La última parte de la reforma de las pensiones está alargándose más de lo esperado. A pesar de que el plazo pactado con la Comisión Europea terminó el pasado 31 de diciembre, el Ministerio de Seguridad Social continúa negociando las medidas que incluirá en el paquete. Y la razón es que, por primera vez, se trata de una negociación a tres bandas: con los agentes sociales -organizaciones de empresarios y sindicales más representativas-, con los partidos políticos con presencia en el Congreso y con la propia Bruselas.
Escrivá busca así evitar que suceda lo que pasó con la reforma de laboral, que después de un año de constantes reuniones entre Trabajo, UGT, CCOO, CEOE y Cepyme, que dieron como fruto un texto de consenso entre dichas partes, estuvo a punto de no salir adelante en el Congreso de los Diputados. Entonces, la reforma se salvó gracias a la equivocación al votar de un diputado del Partido Popular, pero de lo contrario no habría sido aprobada, puesto que no contaba con los apoyos necesarios.
Ahora, y según ha podido saber este periódico, su Ministerio está tanteando a sus habituales socios, sobre todo, Esquerra Republicana (ERC), el Partido Nacionalista Vasco (PNV) y EH-Bildu -los dos primeros votaron ‘no’ a la reforma laboral-. Eso sí, sin trasladarles propuestas concretas, sino más bien midiendo sus ánimos a la hora de ampliar el número de años que se tienen en cuenta para el cálculo de la pensión pública de jubilación y a la de aumentar la aportación que hacen a la Seguridad Social los sueldos más altos. Por el momento, la discreción ha sido máxima, sin que hayan trascendido ni las cifras que valora poner sobre la mesa el Ministerio ni tampoco la postura de estos grupos.
De su lado, Unidas Podemos sí que se ha mostrado crítico con la idea de que se amplíe el periodo de cómputo para la pensión, puesto que llevará a reducir las prestaciones de algunos trabajadores, como también ha puesto sobre la mesa el centro de estudios Fedea. «Es recortar derechos», ha asegurado en diferentes ocasiones la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. «Incluso eligiendo los mejores 28 años, aumentar el periodo del cómputo supondría una rebaja en determinadas carreras profesionales, una rebaja innecesaria», afirmó el portavoz del partido, Pablo Echenique.
Hay que recordar que Podemos ya se ha opuesto en anteriores ocasiones a iniciativas del Ministerio de Escrivá que después ha terminado apoyando, como en el caso de la reforma del sistema de cotización de los autónomos.
Por otro lado, y también de forma inédita, ahora Seguridad Social está negociando también en Bruselas la última parte de la reforma. En parte, por el retraso que ya viene acarreando, pero también por lo delicado de las medidas que comprende, algo que adelantó El País este fin de semana y ha confirmado el propio ministro este lunes. El Gobierno espera que el atraso no afecte al desembolso de los fondos europeos que van aparejados a los mencionados cambios en las pensiones, algo que la Comisión evaluará en primavera. Pero también quiere estar seguro de que los responsables verán con buenos ojos las medidas que se aprueben.
«Estamos trabajando en tres líneas y por tanto el tema tiene su complejidad: estamos trabajando con los agentes sociales, con la Comisión y con los partidos políticos para generar el mayor consenso posible entre las medidas», ha explicado el ministro este lunes en Bruselas, donde asistía a un encuentro con comisarios. «Tiene gran complejidad, estamos ya muy cerca del final y sí, yo tengo expectativas de que las próximas semanas podamos concluir este proceso», vaticinó, asegurando también que están «progresando mucho con la Comisión», sin entrar en más detalles.
Una exigencia de los sindicatos
UGT y CCOO fueron los primeros que exigieron al Gobierno que debía garantizarse los apoyos parlamentarios necesarios para que ellos se sentasen a negociar esta reforma. Que no trabajarían durante meses para que después la Cámara Baja rechazase el proyecto. En un principio, desde el Ejecutivo y algunos partidos esta posición se percibió como una injerencia del diálogo social en el proceso democrático habitual para la aprobación de las leyes, pero después se puso manos a la obra. Se producía así un «cambio metodológico».
«Estamos dispuestos a hablar de todo. Pero el alargamiento del período de cálculo no es una medida que el sindicato vaya a considerar, al menos, hasta que venga avalada por un consenso político que la haga viable. Y esa situación no se está dando», reiteró en diciembre el secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo, en un desayuno informativo con los medios. En el mismo sentido se pronunciaron desde UGT. Desde ambos sindicatos siempre han visto muy complicada esta reforma, especialmente al tratar cambios de gran magnitud y que perjudicarán a parte de la población a cuatro meses de las elecciones autonómicas y diez de las generales.
Las claves: ampliar el periodo de cómputo y la contribución de los sueldos más altos
Lo que Escrivá prometió a Bruselas el año pasado en el Plan de Recuperación, que la Comisión aceptó para desembolsar los fondos para la recuperación post crisis del coronavirus, eran dos medidas fundamentales: ampliar el número de años que se tienen en cuenta para calcular cada pensión para adaptarse así a las nuevas carreras profesionales, aunque sin concretar una cifra concreta, y subir la aportación que los sueldos más altos hacen a la Seguridad Social. Son las dos últimas patas de una gran reforma que ha incluido revalorizar las pensiones cada año con la inflación y que ahora necesita compensar ese aumento del gasto con un aumento de los ingresos.
Actualmente aquellos que ganan 4.000 euros al mes cotizan lo mismo a la Seguridad Social que quienes ganan más, ya sea el doble, el triple o diez veces más, y cambiarlo mejoraría los ingresos del sistema. Del otro lado, la idea es ampliar el periodo que se utiliza para calcular la pensión pública de los 25 años actuales hasta los 30, pero permitiendo descartar los dos peores años. Es algo que para el ministro mejoraría la equidad del sistema, porque provocaría que mejorasen las pensiones de los trabajadores con peores carreras profesionales, aunque empeorarían las de aquellos con prestaciones más altas. En conjunto, el Ministerio no ingresaría ni gastaría más que antes -tendría «efectos neutros»-, o así lo sostiene, afirmación de la que desconfían los negociadores.
Según fuentes presentes en las negociaciones, ahora mismo no hay más que algunos conceptos más bien genéricos encima de la mesa. No se han intercambiado borradores que desarrollen la letra pequeña de la ley, como sí sucedió el año pasado. Pero el principal escollo parece la oposición de los agentes sociales a los cambios: los sindicatos se niegan a aceptar ampliar los años calcular para la pensión, algo que los empresarios sí respaldan -no les afecta-, mientras que estos últimos se oponen a la subida de las cotizaciones más altas, medida que cae bien a las organizaciones sindicales.
De cara a desbloquear la negociación, hace unas semanas UGT propuso cambiar la exigencia de contar con 15 años cotizados para tener derecho a una pensión, pasando a los 12 años. Desde CCOO aseguran que respaldarían esta idea -incluso abogan por que sean 10 en lugar de 12-, pero también reconocen que esta idea constituiría una nueva negociación por sí misma, y descartan que el Gobierno valore entrar en estas cuestiones cuando busca cerrar la reforma en pocas semanas. Por el momento, no hay reuniones a la vista para cerrar la negociación.