El Gobierno no está consiguiendo que el ingreso mínimo vital, su prestación mensual dirigida a prevenir el riesgo de pobreza y exclusión social, llegue a todos los hogares que debería. Es algo que reconoce el Ministerio de Inclusión, responsable de la iniciativa: a pesar de que miles de familias cumplen los requisitos, no lo están solicitando, aunque no está muy claro qué razones hay detrás.
Sea por el miedo de ciertos colectivos a tratar con la Administración, a su dificultad para relacionarse con ella o a otras causas, lo cierto es que la prestación debería estar llegando a muchas más personas de las que la reciben hoy día, casi dos años y medio después de su creación -junio de 2020-. Entonces, se dijo que podría alcanzar los 850.000 hogares beneficiarios, donde viven unas 2,3 millones de personas.
Hoy día, el ingreso mínimo vital (IMV) lo reciben unos 510.000 hogares, donde residen unas 1,4 millones de personas, según los últimos datos de Inclusión. Ahora desde el Ministerio se muestran más conservadores, y esperan llegar a los 650.000 hogares, 140.000 más que en la actualidad, de aquí a finales del próximo año.
Para conseguirlo, el departamento de José Luis Escrivá ha puesto en marcha un autobús que recorrerá las principales ciudades de España durante los próximos meses para informar sobre la prestación. «Queremos llegar a todos aquellos posibles perceptores que aún no están recibiendo el IMV para que se animen a solicitarlo», ha afirmado el ministro.
El bus permanecerá dos días en cada ciudad, donde informará y asesorará sobre la prestación. Recorrerá España durante algo más de un mes y volverá a hacerlo entre mediados de enero y finales de marzo, alcanzando en total unas 40 localidades. Empezará este martes en Alcalá de Henares, y después se dirigirá a Fuenlabrada y Parla, todas en Madrid, para después seguir por el resto del país.
SMS a posibles receptores
La iniciativa forma parte de la campaña Es lo mínimo que pretende que «todas las situaciones de pobreza y exclusión se vean atendidas», aseguran desde el Ministerio. Además, están enviando SMS a potenciales percepciones, pidiendo a los ayuntamientos y sus servicios sociales certifiquen situaciones de vulnerabilidad que permitan recibir el IMV y autorizando a ONG a que también acrediten estas situaciones de pobreza.
Estas últimas, sin embargo, son medidas que ya se estaban tomando sin demasiado éxito. Fuentes del Ministerio ya reconocieron hace unas semanas que la campaña masiva de SMS no estaba siendo suficiente para conseguir que las familias más vulnerables que no reciben la prestación pero deberían, según el Gobierno, se acerquen a la Administración y se inscriban.
Un posible motivo tendría que ver con que muchos de estos hogares podrían estar realizando algunas actividades en la economía sumergida, y podrían temer a hacerse más visibles a ojos del Estado. Uno de los requisitos para recibir el ingreso mínimo vital es presentar la declaración de la renta, aunque no lleguen al importe mínimo por el que se exige hacerla.
El IMV aumentará si los perceptores trabajan
Por otro lado, para animar a los perceptores del IMV a incorporarse al mercado de trabajo y también para que trabajen más horas los que lo hacen a tiempo parcial, el Gobierno aprobó hace unas semanas ciertos cambios en la prestación. Con las novedades que entrarán en vigor en enero, en lugar de perder parte de la prestación si trabajan, ahora esta aumentará.
Hasta ahora, a una persona que vivía sola le correspondía un IMV de 5.900 euros anuales. Pero si empezaba a trabajar, perdía parte de la prestación, tanto como lo que hubiese ganado. Es decir, que si se incorporaba a un puesto de trabajo y a lo largo de un año ingresaba 1.000 euros, su IMV pasaba a ser de 4.900 euros.
Con los cambios, a los beneficiarios del IMV les compensará trabajar. El planteamiento es el siguiente: si un individuo que percibe el IMV encuentra un empleo o consigue aumentar sus ingresos de trabajo actuales -por ejemplo, incrementando las horas de su contrato-, su IMV también aumentará en la misma medida, hasta un límite.
Los beneficiarios del IMV, según Acción Contra el Hambre y Cruz Roja, son en gran parte personas con hijos, en situación de desahucio, que en multitud de ocasiones deben elegir entre pagar la luz o pagar la comida y en situación de exclusión social. En resumen, familias muy vulnerables.
Estas asociaciones han venido denunciando que la Administración ha denegado la prestación a la mitad de los solicitantes por no llegar al umbral de ingresos, y que muchas otras no han podido siquiera pedirlo. Datos de la Fundación Foessa (Fomento de Estudios Sociales y de Sociología Aplicada) del año pasado apuntaban que solo uno de cada cuatro hogares en pobreza severa habían podido hacer el trámite.