El Gobierno no considera que esté recibiendo ninguna amonestación de Bruselas respecto al delito de malversación. Ni ve, por descontado, ninguna «enmienda a la totalidad» de la UE a la reforma que la Moncloa emprendió a finales del año pasado de la mano de ERC. Pedro Sánchez juzga que la propuesta de la Comisión Europea, conocida ayer miércoles, «coge a España con los deberes hechos«, porque ya hizo su labor de armonización del Código Penal.
Eran las palabras del jefe del Ejecutivo tras su reunión con el presidente de Colombia, Gustavo Petro, de visita de Estado en España. El encuentro de este jueves sirvió para fortalecer las relaciones bilaterales y para que Sánchez expresara a Petro, primer presidente de izquierdas de su país, su apoyo a las reformas que está emprendiendo y al diálogo del Gobierno colombiano con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) para conseguir lo que el presidente latinoamericano llama paz total.
Sánchez recuerda que los trabajos están en una fase «inicial» pero que es una buena noticia que se promueva la armonización en la UE
La Comisión Europea propuso este miércoles que los delitos de malversación en los Veintisiete sean castigados con una pena máxima de al menos cinco años de prisión, un castigo máximo que es superior a algunos tipos en el Código Penal que el Ejecutivo reformó a finales de 2022 de acuerdo con ERC con la pretensión de aliviar las penas a los líderes del procés. Reforma, que sin embargo, no ha tenido efectos en ellos, al menos por ahora, ni tampoco ha supuesto revisiones a la baja a los implicados en delitos de corrupción, efecto que había generado inquietud en el PSOE.
La reforma del Código Penal aprobada en diciembre, ya en vigor, contempla cárcel de uno a cuatro años para los casos en los que se destina patrimonio público a un fin distinto al inicialmente previsto. Esa era la modalidad que la Moncloa pensaba que se podía aplicar a los dirigentes del procés, aunque por ahora el Supremo ha optado por la fórmula agravada. Ahora, de aprobarse la propuesta de la Comisión Europea, a la que le queda un largo recorrido de tramitación, la pena máxima no podría ser menor a cinco años.
Sánchez, preguntado por los periodistas españoles, recordó que el planteamiento del Ejecutivo comunitaria se encuentra aún en una fase «inicial«. Pero «es una buena noticia«, señaló, que se armonice la legislación en toda la UE para luchar contra la corrupción. «A España le coge con los deberes hechos«, dijo, para subrayar que la reforma de finales de 2022 también introdujo en el Código Penal el delito de enriquecimiento ilícito, que todavía no está recogido en varias legislaciones europeas.
La respuesta del presidente va en línea con lo manifestado este jueves por la mañana en RNE por la vicesecretaria general del PSOE y titular de Hacienda. María Jesús Montero negó que la propuesta del Ejecutivo comunitario se trate de una desautorización de la reciente reforma española, «para nada». Es más, esa modificación del Código Penal hace que España acuda «en mejores condiciones» a ese debate, «más allá de cuáles sean las duraciones de las penas». La ministra defendió que es capital que la construcción del tipo penal «sea similar, sea homologable«, y la reforma del Gobierno de Sánchez «avanzó de manera consensuada» en ese sentido para igualarse con el resto de países europeos. Ella también insistió en que España llega al debate «con los deberes hechos» por la introducción del delito de enriquecimiento ilícito, «en sintonía» con lo que marca la UE.
Bruselas «se suma a derogar el sanchismo»
También la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, había desplegado la misma argumentación. Porque ese es el mensaje que quiere trasladar el Ejecutivo: que no hay reconvención ninguna y que España camina en línea con Bruselas. Sin embargo, para el PP, el Gobierno «miente». Con este paso, señaló la dos del partido, Cuca Gamarra, «Bruselas se suma a derogar el sanchismo y dice no a las rebajas de penas por corrupción aprobadas por el Gobierno y sus socios».
En una democracia se han de respetar las reglas y las instituciones públicas, con independencia del color de quien gobierne y del territorio», dice sobre Ayuso y el Dos de Mayo
El jefe del Ejecutivo también fue preguntado por el choque con Isabel Díaz Ayuso en los actos del Dos de Mayo, cuando la jefa de Protocolo de la Comunidad de Madrid impidió al titular de la Presidencia, Félix Bolaños, acceder a la tribuna de autoridades durante la parada militar.
Al presidente se le inquirió si la actuación del ministro contaba con su respaldo y si fue un error estratégico, pero él dio una respuesta genérica, evidenciando que el Gobierno quiere pasar página cuanto antes. Sánchez insistió en que en una democracia no se pueden olvidar «unas mínimas reglas de convivencia«. «En una democracia se han de respetar las reglas y las instituciones públicas, con independencia del color político de quien gobierne y del territorio, sea Madrid, Cataluña o España. Por ello lo relevante es siempre respetar las reglas porque quien no lo hace pierde toda razón«, mantuvo, como mensaje claro a Ayuso.