La justicia abre la puerta a que al menos 500 aspirantes a policía nacional que fueron apeados de las oposiciones convocadas en 2019 por la corrección errónea de cuatro palabras incluidas en el test de ortografía sean llamados al reconocimiento médico en la próxima promoción tras alcanzar con la nueva evaluación la nota de corte que se exigía entonces (6,20). De esta forma, los que siguen intentando conseguir plaza en el Cuerpo encararán la fase final del proceso selectivo sin tener que partir de cero.
La pasada primavera, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) dio la razón a los opositores que recurrieron la calificación como incorrectas de las voces ‘ciberataque’, ‘LGTBI’, ‘reditar’ y ‘preminente’, lo que conllevó que quien las hubiera señalado como válidas les restaran además cuatro aciertos. La consecuencia práctica de ese fallo era que, «en el inmediato proceso selectivo» que se convoque, tendrán que ser citados para el examen médico. Si lo superan pasarán a la entrevista personal y, de resultar apto, a los test psicotécnicos.
La misma Sección de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del alto tribunal madrileño da un paso más ahora y concluye que ha lugar a la extensión de efectos de la citada sentencia, de lo que se beneficiarán los aspirantes que no recurrieron ni en alzada ni ante los tribunales en un principio pese a encontrarse en la misma situación pero que tras el citado pronunciamiento solicitaron formalmente al TSJM que se les reconociera el derecho a que se le dieran por válidas las citadas grafías. Ello les permite alcanzar la puntuación mínima requerida en el test de ortografía en dicha convocatoria.
En sendos autos fechados los días 10 y 14 de noviembre, a los que ha tenido acceso El Independiente, la Sala resuelve favorablemente las primeras demandas de extensión de efectos. A partir de ahora irán cayendo en cascada en el mismo sentido, dado que ya ha fijado doctrina. Sólo el abogado Ángel Galindo ha presentado unas 500.
En su artículo 110.1, la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa establece que, en el caso del personal al servicio de la Administración, podrán ampliarse los efectos de una sentencia firme que hubiera reconocido una situación jurídica individualizada a favor de una o varias personas si se dan tres requisitos: que el interesado se encuentre en «idéntica situación», que el tribunal sentenciador sea competente «por razón del territorio» y que la solicitud de la extensión se formalice «en el plazo de un año» desde que se realizó la última notificación a los que fueron parte en el proceso.
Situación «idéntica»
A la luz de estos presupuestos, la clave era determinar si la situación de la persona que pide la extensión de efectos era no ya similar sino idéntica, como interpreta la jurisprudencia del Tribunal Supremo. En este caso, el solicitante aspiraba también a ingresar en la escala básica del Cuerpo Nacional de Policía como el beneficiado por la sentencia, hizo el «mismo ejercicio de ortografía y en el mismo proceso selectivo» y se le corrigieron de manera errónea los cuatro vocablos.
«La comparación de datos expuestos permite afirmar, sin temor al equívoco, la identidad de situaciones jurídicas comparadas, por lo que la extensión de efectos pretendida, en consecuencia, resulta completamente viable, pues la situación jurídica de la parte accionante es, ciertamente, idéntica a la de la parte recurrente que obtuvo el pronunciamiento favorable en la sentencia cuya extensión de efectos se pretende», razonan los magistrados por unanimidad.
La Policía se empeñó en considerar incorrectas cuatro palabras que la propia RAE decía que estaban bien escritas
En consecuencia, si tras la revisión el solicitante obtiene una nota igual o superior a 6,20 puntos tendrá que ser declarado ‘apto’, citándoles al reconocimiento médico a la vez que los opositores de la próxima convocatoria. Si no es excluido por razones médicas se le realizaría la entrevista personal y, en caso de superarla, podría presentarse al test psicotécnico (la última prueba).
De los dos solicitantes de la extensión de efectos, uno sigue siendo opositor y el otro logró plaza en el Cuerpo al año siguiente, por lo que tiene derecho ahora a que se le practique la correspondiente liquidación de haberes a fin de percibir lo que tendría que haber cobrado de haber sido designado policía «en el mismo momento» en que fueron nombrados los compañeros de la promoción en la que concurrió. A la cantidad resultante habrá que añadirle los intereses correspondientes, según fijó la sentencia.
En el informe de viabilidad enviado a la Sala, la Dirección General de la Policía no se opuso a la extensión solicitada, si bien llamó la atención sobre el hecho de que el peticionario no había recurrido en alzada ni en vía jurisdiccional el listado en el que aparecía como ‘no apto’ en la prueba de ortografía. En aplicación de la doctrina casacional, el TSJM ha dejado claro que ello «no obsta» a la extensión de efectos interesada.
«David venció a Goliat»
«Se van a poder corregir los abusos y arbitrariedades de la Administración gracias a los jueces», declara satisfecho el letrado Ángel Galindo, abogado de los demandantes. «Todo esto ha sido posible gracias al esfuerzo de decenas de jóvenes que formaron Justicia 36 [integrantes de la convocatoria de 2019] y que perdieron el miedo a recurrir. David venció a Goliat», opina.
Ha sido finalmente la justicia quien ha resuelto la controversia ante el empecinamiento mostrado por la Dirección General de la Policía, que ignoró el pronunciamiento por el que la Real Academia Española (RAE) consideró que las palabras ‘ciberataque’, ‘LGTBI’, ‘reditar’ y ‘preminente’ estaban correctamente escritas. «Sería un completo sinsentido, y en cuanto tal inadmisible, que consideráramos ‘palabras incorrectamente escritas’ las grafías/términos analizados cuando la Real Academia de la Lengua Española, máxima institución garante de establecer y difundir los criterios de propiedad y corrección en el uso de nuestra lengua común, ha señalado inequívocamente que tales grafías/términos eran ‘palabras correctamente escritas’, razón más que suficiente para que así deba considerarse», zanjó la sentencia.
Desde que Fernando Grande-Marlaska asumió el cargo, el Ministerio del Interior ha convocado un total de 12.446 puestos para acceder a la escala básica del Cuerpo Nacional. El desglose es el siguiente: 2.900 en 2018, 2.506 en 2019, 2.366 en 2020, 2.218 en 2021 y 2.456 en 2022. Los sindicatos policiales calculan que en torno al 10 % de las plazas que integran la plantilla de la Policía siguen vacantes, por lo que demandan convocatorias más ambiciosas para que no se vea comprometida la seguridad ciudadana.