El Poder Judicial es uno de los más maltratados por este Gobierno que pretende, y lo ha hecho efectivo, utilizarlo para conseguir lo que ni la Comisión Europea ni el Grupo de Estados contra la corrupción, dependiente del Consejo de Europa ni la Convención de Venecia, ni en fin la opinión general admiten como una práctica admisible: que los órganos judiciales de un país tengan que tener el color del partido o de los partidos en el poder.
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