Tras conocerse el archivo de la denuncia de un grupo minoritario de exfranquiciados contra Restalia al no encontrar indicios de delito el magistrado del Juzgado de Instrucción número 52 de Madrid, Jesús de Jesús Sánchez, tal y como anticipó Servimedia, la compañía anuncia que «emprenderá las acciones de cualquier índole que consideren oportunas frente a la intencionada campaña de desprestigio que se ha llevado a cabo y de reclamación de los perjuicios que estas actuaciones han ocasionado».
Restalia insiste que «siempre ha mantenido que las informaciones vertidas sobre el procedimiento judicial faltaban gravemente a la verdad y que el único objetivo era dañar la imagen y reputación de una compañía comprometida de manera firme y constante con sus franquiciados».
El archivo del caso, continúa la compañía, «confirma que ni Restalia ni ninguno de sus directivos cometieron delito alguno, habiendo actuado siempre con plena sujeción a la ley», e insiste en que nunca llegaron a formar parte del proceso ni recibieron notificación alguna. Esto les puso en una situación de «absoluta indefensión mientras se publicaban noticias filtradas por los interesados sesgadas que han causado un daño muy relevante, no solo a Restalia, sino también a los cientos de franquiciados que mantienen sus negocios abiertos».
Restalia aprovecha para recordar su amplia trayectoria de más de 22 años ofreciendo «oportunidades de emprendimiento a través de una fórmula empresarial que funciona, como así lo demuestra la extensa red de locales que opera bajo sus cinco marcas, tanto a nivel nacional como internacional. El crecimiento de las enseñas del grupo desde su fundación ha sido sostenido, sorteando todas las crisis desde entonces, siendo actualmente la mayor compañía a nivel nacional de restauración organizada».
Expertos jurídicos estiman que las acciones legales podrían ser varias, desde querellarse por denuncia falsa, infracción de derecho al honor, intimidad y propia imagen, o acciones de competencia desleal pues los denunciantes tienen intereses en cadenas de la competencia, hasta vulneración del código deontológico de los abogados por fallar a la presunción de inocencia con claro objetivo de negocio y la búsqueda de clientes o la reclamación de los daños causados.