricta» una ley de cuyo impacto en la rebaja de las penas ya había advertido en su informe, aprobado por unanimidad, de febrero de 2021. En él constataba que el cuadro penológico del anteproyecto de ley suponía una «reducción del límite máximo de algunas penas y concluía que ‘la reducción de los límites máximos de las penas comportará la revisión de aquellas condenas en las que se hayan impuesto las penas máximas conforme a la legislación vigente’».
La ministra respondió por la noche en una entrevista en la SER que en segunda vuelta en el Gabinete se atendió la recomendación del CGPJ y, también por el «empeño» del extitular socialista de Justicia Juan Carlos Campo, no se redujeron los tipos máximos. Así que es un «bulo» que hubiera un aviso del Poder Judicial. «Nadie podía pensar que si se bajaban las condenas mínimas eso podía conllevar revisiones de las penas, porque existe jurisprudencia«, esgrimió. Subrayó que todos dieron por hecho que sucedería como en la reforma del Código Penal de 2015, tras la que la Fiscalía dictó una circular por la que indicaba que no se apoyasen reducciones de condenas ya impuestas siempre y cuando estuvieran dentro de la horquilla de penas que se establecía en la nueva regulación.
El CGPJ y las progresistas JJpD y UPF lanzan duros comunicados a la ministra contra sus «descalificaciones»
Y esta vez, siguió Montero, no se incorporó una disposición transitoria (como sí ocurrió en 2015) porque «ninguno de los cuatro ministerios coproponentes» del proyecto, ni los órganos consultivos, ni los grupos dieron la voz de alarma. Sí lo hizo, por ejemplo, ERC, como recordaba su diputada Pilar Vallugera, y no se asumieron sus enmiendas.
También la presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del CGPJ, Ángeles Carmona, apoyó el comunicado del órgano de gobierno de los jueces, y remarcó que desde 2019, cuando se estableció por ley la obligatoriedad de realizar un curso sobre perspectiva de género para acceder a la especialidad, han recibido esta formación un total de 1.467 jueces, y 307 han atendido cursos de violencia de género.
También la progresista JJpD
Igualdad también chocó con un duro comunicado de la asociación progresista Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD): consideró «desafortunadas» e «inapropiadas» las críticas de Igualdad. «La reforma de las penas con las que se castigan algunos delitos conlleva la necesidad de revisar sentencias por exigencia de principios constitucionales, tal y como el propio CGPJ ya advirtió», recalcó el colectivo, del que fue portavoz, precisamente, Vicky Rosell. En una línea similar, contra las «descalificaciones» no «admisibles» de Igualdad, salió la Unión Progresista de Fiscales (UPF).
En el PSOE afirman que ya advirtieron del riesgo de rebaja de penas. El partido empuja para un cambio de la ley
Dos ministros jueces, Margarita Robles y Fernando Grande-Marlaska, se desmarcaron tajantemente de las críticas de Irene Montero a la Justicia. Hay que «respetar las resoluciones judiciales», recordó el segundo.
En la cúpula socialista indicaban a este diario que ahora habrá que analizar escenarios, pero que quizá haya que revisar el articulado de la ley, y sin tardar demasiado, por la lluvia de casos que pueden seguir conociéndose en los siguientes días y semanas. «Si hay una laguna legal, y hay decenas de resoluciones que reducen las condenas, no habrá más remedio que modificar la norma», sentencia una ministra. En el PSOE también aseguran que ya advirtieron a Igualdad del riesgo de rebajas de penas y se sienten reforzados en su argumentación de que hay que pulir las normas para evitar problemas posteriores —aviso que lanzan, también, de cara a la Ley Trans—.
Fuentes oficiales socialistas se mantenían apegadas a las palabras del presidente, rehuyendo del choque frontal con los socios: primero, analizar las sentencias y esperar a la unificación de doctrina (que puede demorarse bastante tiempo), y después, ya se verá qué hacer, «sin presuponer nada». Pero distintos cargos del partido empujaban este miércoles a una pronta revisión de la ley.
«Si yo creyese que hay un error, sería la primera en reconocerlo», se defiende la ministra, que insiste en que nadie pensó que podrían rebajarse las penas
El más contundente, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page: instó a modificar el texto «cuanto antes mejor» y recomendó a Podemos «reconocer los errores«. Aunque la iniciativa tenía buena intención y persigue «proteger a las mujeres y combatir la violencia sexual», sostuvo, tiene que definirse, y «rematarse bien», informa Europa Press. También la consejera de Justicia de la Generalitat Valenciana (y exvocal del CGPJ), Gabriela Bravo, llamó a abrir una reflexión sobre la norma y recordó que «tanto el Consejo de Estado como el Consejo General del Poder Judicial alertaron de esta posible situación, es decir, que podía beneficiar a los violadores». La delegada del Gobierno en Asturias, Delia Losa, pidió «corregir inmediatamente» el «efecto perverso» del texto y Elena Valenciano, ex número dos del PSOE e histórica dirigente feminista, señaló que las «leyes técnicamente hay que hacerlas bien».
La posición socialista a favor de los cambios era clara. El propio Marlaska, aunque más prudente, no cerraba la puerta: primero, «doctrina clara» de Fiscalía y de los tribunales superiores para «poder actuar» y «si es necesario, en su caso, hacer las modificaciones oportunas«.
Díaz llama a la «prudencia»: «Tenemos que analizar el recorrido judicial para sacar las conclusiones más adecuadas»
Pero Irene Montero se niega. «Si yo creyese que hay un error, sería la primera en reconocerlo», dijo en la SER. En la entrevista en la radio insistía en que el problema radica en la «aplicación» de la norma, única y exclusivamente, y se aferró de nuevo al informa del CEDAW. Y remarcó que, frente a los casos de rebajas de penas hay un contraejemplo: las 54 solicitudes recibidas en La Rioja para reducir las condenas que, sin embargo, no se han atendido. «La redefinición del Código Penal ha sido revisada por multitud de organismos y ninguno vio que era posible rebajar las penas con la nueva arquitectura legal», reiteró, sin apearse de su argumentación y sin abrirse en ningún momento a modificaciones.
Díaz no salió públicamente a defender las palabras de Irene Montero. Ella misma llamó a ser «prudentes«. «El objetivo y el espíritu de esta ley siempre ha estado claro. Tenemos que analizar el recorrido judicial para sacar las conclusiones más adecuadas para cumplir con su objetivo: garantizar los derechos y las libertades de todas las mujeres», mantuvo en declaraciones a los medios. En la radio, la titular de Igualdad evitaba comentar nada sobre la cautela de la vicepresidenta segunda del Gobierno. Lo que le importan, apuntó, son las víctimas, y no la «erosión» política que pueda sufrir su ministerio.